Cataluña busca resolver el problema de por qué su alumnado saca las peores notas de su historia

Una semana después de que se conocieran los desastrosos resultados del informe PISA, Cataluña sigue buscando respuestas que la ayuden a entender por qué ha obtenido las peores notas de su historia. Ya no solo es que el nivel académico se haya desplomado o que sea la comunidad autónoma que más cae, muy por debajo de la media española y de la OCDE. Es que el retroceso del alumnado catalán es tal que equivale a haber perdido un curso entero respecto a las últimas pruebas que se llevaron a cabo.

Frente a este panorama, son muchas las voces que tratan de arrojar luz. 

Mientras el Govern trata de zafarse de la polémica generada por haber atribuido el descalabro a la “sobrerrepresentación” de alumnos migrantes, la derecha se ha apresurado a apuntar en una misma dirección: la inmersión lingüística. Sin embargo, los expertos consultados por infoLibre coinciden en que no existe una relación significativa entre la lengua materna y los resultados académicos, especialmente cuando se equipara la clase social.

Es más, según el profesor de Pedagogía Internacional de la Universidad de Barcelona, Enric Prat, si la culpa de los malos resultados fuera la lengua de los exámenes, también se hubiera reflejado en los años precedentes. “Este argumento no tiene ningún sentido. Si fuera por el modelo de escuela catalana, en el momento álgido de la inmersión, en los años 2000, no habríamos tenido los mejores resultados”, asegura.

De hecho, el pasado octubre la Generalitat dio a conocer las pruebas de competencias básicas que realizan alumnos de sexto de primaria y cuarto de la ESO y los resultados tampoco revelaron diferencias significativas entre lenguas. Tanto en castellano como en catalán los alumnos del último curso de secundaria obtuvieron las peores notas de la última década.

Si no es una cuestión del modelo de inmersión lingüística, ¿cómo se explica el desplome de Cataluña en el informe PISA? Los especialistas apuntan a un cúmulo de factores, entre los que destacan el cambio en el perfil socioeconómico del alumnado, el incremento de la complejidad en las aulas, una mayor proporción de estudiantes con necesidades especiales, la baja vinculación con los centros o la falta de especialización de los perfiles docentes. Un conjunto de elementos a los que se suma la infrafinanciación del sector, la ausencia de mirada larga y los continuos cambios políticos al frente del departamento de Educación.

“En general, los resultados se explican por el perfil socioeconómico de los alumnos, que cada vez son más vulnerables”. El diagnóstico lo realizan fuentes del Síndic de Greuges, para quienes el factor de clase social es crucial para comprender por qué Cataluña ha sufrido un retroceso tan pronunciado en los resultados de PISA. De acuerdo con los expertos de esta institución, el perfil del alumnado catalán ha cambiado mucho en los últimos años, más que en otras comunidades, al punto de que se está detectando un 25% de estudiantes vulnerables por curso escolar.

Los últimos datos de Unicef apuntan que la pobreza infantil no para de crecer y ya alcanza a cerca de un tercio de los niños y adolescentes catalanes. Si nos fijamos en el índice social, económico y cultural de PISA, con el que valora el contexto socioeconómico de las familias de los alumnos que participan en las pruebas, también podemos comprobar que Cataluña ha pasado del segundo lugar en 2018 al noveno en 2022, cayendo incluso por debajo del promedio español y de la OCDE.

“Esto va de pobreza infantil y de segregación escolar”. Lo decía hace pocos días la consellera de Educación, Anna Simó, aunque con estas palabras corregía otras, las del secretario de Políticas Educativas, Ignasi Garcia Plata, que había achacado los malos resultados al exceso de estudiantes migrantes. Poco después, un análisis de Esade y Save The Children lo dejaba claro: la pobreza pesa más que el origen en el rendimiento académico. Si un alumno nativo saca una media de 42,6 puntos más que un estudiante migrante en la prueba de matemáticas, cuando se descuenta el factor de clase, la brecha baja hasta el 5,1, es decir, prácticamente desaparece.

Pero tras la interpretación inicial de la consellería se esconde otra realidad: el desconocimiento de la Generalitat sobre la población migrante en las aulas. Tal como explica a este diario el investigador de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Adrián Zancajo, en Cataluña se considera alumno extranjero aquel que no tiene nacionalidad española, mientras que PISA hace una lectura más amplia y también engloba a los migrantes de segunda generación, esto es, los que tienen padres extranjeros.

“Hasta ahora, hemos tenido una óptica del alumnado migrante muy pensada en el que acaba de llegar, con aulas de acogida y acompañamiento lingüístico. Pero no ha habido políticas específicas para el de segunda generación”, sostiene Zancajo. El investigador explica que los estudiantes con padres extranjeros no suelen tener problemas con la lengua, pero a menudo se sienten “excluidos” del sistema educativo. “Hablan muy bien catalán, pero las expectativas del profesorado son más bajas”, lamenta.

En el Síndic de Greuges también consideran esta baja vinculación del alumnado con los centros un elemento clave para explicar los resultados de PISA. “Es como si los alumnos vieran la escuela como una institución ajena a su realidad y esto puede ayudar a explicar los bajos resultados académicos”, sostienen. “Es muy preocupante porque el sentimiento de pertenencia a los centros está muy vinculado al rendimiento académico y al abandono escolar y tenemos el índice más bajo de toda España”, agrega Zancajo.

