El vertido de petróleo en 2022 en una refinería, propiedad de la empresa española, supuso la mayor tragedia ambiental de la historia del país y afectó a miles de familias.
Cuando se cumplen casi dos años del dramático derrame de petróleo en una refinería de Perú, la firma internacional de abogados Pogust Goodhead presentará una demanda colectiva contra Repsol por la pérdida de miles de puestos de trabajo.
El derrame en la refinería, propiedad de la empresa española Repsol, supuso la mayor tragedia ambiental de la historia de Perú. El 15 de enero de 2022, casi 11.900 barriles de crudo fueron vertidos en las playas de la región de Callao causando graves daños ambientales y la paralización de la pesca, lo que afectó a miles de familias que viven del mar.
El director ejecutivo de la firma, Tom Goodhead, explicó al diario El Comercio que la demanda se presentará en enero ante la Corte del Distrito de La Haya, en Países Bajos, porque es donde la multinacional tiene su domicilio legal.
Goodhead detalló que Repsol indemnizó “a una pequeña porción” de las víctimas “con montos mínimos casi irrelevantes para el tamaño del impacto“.
En su opinión, la multinacional intentó “interceptar a las personas y evitar que puedan articular la defensa de sus derechos”.
“Importancia ambiental”
La firma considera que ahora la indemnización podría ser superior a cualquiera que ofrezca Repsol, porque la corte internacional da mayor importancia a los temas ambientales.
“No hemos calculado montos individuales, porque aún no termina la recopilación de data, pero espero que la demanda colectiva sea de 1.000 millones de dólares”, estimó al abogado.
La petrolera española comenzó el pasado mes de marzo a compensar a los damnificados en las localidades de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay. Sin embargo, muchos trabajadores denuncian que no han sido incluidos en las listas.
La recopilación de firmas de los afectados –hayan o no recibido compensaciones– terminará el 9 de enero. Pogust Goodhead estima que el proceso puede cerrarse con unas 35.000 firmas.
Después, el bufete intentará alcanzar un acuerdo con Repsol y, de no conseguirlo, se fijará una audiencia en abril o mayo. El proceso, según el despacho, podría demorarse hasta cuatro años.
Por su parte, la multinacional comentó al diario que no emitirá comentarios “hasta contar con mayores alcances sobre el tema”.
Repsol especificó que el 98 % de los afectados identificados en el Padrón Único de Afectados ya ha cobrado su compensación del año 2022 y el 90 % la de 2023.
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