Desigualdad frente al móvil: tras los menores pegados a una pantalla se esconde también la renta del hogar

Crece la preocupación por el uso de las pantallas en los más jóvenes. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció este lunes durante su intervención en la jornada Los retos de la digitalización en los menores que su departamento va a poner en marcha un comité de 50 expertos que hará un diagnóstico de la situación y ayudará a poner en marcha una “estrategia de país” para conseguir un “acuerdo intergeneracional” que consiga crear entornos digitales seguros para los más pequeños. Las medidas que se pongan en marcha, concretó, serán “intermenisteriales”, y el motivo está claro: hay implicados demasiados actores. El problema, incidió, no sólo es educativo, sino también sanitario, de la industria y de las familias. Y su origen, en este sentido, también tiene que ver, y mucho, con los usos del tiempo. En otras palabras: los problemas de conciliación tienen mucho que ver con que el tiempo frente a las pantallas se dispare. Y, también, con que un alto porcentaje del mismo se emplee en un uso, muchas veces, incorrecto o peligroso. ¿Y quién sufre estos problemas? Las familias vulnerables.

El anuncio de Juventud e Infancia ha llegado tan sólo unos días después de que el Ministerio de Educación tomase medidas para regular el uso de las pantallas dentro de las aulas. Concretamente, Pilar Alegría convocó a todas las comunidades a una reunión en enero para plantear que el uso del móvil esté completamente restringido en Primaria y limitado en el caso de Secundaria a cuando el profesor lo decida porque así lo requiera su clase. La medida fue aplaudida por los expertos, aunque éstos también indicaron que dejaba algunos flecos sueltos. El más importante: las prohibiciones sin más no sirven de nada, hay que educar para que los niños y niñas aprendan a cómo usar la tecnología de manera segura y responsable.

Con ese objetivo, ahora se implicará a más actores. Porque no sólo puede ser responsabilidad de las familias. “En una hora no puedes educar a tu hijo o hija emocionalmente, y tampoco digitalmente”, señala a infoLibre Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y presente en el acto en el que participó Rego. Si muchas mujeres no tienen ni tiempo para el autocuidado, ¿cómo van a tenerlo para educar en las nuevas tecnologías?, se preguntó durante su intervención.

El informe #TenemosLike. Hábitos sobre la educación familiar en el uso de la tecnología elaborado por su asociación arroja luz sobre esta afirmación: un 21,9% de las mujeres a las que entrevistaron para realizarlo afirmó que la principal barrera para un correcto uso de las pantallas era la “falta de tiempo para educar”. Un 32,1%, la falta de conocimientos e información sobre la gestión y el uso de las tecnologías, que también está relacionado, dice Baena, con la falta de tiempo. “Muchas veces no sabemos cómo activar los controles parentales porque no nos podemos parar a consultarlo. Nos sentimos perdidas”, denuncia.

Eso explica que, según el mismo documento, seis de cada diez madres recurran a limitar el tiempo de uso de las tecnologías como único método de educación en las mismas, mientras que tan sólo el 28% eche mano de herramientas como el control parental. “Se nos ha engañado con lo del tiempo de calidad. La relación de las madres y padres con sus hijos e hijas es al final el resultado del daño que hace el sistema laboral en el que estamos atrapadas”, lamenta.

Cáritas, en un informe financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, le da la razón. “Parece evidente la relación entre el uso adictivo de pantallas por parte de adolescentes y una peor calidad en el tiempo compartido en familia“, concluyó la organización, que cifró en un 53,1% el porcentaje de padres y madres que asumen que les resulta difícil gestionar el uso de las pantallas. “Solamente el 15,5% utilizan alguna herramienta o aplicación de control parental como forma de gestionar y supervisar el uso que los adolescentes hacen de las pantallas”, señala el documento.

