Se han hecho ajustes, pero el escudo social del Gobierno se prorrogará durante 2024. Dentro del mismo hay un paquete de medidas tributarias que, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, suponen rebajas en impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante el próximo año. En el ámbito de la energía, se mantiene la rebaja fiscal sobre el IVA de la luz que consumen los hogares, si bien se pasará del tipo del 5% actual al 10% sobre todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad, muy lejos aún del 21% de antes de la crisis energética. Dicha medida abarcará todo el año 2024. En el caso de la factura del gas se aplicará el mismo gravamen del 10% y estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo del próximo año. Será igual para pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción. Hay otros dos impuestos relacionados con la electricidad: el especial, pasará del 2,5% en el primer trimestre del año al 3,8% en el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía, en torno al cual se impulsará una recuperación gradual del mismo, tras el descenso de los precios. Estas iniciativas, según el Ejecutivo, permitirán una reducción significativa de la factura de productos energéticos de los hogares, en particular durante el periodo invernal, lo que se compaginará con la “normalización de los precios de mercado”.
Respecto al IVA de los alimentos, como adelantó y ha confirmado el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se extenderá la rebaja impositiva implantada en 2023 hasta el 30 de junio de 2024. Los considerados productos de primera necesidad como el pan, las harinas panificables, la leche, los quesos, los huevos y frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos o cereales, conservarán el 0%. Las pastas y los aceites de oliva y semillas también seguirán con el IVA reducido del 5% como ya ocurría hasta ahora. Las carnes y pescados no estarán incluidos en las rebajas.
Lo contemplado en el Real decreto ley al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros implica además estirar hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos. Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades. Junto a lo anterior, hay que señalar la prórroga en la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.
Permanecerán, asimismo, los incentivos y beneficios fiscales desplegados en los últimos años para los autónomos, que podrán aplicar el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica. Esto evitará un incremento en sus obligaciones, al extenderse durante 2024 los límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva. También aquí habrá excepciones: las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, dado que ya dispones de un límite cuantitativo por volumen de ingresos específico. Lo mismo ocurrirá con el IVA, al prorrogarse el próximo ejercicio los límites para la aplicación del régimen simplificado y del especial de la agricultura, ganadería y pesca.
Más allá de lo expuesto, se alargarán los impuestos extraordinarios fijados para las entidades bancarias y las energéticas, con una modificación normativa para que, a partir del 1 de enero, se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde. Habrá un compromiso de revisión en el 2024 como figura de carácter permanente. Aquí ha estado uno de los escollos de las negociaciones entre PSOE y Sumar. Los de la formación que dirige Yolanda Díaz no comparten la excepción de las entidades que “invierten en verde”, ya que, a su juicio, “siguen teniendo unos beneficios brutales”, aunque fuentes de la formación se muestran satisfechas de que se hagan “permanentes para el resto”, dado que el PSOE, dicen, “no lo veía”. Ambos gravámenes han aportado este año 3.000 millones a las arcas públicas, destinadas según Hacienda a “reforzar el Estado de bienestar”. Son 500 más que el ahorro tributario cuantificado para el nuevo Real decreto ley.
Según el Ministerio de Hacienda que capitanea María Jesús Montero, los sucesivos Reales decreto ley aprobados por el Gobierno, han supuesto un ahorro de más de 25.000 millones tanto para la ciudadanía como para las empresas y han contribuido a la favorable evolución de la economía y de los precios en 2023.
Más allá de lo detallado, Sánchez ha explicado que seguirá siendo gratis el transporte de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales de autobús para los usuarios habituales, así como el descuento en Avant. A ello se engarza que el Estado no retirará su aportación del 30% de la tarifa de billetes urbanos e interurbanos a las comunidades, siempre que éstas aporten al menos el 20% para alcanzar un descuento mínimo del 50%.
Como ya había avanzado EH Bildu, se suspenderán los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional durante todo 2024. Además, se prolongará durante el primer semestre del año el máximo descuento del bono social para familias vulnerables, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano; y se estirarán las iniciativas de apoyo a la industria, esto es, la reducción al 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y flexibilidad en el cambios de contratos de suministro eléctrico.
El máximo dirigente del Ejecutivo se ha mostrado especialmente orgulloso con la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%, conforme al IPC. y por la supresión de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanillas bancarias para personas mayores y con discapacidad.
El escudo social reformulado contendrá, de otro lado, la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable, así como la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellas autonomías que lo soliciten.
Una vez sabido que se iba a convivir con lo hecho, pero con retoques, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha exigido sostener el 5% el IVA de la luz y el gas, y extender la bajada del IVA a alimentos frescos como la carne, el pescado y las conservas para apoyar en el Congreso el decreto anticrisis del Ejecutivo. Dicho de otro modo, los populares condicionan su voto afirmativo a que se acepten esos requisitos en el paquete anticrisis que se deberá convalidar en enero en el Pleno del Congreso. El pasado mes de julio, sí que dieron su voto favorable a la convalidación de la normativa anterior en la Cámara Baja.
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