El presidente Luis Lacalle Pou se vio forzado a tomar medidas para abordar la controversia que surgió entre el Gobierno y Spotify con respecto a la Rendición de Cuentas. La firma de un decreto, anunciada recientemente, busca resolver los puntos de discordia y garantizar la continuidad de las operaciones de Spotify en Uruguay.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, ha confirmado que el decreto firmado por el presidente entrará en vigencia el 1 de enero de 2024. Esta fecha marca el inicio de las nuevas disposiciones que buscan aclarar los artículos de la Rendición de Cuentas que generaron preocupaciones por parte de Spotify.
Una de las principales preocupaciones de Spotify se centraba en las condiciones de pago. El decreto respalda las condiciones actuales, proporcionando así una solución al conflicto. La plataforma de streaming había anunciado su salida del país el 1 de diciembre en respuesta a los artículos en cuestión.
La noticia más destacada es que Spotify continuará operando en Uruguay. Esta confirmación abarca tanto a las plataformas musicales como a las audiovisuales de streaming, que también estaban bajo el escrutinio de la Rendición de Cuentas.
Álvaro Delgado destacó que la firma del decreto se llevó a cabo después de varios días de intercambio y negociaciones, principalmente en aspectos jurídicos. Negó que se tratara de una «marcha atrás», insistiendo en que fue una medida interpretativa que aclaró ciertos vacíos legales.
El decreto, según Delgado, se centra en interpretar los artículos cuestionados, abordando expresiones que no estaban completamente claras. Se enfoca en brindar claridad y evitar posibles interpretaciones que podrían conducir a un doble cobro, una preocupación expresada por Spotify.
Una comisión en el Ministerio de Industria se establecerá para abordar la remuneración a los artistas y productoras. El objetivo es evitar el doble pago por parte de Spotify y otras plataformas mediante una ventanilla única. Además, se abordará el tema de la distribución justa y equitativa para artistas nacionales y productoras.
La comisión comenzará a operar una vez que entre en vigencia el decreto, desempeñando un papel crucial en la implementación de las nuevas medidas.
En el artículo 2 del decreto, se establece que los productores serán responsables de la remuneración. Los terceros que proporcionen fonogramas o grabaciones audiovisuales no estarán obligados a pagar dicha remuneración, excluyendo a intermediarios de internet y plataformas digitales que pongan a disposición contenidos generados por usuarios.
Fuente de esta noticia Diario LARED21 Digital Uruguay.
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