“Conseguir que te atiendan es una lotería”: seis meses para iniciar los trámites de solicitud de asilo

“En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”, este es el mensaje que reciben cada día los solicitantes de asilo que tratan de iniciar sus trámites. Los que, en otras comunidades como Madrid o Cataluña, lo hacen a través de una llamada, pasan horas y horas frente a un teléfono que siempre está “comunicando”. Tardan, de media, entre cuatro y seis meses en conseguir una cita que, de acuerdo a la legislación, no debería demorarse más allá de un par de semanas.

Víctor es una de estas personas. Tiene 22 años, es de Venezuela y lleva algo más de dos meses en España. Llegó junto a su novia, tras haber huido de su país. Entró en el Ejército a los 17 años, pero desertó junto a otros compañeros porque su vida corría peligro. Si vuelve, asegura, se enfrenta a la cárcel “o algo peor”. Primero viajaron a Perú y a Colombia, hasta que en octubre aterrizaron en Madrid. Estuvieron cuatro días en la calle “pasando frío”, junto a otra familia con una niña: “El SAMUR venía todas las noches, nos cogía registro, pero nos dejaban allí y la familia tenía miedo a que le quitaran la hija”. La Iglesia de San Carlos Borromeo de Entrevías les ofreció lugar donde vivir y empadronarse para poder empezar a llamar a la oficina de Asilo y Refugio.

“De siete de la mañana a siete de la tarde no paramos de llamar. Sólo cuelgo a la hora de comer para preguntar por mi madre, que está enferma y no puede pagarse una operación”, cuenta a este medio desde el centro social, en el que vive junto a otras 18 personas en su misma situación. Ninguna ha conseguido en meses que alguien descuelgue al otro lado del teléfono: “No le he contado nada de esto a mi familia. No quiero preocuparles y me gustaría mandarles dinero cuanto antes”. Víctor quiere empezar a trabajar y matricularse en una universidad -se está planteando hacer una ingeniería-, pero no puede hacerlo legalmente y conoce a mucha gente “a la que explotan o le pagan lo que les da la gana”.

Son miles las personas que van a pasar estas navidades sin saber qué será de sus vidas, sujetas a un proceso que acumula retrasos desde 2018, cuando aumentó el número de llegadas procedentes de Latinoamérica. Desde Abogados Extranjeristas en Red han elaborado un nuevo protocolo para tratar de desbloquear esta situación. “Los dos teléfonos habilitados no funcionan, pero no lo hacen de forma absoluta. Es decir, en Valencia, a lo mejor, los miércoles salen 30 plazas que se agotan en menos de media hora, pero ya con eso no podemos poner una querella criminal”, explica a infoLibre Paco Solans, miembro de la asociación y abogado experto en derecho de Extranjería.

“Hemos ido a la ley y hemos visto dos salidas: acudir a los tribunales contra la policía por la vía de la pasividad a la hora de dar citas, o entender que existe una imposibilidad física de conseguirlas. En este caso se podría hacer a través de representantes. Ahora lo estamos difundiendo entre compañeros y asociaciones para poder ponerlo en marcha”, añade.

De acuerdo a los datos provisionales del Ministerio de Interior, a 30 de noviembre en España se habían presentado 152.250 solicitudes de asilo. A falta de terminar el año, superan a las 119.240 que se recibieron el año pasado, y eso que 2022 ya fue un año de récord, en el que las solicitudes se dispararon en un 82%. Esas cifras dejan fuera a todo aquel que no consigue iniciar el proceso. “Ante el aumento de solicitudes de Protección internacional registrado este año, es cierto que en ocasiones se producen episodios de saturación del sistema telefónico, pero son ocasionales y la Oficina de Asilo y Refugio trabaja ya para solucionarlo a la mayor brevedad posible”, aseguran a infoLibre fuentes de Interior.

