El Gobierno ultima la extensión del escudo social para preservar la protección a los vulnerables

La huella que ha dejado el llamado escudo social ha sido positiva. Así lo cree el Gobierno de coalición que conforman PSOE y Sumar y que ultima una prórroga parcial del mismo que se aprueba este miércoles en Consejo de Ministros para seguir batallando contra los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania y antes de que caduque el actual el 31 de diciembre. Negocian el nuevo diseño las vicepresidentas María Jesús Montero, Teresa Ribera, Nadia Calviño y Yolanda Díaz y todo parece indicar que lo harán hasta poco antes de comenzar la reunión ministerial.

Hay acuerdo en mantener las medidas referentes al ámbito laboral, en que las empresas que hayan recibido ayudas directas o por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y que despidan alegando causas como el alza de los costes energéticos estén obligadas a reintegrar los incentivos recibidos. Se extenderá en el tiempo, asimismo, la imposibilidad de suspender los suministros básicos y se ampliarán los descuentos correspondientes al bono social eléctrico, según trasladan del lado de Sumar. En concreto este último se estiró a aquellos consumidores titulares cuya renta anual de la unidad de convivencia fuera igual o inferior a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, esto es 16.800 euros, y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas, 12.600 euros. En la actualidad el descuento varía entre el 65% y el 80%, dependiendo de la situación de vulnerabilidad de las familias.

En la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables que no tienen otra opción habitacional también hay consenso. De hecho, EH Bildu se ha atribuido ya el haber logrado que el Ejecutivo incluya en el Real decreto ley la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta el año 2025. Y no es la única medida que se ha pactado con la formación abertzale, ésta ya informó la semana pasada de que se había llegado a un pacto para la prohibición de los cortes de suministros básicos, luz, agua y gas, y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.

Se sabe además, porque así lo anunció el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que seguirá en vigor la disminución del IVA de los alimentos básicos. Productos de primera necesidad como el pan, los huevos, la fruta y las verduras ya tienen un tipo del 0%, mientras que el del aceite y las pastas alimenticias se ha rebajado hasta el 5%. Habrá dos excepciones: la carne y el pescado. Y es probable que permanezca también un tope máximo al precio de la bombona de butano. Sánchez adelantó además una subida del bono de 250 euros para el alquiler de los jóvenes y a esto hay que añadir que ya se ha elevado en casi 8.000 euros hasta los 38.000 el umbral de renta a partir del cual las familias se pueden beneficiar de los mecanismos de alivio ante las crecidas de tipos de las hipotecas.

Con todo, todavía hay flecos en la negociación entre los dos partidos que integran el Ejecutivo acerca de lo que se incluirá en el próximo Real decreto ley que, en teoría, se aplicará hasta junio de 2024. Los principales escollos pasan por dos asuntos: discrepancias en torno al abono transporte y el gravamen a las energéticas. En relación al primero, Sumar empuja por que se revalide la fórmula en la que el Estado pone el 30% de la reducción y las comunidades el 20%, hasta llegar al 50%. El PSOE quiere que sea gratuito para jóvenes y parados. Las dos medidas se podrían hacer compatibles, junto a la conservación de la gratuidad de los trenes de Renfe en Cercanías y Media Distancia, que supondrá 660 millones de euros. Fuentes implicadas en ese diálogo consideran “probable” que “sí decaiga” la bonificación al combustible de transportistas y agricultores, fijada ahora en cinco céntimos por litro de carburante, ante la moderación de los precios y dado que tiene un coste de alrededor de 1.600 millones de euros.

Respecto al gravamen a las energéticas, según algunas fuentes, el “PSOE quiere recortarlo y Sumar no lo ve”. Una frase que se desliza de forma habitual siempre que hay que acordar en materia económica entre ambas formaciones. El impuesto a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas forman parte del pacto que sellaron ambos partidos para revalidar el poder, aunque se pueden readaptar. Si bien no tocaría revisarlos aún. El impuesto que se cobre en 2024 se hará sobre la cifra de negocio de 2023 y este año han caído los precios respecto a 2022, pero siguen estando muy altos todavía en relación a antes de la pandemia. Del lado de Sumar señalan que “estas empresas siguen teniendo beneficios extraordinarios, llovidos del bolsillo del consumidor, y que son consecuencia de una guerra”.

