Los más vulnerables ya no recibirán un portazo en el médico: la sanidad volverá a ser universal tras una década

“Terminar de cerrar la herida abierta en 2012”. Con esas palabras, la ministra de Sanidad, Mónica García, expresó este lunes durante un encuentro con distintas organizaciones sociales la voluntad de su departamento para recuperar, esta vez de manera efectiva, la universalidad de la sanidad. Después de que el PP “acabara con ella” hace más de una década, de una reforma insuficiente en 2018 y de un intento fallido en 2023, la responsable del Ministerio aseguró que acabar con la “exclusión” de los “colectivos vulnerables” es el objetivo. Porque los casos en los que siguen presentes las barreras de acceso a la sanidad se cuentan por miles. Según un informe presentado este martes por Médicos del Mundo, sólo entre enero y septiembre de 2023 se han registrado más de 17.000. “Si la sanidad pública es el pilar esencial del estado del bienestar, la universalidad es su motor”, sentenció García.

Que no haya universalidad en el acceso al sistema sanitario, se quejó, es un “fracaso”. Uno, además, que no sólo afecta a quienes sufren las barreras, sino al “compromiso con la equidad”. “Es terrible que durante la década pasada se entiendera la universalidad no como un motor sino como una carga”, criticó. Fue en mayo de 2012, el annus horribilis para los servicios públicos. El Congreso de los Diputados aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la que se sentaba en un despacho en el edificio ministerial del madrileño Paseo del Prado. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el “turismo sanitario” y evitar “el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria”.

Seis años después fue otra ministra, esta vez la socialista Carmen Montón, la que anunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recuperaría el acceso universal al sistema sanitario. Pero no fue suficiente. Como recuerda hoy Médicos del Mundo, el real decreto aprobado en 2018 “no restauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012”. ¿Por qué? Porque por ejemplo las personas migrantes que no cuentan con residencia autorizada en España deben demostrar que llevan al menos tres meses en el país si quieren disfrutar de atención sanitaria con cargo a fondos públicos. O porque las personas mayores que llegan a España reagrupadas por sus hijos e hijas están “totalmente excluidas”. Son estos dos perfiles los principales perjudicados.

Pero, además, esa reforma tiene otro problema. “No se desarrolló el real decreto, por lo que muchas medidas se quedaron en meras recomendaciones. Existe mucha arbitrariedad en función de la comunidad autónoma que se analice”, lamenta la responsable de incidencia política en Amnistía Internacional España, Verónica Barroso. La portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, Irene Rodríguez, coincide con ella. “Desde 2018 nos encontramos en una situación de disparidad en la interpretación, aplicación y desarrollo del decreto en cada autonomía. En algunas los problemas de exclusión son muy pequeños y en otras la situación es peor que la que había después de la norma de 2012”, lamenta.

Lo denunció hace precisamente un año REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012) en su informe No dejar a nadie atrás. Según el documento, la mayoría de autonomías exige al menos tres meses de empadronamiento para acceder al sistema, pero algunas como Madrid, Murcia o Galicia ponen todavía más trabas a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla, derivándoles incluso a la sanidad privada. Hay “17 coberturas sanitarias distintas, una por cada comunidad autónoma”, criticaba entonces la plataforma. Desde el Ministerio reconocen que esto ocurre, y muestran su voluntad de que la nueva norma que se impulse acabe con ello. Buscan, señalan, una legislación “efectiva”.

Y sobre todo que vea la luz. Porque el último plan de reforma nunca llegó a hacerlo. En septiembre de 2022, el Gobierno, esta vez con la ministra Carolina Darias al frente, anunció el proyecto de la ley de equidad que, además de la intención de recuperar el pleno acceso al sistema sanitario, contemplaba poner coto a la privatización del sector, algo que las organizaciones criticaron por diluir el objetivo primordial de retrotraer la universalidad de la sanidad a 2011. Desde Sanidad marcan ahora esta prioridad. Y quieren trabajar para conseguirla, puesto que las múltiples enmiendas a la también conocida como ley Darias a retrasaron hasta que la convocatoria electoral hizo que se guardara en un cajón, a la espera de ser descartada definitivamente o recuperada.