Ninoska fue una de las afortunadas que apenas tuvo que esperar unos pocos meses. Llegó a España en 2019 y, por aquel momento, no había ni emails, ni teléfonos, pero sí largas colas, día tras día, frente a las oficinas. “Tuve la suerte de que, en la pandemia, empezó a llegar menos gente. Me fui a Aluche a las cinco de la mañana y ese mismo día conseguí una cita. Ahora tengo conocidos que tardan más de un año en completar todo el proceso. Al final lo que hacen es pagar a alguien” cuenta a este medio: “Es una especie de cadena de ‘la amiga de una amiga’ que lo consiguió a través de este Whatsapp.”

Cuando consiguen cita en las oficinas de asilo y refugio, les dan la conocida como “hoja blanca”, con la que reciben un NIE y ya no pueden ser expulsados hasta conocer la resolución de su solicitud. Hasta ese momento, no cuentan con ningún tipo de protección. Además, Solans denuncia que con el sistema telefónico no consta en ningún lugar que se haya realizado el intento de iniciar el proceso: “En algunos casos sí conseguimos demostrar que ha habido esa voluntad y, aun así, nos hemos encontrado con personas internadas a la espera de ser expulsadas”.

Julia Morales es abogada especialista en  Extranjería, Género y Protección Internacional en  la ONG Creando Huellas: “Intento ayudarles en el proceso, aunque no podemos hacer milagros, antes las ONG grandes tenían un pequeño cupo de citas, pero desde el año pasado no. En casos muy graves, cuando llevan más de un año esperando a iniciar los trámites, les recomiendo que se planten en ACNUR y presionen todo lo posible. Alguna vez funciona, igual que escribir al defensor del pueblo”. La abogada cuenta que varias participantes del programa han conseguido que descuelguen su llamada utilizando la aplicación de móvil Autoradial, pero que “no está al alcance de todo el mundo, porque se necesita un teléfono sin más Apps que puedan interferir con notificaciones”, ya que lo que hace es llamar continuamente hasta que alguien lo coge.

“Con esos retrasos se alarga una situación compleja. Pueden ser detenidos y expulsados. No pueden viajar, trabajar, acceder a ayudas… Sus derechos están limitadísimos”, añade el abogado.  Un refugiado puede acceder a la nacionalidad española al cabo de cinco años de residencia, pero todo este periodo que, entre conseguir las citas, las demoras en las resoluciones, posibles recursos… puede durar años, no cuenta en su totalidad. Tampoco podrá empezar a solicitar un permiso de reunificación familiar.

Morales explica a este medio que la desprotección es diferente en cada territorio: “En Andalucía, de donde soy yo, puedes acceder a la Sanidad sólo con residir allí, pero en Madrid, en estos momentos, es necesaria la ‘hoja blanca’ o llevar tres meses empadronado en alguna casa. La mayoría vive en pisos subarrendados y lo que hacen es comprar empadronamientos falsos. Luego les llegan notificaciones a direcciones en las que no viven y no se enteran de las resoluciones”. Una de las menores que vive en la Iglesia de Entrevías, que llegó desde Perú hace unos meses con sus padres, sufre un problema en la piel. “Me da pena porque le salen ampollas, le escuece mucho. Todavía le queda el tratamiento que compraron allí, pero tiene que esperar dos meses más para pedir una cita según nos explicaron la semana pasada en Urgencias”, cuenta Víctor.

El sistema es muy complejo y deja fuera a las personas más vulnerables, que sufren una fuerte brecha digital o tienen algún tipo de problema de compresión. “Ayer llegó a nuestra sede un chico un poco despistado con una hoja del Ministerio en el que aparecía el nombre de una asociación cercana a nuestra sede. Tenía una discapacidad y se le estaba acabando la medicación”, cuenta Morales. Esa hoja era un documento que se daba el año pasado como “manifiesto de solicitud”. No incluye un  NIE y simplemente sirve para evitar deportaciones. Con él se dieron citas con una media de espera de hasta un año y pico. “Estaba solo en la puerta y, en esos momentos, te desesperas pensando en cómo poder ayudarle”, concluye.