Como ejemplo, el profesor Prats cita el reciente modelo de institutos escuela, que se han empezado a implementar en Cataluña —afirma— de forma “tímida”. “En Asturias o Galicia funcionan hace tiempo, pero aquí se han desplegado de forma deplorable, sin un marco normativo y sin profesorado unificado”, detalla. Se trata de centros con un “proyecto educativo unitario” que pretenden evitar el “corte” que sufren los alumnos cuando cambian de escuela entre primaria y secundaria. “Esta discontinuidad tiene muchos efectos a nivel de rendimiento y abandono escolar”, advierte.

A ello se suma el impacto de la segregación. El informe de Esade y Save The Children pone de relieve que en Cataluña se ha disparado la segregación escolar del alumnado de origen migrante respecto a 2018 y ya es la comunidad con la tasa de discriminación más alta. También está entre las autonomías con mayor segregación escolar de alumnos desfavorecidos, sólo superada por la Comunidad de Madrid.

Para combatirlo, en 2019 la Generalitat  impulsó el Pacto contra la Segregación Escolar, que permite distribuir a los alumnos vulnerables de manera equilibrada por la red de centros, también concertados, y evitar así la guetización de determinadas escuelas. Según los datos del Síndic, uno de los principales actores de esta iniciativa, el pacto ha permitido reducir en una cuarta parte los niveles de segregación escolar, pero los resultados aún siguen lejos de lo esperado.

“Los resultados son buenos, pero hasta que tengan un impacto en el aprendizaje pasará un tiempo”, aseguran fuentes de la institución, las cuales defienden que esta estrategia —cuestionada por quienes ven inaceptable seguir financiando a los centros privados para evitar que segreguen— es “positiva en términos de cohesión social”. “El perfil social determina las perspectivas educativas de los alumnos. Compartir aula, grupo y amistades con compañeros con expectativas altas de continuar estudiando lleva a un contagio. En cambio, cuando tenemos entornos muy guetizados, no existe ese contagio de expectativas”, argumentan las mismas fuentes.

Según Zancajo, la mejora en los índices de segregación está siendo “menos rápida e importante de lo que debería” porque no se está aplicando de manera uniforme en todos los municipios. El investigador atribuye la responsabilidad al Departamento de Educación por dar demasiada manga ancha a los ayuntamientos. “Falta gobernanza y directrices más claras sobre cómo se debe aplicar el decreto”, afirma.

Otro de los factores que los expertos ponen sobre la mesa es el incremento del alumnado con necesidades educativas especiales, una categoría que engloba desde estudiantes vulnerables a alumnos migrantes o con problemas de aprendizaje. Si en 2019 suponían un 6,5% del total, el curso 2022-2023 representan el 21%. No está claro si realmente han aumentado este tipo de perfiles, o bien lo ha hecho el índice de detección. Pero, en cualquier caso, si en algo están de acuerdo expertos y familias es que a los docentes les falta formación para atender esta nueva realidad.

“No es un problema de disposición del profesorado, sino de formación. La que reciben los profesores de secundaria no es suficiente para atender una complejidad creciente en el aula”, opina Zancajo. También en el Síndic de Greuges consideran que el perfil profesional de los centros debería ser más diverso porque se han destinado muchos recursos a incrementar la plantilla de docentes, pero falta personal de apoyo, como trabajadores sociales, educadores sociales o psicopedagogos.

“En los últimos años se han tomado medidas muy lineales de inversión cuando realmente habría que enfocar donde hay más necesidades. Existe un bajo porcentaje de alumnos con rendimiento alto y un porcentaje alto de alumnos con rendimiento bajo. Lo que tiene que hacer el sistema es estimular más la personalización”, indican desde la institución.

Pero todo ello requiere, evidentemente, de recursos. “Venimos de una inversión muy baja, sobre todo en un sistema educativo comprensivo como el nuestro”, recalca Zancajo. Para Prats, la falta de inversión también es una pieza central en este rompecabezas. “Tenemos una escuela inclusiva que no se ha abordado de manera integral ni de manera inclusiva. Ni la vulnerabilidad ni las dificultades de aprendizaje se han resuelto adecuadamente porque no es cuestión de poner más maestros, sino profesionales adecuados, especializados y bajar las ratios. Esto también significa tener instalaciones adecuadas, dejar los barracones y reducir ratios, es decir, invertir recursos”, subraya.

De acuerdo con este profesor, todo ello debe ir acompañado de mirada larga y de decisiones que se mantengan en el tiempo. “Tanto los consellers de Educación como los ministros tienen una duración en el cargo inferior al tiempo que dura una legislatura. Así no se pueden hacer planes. Falta visión de futuro”, asevera. A su juicio, es necesario forjar “un acuerdo firme” que garantice la estabilidad de un mismo modelo educativo al menos durante una década para que los cambios puedan asentarse.

Esta misma semana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado a los grupos parlamentarios a trabajar para hallar una respuesta conjunta a los sucedido y forjar un nuevo pacto por la educación, pero la oposición no parece haber recibido la propuesta de brazos abiertos. Previamente, la consellera Anna Simó había expuesto su receta para hacer frente al demoledor retroceso educativo: “Volver a lo básico”. En otras palabras: reforzar la lectura, la escritura y las matemáticas, personalizar el aprendizaje y destinar más recursos.

“La reacción del Govern está siendo precipitada. Falta análisis de fondo, tocar más la escuela, atender lo que dice el sector y dejar de lado las ideas preconcebidas”, opina Prats. En el Síndic, son un poco más optimistas y consideran que el revés de PISA puede servir de fuelle: “No hagamos una lectura catastrofista de la situación. Usémosla como revulsivo para hacer políticas más orientadas al éxito educativo del alumnado”.