Como recuerda Unicef, la conciliación también es “el derecho de los niños y las niñas a ser cuidados, a pasar tiempo de calidad con sus familias, compartir, crecer y desarrollar su máximo potencial”. No garantizarla, denuncia Baena, acaba provocando que los más pequeños sean “cuidados por pantallas”. Por eso luchan, recuerda, por un pacto de Estado que consiga un compromiso destinado a reducir y flexibilizar las jornadas laborales. “Hay que conseguir un cambio de mirada”, explica.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 70,6% de los menores entre 10 y 15 años ya dispone de un teléfono móvil. Analizando edad a edad, un 94,8% de los más mayores dispone de uno y un 23,3% de los más pequeños también. El salto se da precisamente aquí. De entre los niños y niñas de 11 años, un 45,7% ya es propietario de un smartphone. En 2019, los menores de 11 años que tenían teléfono propio suponían el 38,1%.

La edad no es casualidad. “A los 12 años es cuando se produce el paso del colegio al instituto, y es entonces cuando los pequeños cambian de centro y, en muchas ocasiones, necesitan un teléfono para estar en contacto con sus padres y madres si estos están trabajando. Esa es la realidad, sobre todo, de familias con menos recursos”, continúa Baena, que incide por ello en su posición contraria a la prohibición. “Creo que abogar por eso es limitarse a mirar desde el privilegio”, sentencia.

Porque en el uso de las pantallas también hay mucho de eso. En síntesis, las familias que peor concilian son las más vulnerables, y sus hijos, los que peores consecuencias sufren del excesivo uso de las pantallas. No son pocos, de hecho, los documentos que asocian el mal uso de Internet y las redes sociales con la pobreza. Uno, por ejemplo, es el que elaboró la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés) para evaluar “la brecha digital en la juventud vulnerable” a raíz de las medidas adoptadas durante la pandemia de covid-19.

Según reveló, el porcentaje de jóvenes en pobreza que alcanzan “habilidades digitales avanzadas” se sitúa en el 64,4%, 18 puntos porcentuales por debajo de la cifra que registran aquellas que están en una situación socioeconómica más favorable (82,4%). Con respecto a las habilidades bajas, el porcentaje se sitúa en el 17,3% entre los jóvenes en pobreza y en el 5,3% entre quienes no están en esa situación.

Hay más. Un documento publicado en 2020 por el Alto Comisionado de la Pobreza Infantil concluyó, a raíz de los datos del Informe PISA 2018, que son los pequeños vulnerables los que invierten más tiempo frente a la pantalla, pero de peor calidad. Concretamente, especifica el informe, el 52% de niños, niñas y adolescentes en hogares más desaventajados hacen un “uso intensivo de internet”, dedicándole entre cuatro y seis horas diarias entre semana, pero la mitad no se conectan nunca, o casi nunca, para hacer los deberes. Por el contrario, sólo un 34% de los jóvenes que viven en hogares ricos pasa el mismo tiempo navegando en la red, pero dos tercios lo hacen semanalmente o a diario para ponerse al día con las tareas escolares.

¿Y en qué invierten ese tiempo los menores de hogares más vulnerables? Otro estudio, este de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Instituto IMDEA Networks y Orange Innovation y realizado, afirmó que en redes sociales. El trabajo, publicado en enero de 2022 en el Journal of The Royal Society Interface, concretó que, “en general, un mayor consumo de noticias en medios de comunicación tradicionales online está asociado con un mayor poder adquisitivo y mayor nivel de estudios. En el otro lado, un mayor consumo de Facebook está asociado a un menor poder adquisitivo y menor nivel de estudios“.

Cáritas también certificó esta idea: el porcentaje de adolescentes que pasan más de seis horas diarias en redes sociales en hogares donde sus progenitores no tienen estudios duplica la tasa del conjunto de la adolescencia atendida por la ONG. Además, el uso adictivo de las pantallas afecta al 29,8% de los más jóvenes cuyos padres y madres no tienen estudios obligatorios, un porcentaje que cae hasta el 19% en el caso del conjunto de los atendidos por la organización.