Como explicaba Ninoska, muchos extranjeros acaban acudiendo a servicios de pago en los que les aseguran conseguir una cita para Asilo o Extranjería en menos de 24 horas. Sólo con un vistazo rápido a un par de grupos de Facebook es fácil encontrar estos anuncios. Son casi una decena las personas que, abiertamente, aseguran tener cinco o seis citas en diferentes provincias. Otros dicen ser abogados expertos en la ley de Extranjería que cobran por “acelerar” un proceso que debería ser gratuito.

En estos mismos grupos los usuarios alertan de algunas estafas. “Esta persona se hace pasar por un migrante que también está solicitando cita, pero al final es una mafia”, comenta una de las usuarias. Otro comparte varios pantallazos y denuncian haber perdido más de cien euros. No siempre son estafas, también hay personas que se ofrecen a pasar horas delante del teléfono por un precio de unos 150-200 euros para quienes carecen de ese tiempo o no cuentan con el dispositivo necesario. Víctor también conoce a algunos “intermediarios”, pero no se fía: “A mí me han dicho que son unos 700 euros en total, que van pasando por varias manos y alguno se lo puede quedar.

“Actualmente es una lotería conseguir cita. En este contexto hay gente que las tiene, no se sabe muy bien cómo, y las vende. Se supone que por eso se estableció el servicio telefónico, pero no está resultando. Otra cosa son quienes cobran por tirarse todo el día haciendo llamadas, pero claro, como nada de esto se hace legalmente, es fácil que se produzcan estafas” explica Solans.

“Son personas muy vulnerables a todo tipo de abusos y pasar meses en situación irregular lo agrava”, comenta Morales. Ella se encarga también de gestiones en la solicitud de permisos y ayudas, o mediando con empresarios que no les pagan lo que les deben, les despiden sin motivo aparente, o les mantiene en “b” cuando ya han conseguido el NIE: “Ellos creen que tienen que pagar por todo, ya sea un empadronamiento o cualquier gestión, para hacerte una idea, ellos ven normal mandar su CV a un número de teléfono rarísimo. Esto ha generado un mercado paralelo muy grande”. También recuerda casos en los que, algunos migrantes han oído rumores de que se tarda menos en Melilla y han cogido aviones para ir hasta allí:”luego tienen que mover todo el expediente para evitar viajar a cada trámite”.

Mirando el histórico de datos es fácil hacerse una idea del aumento de demandas que se han producido desde el inicio de siglo. Entre 2012 y 2015 apenas se recibieron 27.900 solicitudes. Entre 2015 y 2018 ya eran 104.033 y, entre 2019 y 2022, ese número llegó a las 391.994, a pesar de la pandemia.

El principal país de origen de las solicitudes es Venezuela, seguido de Colombia y Perú. La gran mayoría de ellas se realizan desde territorio nacional, lo que incrementa aún más el colapso. A todo ello hay que sumarle otra cuestión: España es el tercer país que más solicitudes deniega en la Unión Europea, sólo por detrás de Malta y Chipre. El año pasado un 60% de ellas fueron negativas. Colombianos, marroquíes y peruanos son los que mayores cifras de rechazo reciben.

“Se realiza un análisis general para ir más rápido. Miran el país y luego estudian el caso, por eso se dan permisos a venezolanos, incluso cuando son de clase alta y no han tenido problemas serios, pero se los deniegan a colombianos que vienen, incluso, con fotografías de familiares muertos, demostrando que huyen de persecuciones y violencia”, lamenta Morales.

En el lado contrario, se encuentran nacionalidades como la ucraniana, a la que se le concede un 100% de los estatus pedidos, ya que huyen de un conflicto armado y, en su momento, se estableció un servicio de urgencia por el que se podían sortear estas listas de espera. “Una de las pruebas evidentes de que hay diferencia de trato fue esta. En el momento de mayor crisis, el reconocimiento del estatuto de desplazado se podía conseguir en días y, en ese caso, el teléfono sí te atendía y te daba cita a semana vista. Es el ejemplo de que se puede hacer bien”, concluye Solans.