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran desconocer si finalmente “habrá referencia o cambios en ambos impuestos, el de las eléctricas y el de la banca”, en el futuro Real Decreto ley, si bien recuerdan que el gravamen sobre las energéticas y sobre la banca sigue en vigor y “son dos figuras que han contribuido a que nuestro sistema tributario sea más justo y se garantice que aquéllos que más ganan” sean los que más proporcionan para el “sostenimiento de los servicios públicos”. Ambos gravámenes aportan 3.000 millones anuales que se destinan a reforzar el Estado de bienestar. Fuentes de Hacienda aseveran que su intención es “actualizar y revisar el impuesto energético para garantizar y ayudar a que las empresas reinviertan sus beneficios para la transformación energética”.

En el caso del impuesto a la banca, confirman que “en este momento no está prevista su modificación”, en línea con lo indicado desde Sumar. En cualquier caso, afirman llevar a cabo “una evaluación y análisis permanente” para garantizar que “nuestro sistema fiscal esté en sintonía con el contexto y las necesidades económicas”.

Con el próximo decreto, el Gobierno habrá armado nueve paquetes de medidas para combatir los efectos de la crisis de precios. Sobre todo desde el PSOE ponen el acento en que la continuidad de las iniciativas de protección habrá que hacerla compatible con la aplicación de las reglas fiscales de la UE aprobadas recientemente en un contexto de previsible ralentización de la economía, incrustada en un entorno europeo desacelerado, que además comienza a exigir la retirada de “estímulos extraordinarios”, en palabras de Montero. Con todo, en el Ejecutivo confían en el buen comportamiento del empleo y en que las elevaciones de las pensiones y los salarios permitan mantener al alza recaudaciones de impuestos como el IRPF de cara al ejercicio que viene.

La inflación se está moderando, pero todavía hay una brecha importante entre costes a pagar y salarios y los debates en el seno del Gobierno giran en torno a cuál es “el mejor mix de políticas económicas” para no provocar un repunte de los precios, pero ir poco a poco retirando apoyos. Uno de los éxitos del equipo gubernamental de coalición ha sido el conseguir una caída de los precios adelantada con respecto a Europa. “La subida de tipos no ha servido para nada, más allá de para que se enriquecieran más los bancos a costa de subirle las hipotecas a los hogares. Esto ha sido compensado por una política fiscal expansiva que ha generado empleo, que ha subido el salario mínimo y ha elevado las ayudas a los hogares. De ese modo, lo que se le ha quitado a éstos por un lado, en parte la creación de empleo y las políticas fiscales expansivas lo han compensado por otro”, resumen las fuentes consultadas.

El escudo social ha ayudado a navegar en una situación económica compleja y ha contribuido a reducir la desigualdad y el riesgo de pobreza. Algunas instituciones como el Banco de España abogan por retirarlo ya y en el caso de que volvieran a ser necesarias iniciativas para luchar contra la inflación, que sean “mucho más focalizadas”. Pero, si suprimir las ayudas demasiado tarde puede provocar una escalada inflacionista, hacerlo demasiado pronto puede dejar atrás a las familias más vulnerables.

El Ejecutivo sabe que el Real decreto ley al que dé luz verde este miércoles será su primera decisión económica y social de calado, en mitad del ruido que han provocado cuestiones como la amnistía. Va a ser la carta de presentación social del nuevo Gobierno, con la que nutrir su cariz progresista. “El mensaje que se dé será importante. Se trata de que los ciudadanos puedan pagar la hipoteca, el alquiler, las facturas de la luz o el gas, tener la casa caliente…”, añaden las mismas fuentes. Se prevé que sea el propio Sánchez quien explique las medidas que finalmente salgan adelante en la rueda de prensa de final de año.