Abusos navideños en servicios de taxi y aplicaciones de transporte en Bogotá: qué dicen las autoridades

En época de fin de año, múltiples usuarios denuncian el incremento exagerado en las tarifas de taxis y servicios de transporte a través de aplicaciones, con valores que han llegado a duplicar o, incluso, triplicar las tarifas habituales.

La situación se presenta mayormente en horas pico, bajo condiciones de lluvia o al terminar eventos de gran afluencia, lo que ha llevando a los usuarios a replantearse el uso de estos servicios e impulsando el debate sobre la regulación de las tarifas de transporte.

La transformación en la movilidad de los bogotanos ha sido notable debido a la implementación de tecnologías que facilitan el acceso a métodos de pago como tarjeta, Nequi o Daviplata, y el seguimiento en tiempo real de los viajes. Sin embargo, la dependencia de estas plataformas digitales también ha generado inconvenientes.

Los usuarios se han encontrado con tarifas infladas y algunas situaciones que los obligan a negociar precios, tal como se hacía antes de la llegada de estas aplicaciones. “Pedí un taxi por aplicación el viernes a las 11 p.m., en la 26 con 7.ª, para el Minuto de Dios. El taxista me escribió que la tarifa estaba alta”, relató un usuario, evidenciando los desafíos que suponen estas herramientas ante la necesidad de un control efectivo durante picos de alta demanda.

El cambio a los servicios digitales no solo está motivado por la comodidad, sino también por cuestiones de seguridad y transparencia. “Ya no suelo pedir taxi en la calle […] al final del viaje me han llegado a cobrar una alta cantidad de dinero y es más difícil saber si el taxímetro no está alterado o si hay algún fraude”, explica un ciudadano.

No obstante, la escalada de precios que se viene experimentando abre interrogantes sobre cómo las autoridades podrían establecer un marco regulatorio adecuado que proteja a los consumidores, manteniendo las tarifas dentro de límites razonables y asegurando la confianza en estos medios de transporte cada vez más utilizados.

Las tarifas de los servicios de taxi en Bogotá están sujetas a una regulación específica por entidades territoriales, con una carrera mínima de $5.200 y un costo de arranque de $2.900, que pueden variar según la distancia recorrida y cargos adicionales como el recargo nocturno y servicios especiales.

Sin embargo, no existe una regulación clara para las propinas o incentivos en aplicaciones de transporte, ni para la denominada “tarifa dinámica” durante épocas festivas.

Aunque las tarifas de los taxis están definidas, el Ministerio de Transporte y representantes de taxistas admiten que los acuerdos sobre propinas entre usuarios y conductores son voluntarios y no están sujetos a regulación. Esto ocurre en un contexto donde plataformas como DiDi, Uber y Cabify operan con sistemas que estiman el costo del servicio, a veces resultando en tarifas más altas debido al uso de rutas alternativas sugeridas por aplicaciones como Waze, especialmente durante el fin de año, una temporada marcada por grandes congestiones vehiculares en la ciudad.

Priscila Sandí, gerente regional de Comunicaciones para DiDi Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador, señaló a El Tiempo que los precios de las aplicaciones de transporte se calculan en función de varios factores objetivos como la distancia y la hora del día, siendo la “tarifa dinámica” resultado del aumento de la demanda durante las festividades.

Aplicaciones como inDrive ofrecen la posibilidad de que el usuario negocie el precio directamente con el conductor. A pesar de esto, estas metodologías de cálculo de precio aún no cuentan con una regulación oficial en Colombia.

En caso de irregularidades o sobreprecios, los usuarios pueden presentar quejas a través de los canales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, o directamente en las aplicaciones de transporte, donde una mala calificación al conductor puede desembocar en su despido.

Ante la falta de respuesta, la opción siguiente es recurrir a la Superintendencia de Transporte. Para el presente año, el gobierno ha expresado su intención de reunir a todos los actores relevantes para trabajar en una ley que regule esta materia, aunque todavía no hay avances concretos al respecto.