Las organizaciones apuestan por la primera opción. “Nosotros proponemos volver directamente a la redacción inicial, a la que había antes de la reforma de 2012, que contemplaba expresamente que los colectivos vulnerables que ahora se encuentran barreras tenían derecho a la asistencia sanitaria independientemente de su situación administrativa”, señala Barroso. Entonces además, añade Rodríguez, eran titulares de derechos. “Eso no se les devolvió en 2018”, lamenta. Hacerlo es la única manera, sostienen desde las organizaciones, de garantizar que se eliminan las barreras.

Todavía existen y no son pocas. Médicos del Mundo, en la investigación publicada este martes, ha contabilizado, tan sólo en los primeros nueve meses de este año, 17.080 casos de exclusión en el Sistema Nacional de Salud. De media, cada persona atendida por la organización —en total en este periodo han sido 8.809— ha sufrido 1,93 y son, en su mayoría, provocados por barreras administrativas (el 40,4% de los casos que han documentado). ¿En qué consisten? Por ejemplo, en la imposibilidad de demostrar llevar al menos tres meses en España o en la exigencia del empadronamiento como único medio de prueba, algo que, desde Amnistía Internacional, reclaman directamente erradicar. “Muchas personas en situación irregular no se empadronan por miedo, y tampoco debería exigirse un mínimo. Exigimos que una mera demostración de estancia en España sirva que haya un acceso efectivo al sistema sanitario”, señala Barroso.

Aun así, hay más obstáculos. Los físicos suponen el 13,7% de todos ellos y consisten en la ausencia de centros de salud a distancias razonables de algunos núcleos de población y a la limitación de horarios que, señalan desde Médicos del Mundo, “impiden que las personas con trabajos más precarizados puedan acudir a solicitar atención”.

Muchas de ellas también sufren lo que se han denominado barreras económicas (que suponen el 17,9% de los casos), que aparecen por ejemplo cuando las personas trabajadoras de la “economía informal” se ven obligadas a acudir en horario laboral a los centros por, precisamente, esa falta de horarios, o cuando tienen que hacer frente a pagos en urgencias porque no tienen derecho a la atención sanitaria más básica.

Otro obstáculo es el informativo, que supone, más o menos, una quinta parte de los casos (el 17%). Se agudiza, señalan desde Médicos del Mundo, a la par que la vulnerabilidad, y aparece, por ejemplo, en el caso de personas reagrupadas, muchas veces mayores, que no obtienen una explicación comprensible por parte del personal sanitario sobre cómo poder acceder a una atención. Pero esto, detalla la organización, también lo sufren las personas de tercera edad aunque sean españolas, sobre todo desde que la digitalización de los servicios como los de cita previa complican, han denunciado ellas mismas, sus tareas cotidianas.

Por último, la ONG ha detectado que también existen barreras culturales, menos frecuente pero igualmente densa, que aparece en un 10,9% de los casos analizados. “A pesar de vincularse más con una cuestión de aceptabilidad, pueden tener un efecto disuasorio sobre las poblaciones más vulnerables que limita el acceso a la atención sanitaria –al no contemplar medidas culturalmente apropiadas y respetuosas con las necesidades de estos colectivos—”, señala el documento.

La consecuencia ya no es sólo la exclusión sanitaria, sino que las diferentes barreras que se encuentran en el camino “profundizan la sensación de exclusión y vulnerabilidad y afectan negativamente a la salud mental provocando cuadros de ansiedad y depresión, entre otros”.

Por eso es urgente. Y desde las organizaciones sociales reclaman “celeridad”. “Nos parece muy positivo que el Gobierno quiera dar prioridad a este asunto, porque la universalidad no está garantizada del todo”, insiste Barroso. “Confiamos en la voluntad que nos han transmitido. Estamos contentos, pero también prudentes”, remacha Rodríguez. Sanidad, por su parte, confirma que el trabajo comienza ya. Y que las organizaciones tendrán un papel fundamental en el cambio normativo.