Francesco Giorgi usó los contactos de la vicepresidenta Kaili para hacer negocios en Mauritania, Grecia y Kuwait

“A partir de 2020, aproveché el confinamiento para estudiar –me había descargado un manual sobre cómo hacer negocios– disciplinas muy diferentes. Para ello, creé una dirección de correo electrónico específica: externalaffairs.eu”. La mañana del 27 de abril, mientras Francesco Giorgi era sometido a un nuevo interrogatorio, grabado en vídeo en los locales de la Policía belga, otros agentes se dirigían al apartamento de la calle de la Tulipe, en Bruselas, donde vivía el asistente parlamentario antes de casarse con Eva Kaili. Y al que volvió a mudarse temporalmente cuandio salió de la cárcel. L. Giorgi, que había venido de Italia para visitar a su hijo, ocupaba temporalmente el apartamento.

Kaili y Giorgi son la pareja en el centro del escándalo Qatarargate. El 9 de diciembre de 2022, Eva Kaili, entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, y su pareja, Francesco Giorgi, asistente parlamentario italiano, fueron detenidos en Bruselas. Agentes de la policía belga de la Oficina Central Anticorrupción descubrieron que tenían en casa 878.355 euros en efectivo. Ambos fueron acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Francesco Giorgi confesó –bajo coacción, afirma ahora su abogado– que él y el exeurodiputado italiano Antonio Panzeri participaron en operaciones de lobby en la sombra para Qatar, Marruecos y Mauritania, pagadas en efectivo con varios millones de euros. Eva Kaili, sospechosa de haber participado en una de estas campañas en favor de Qatar, niega los cargos que se le imputan.

Al final del registro en el piso de la calle de la Tulipe, la Policía anticorrupción le hizo firmar un inventario de los objetos que iban a llevarse: dos teléfonos móviles, material informático, papeles presumiblemente escritos para su abogado y que se ponen bajo precinto, algunos cuadernos y documentos sacados de un cubo de basura. Entre estos últimos se encontraban notas que Giorgi había mecanografiado para preparar el interrogatorio del 27 de abril. Sabe que cuando los investigadores registraron su domicilio de Bruselas el 9 de diciembre se lo llevaron todo. En particular, ese ordenador en el que había anotado, bajo el epígrafe “negocios”, la marcha de sus nuevas actividades como intermediario comercial internacional. Dentro de esa carpeta había otras llamadas Nitrato, Q8 –Kuwait en inglés– y Tests Covid.

En su nuevo encuentro con los investigadores, Francesco Giorgi tenía ganas de explicarse, de contar su versión de los hechos… cosa que, al final, no hizo. Pero antes se había encargado de escribirlo todo en unas cuantas hojas de papel. Su abogado, Pierre Monville, denunció el pasado sábado a La Libre Belgique la incautación de la nota, a pesar de que su cliente había decidido en el último momento no mencionar su contenido a la policía. “Toda la estrategia de defensa de Francesco Giorgi ha quedado al descubierto y ahora está a disposición de todo el mundo, incluida la prensa. Ya no tiene margen de maniobra para defenderse según las reglas elementales del derecho”, declaró.

En esas notas, el asistente italiano escribió que estaba preparando su reconversión profesional durante el confinamiento de 2020 y creó una dirección de correo electrónico –externalaffairs.eu@gmail.com– en un torpe intento de hacer creer que esas gestiones tenían relación con las instituciones europeas, utilizando a su padre como tapadera.

L. Giorgi, que ahora tiene 67 años, era hasta septiembre pasado director de una escuela cerca de Milán, cargo que ha compaginado durante años con un negocio de venta de equipos médicos. “Mi idea para después de 2024 [al acabar la actual legislatura] era dejar el Parlamento y montar con él una empresa de comercio internacional”, escribió Francesco en las notas que le confiscó la Policía. “Su experiencia y mis contactos. En mi trabajo era muy fácil encontrar posibles oportunidades. El Parlamento Europeo es un observatorio privilegiado, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con terceros países. Siempre hay peticiones en busca de ofertas”, apuntó.

Para no aparecer por su nombre en conversaciones con posibles clientes, el asistente parlamentario no dudó en usurpar el nombre y la firma de su padre, como consta en los documentos a los que han tenido acceso el periódico belga Le Soir y sus socios de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre. Como él mismo confiesa en sus notas: “Los acuerdos de confidencialidad [con empresas] fueron suscritos por mí con la firma de mi padre, que sólo los conocía de manera muy general. Pero no estaba implicado porque confiaba en mí. Yo era quien se ocupaba de todo. Sólo le pedí permiso para utilizar su nombre porque era más coherente con el trabajo de su empresa, y [utilizar mi nombre] no me era posible dada mi función de asistente parlamentario”.

EIC ha preguntado al Parlamento Europeo por el código de conducta de sus asistentes. Un portavoz explica que los que deseen ejercer otras actividades, remuneradas o no, deben obtener previamente la autorización de la Eurocámara. Dichas actividades sólo se denegarán si pueden obstaculizar el ejercicio de las funciones del asistente/funcionario o son incompatibles con los intereses de la institución europea. ¿Solicitó Francesco Giorgi dicho permiso? El Parlamento no quiso responder porque se trata de “información personal”. Giorgi tampoco contestó a la pregunta.

Confinado en Grecia con Eva Kaili y su hijo, además de deseoso, según puede leerse en sus notas, de dejar el Parlamento y a su jefe, Andrea Cozzolino, al comienzo de la próxima legislatura, Francesco Giorgi aprovecha así el exilio sanitario para preparar su reconversión profesional. La intercesión de su compañera, cuyos contactos –la Policía extrajo 120.000 de su teléfono– están a la altura de sus responsabilidades –es uno de los 14 vicepresidentes del Parlamento–, será valiosísima.

Uno de los negocios de Francesco Giorgi, relacionado con Mauritania, parece especialmente sospechoso. El asistente parlamentario y su jefe, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, fueron contratados a finales de 2018 por ese país africano para realizar labores de lobby en la sombra ante la Unión Europea, como también hicieron para Qatar y Marruecos. Panzeri contó a la Policía que su interlocutor era el embajador de Mauritania en Bruselas, Abdellahi Kebd, que hizo los primeros pagos a finales de 2019. Panzeri afirma haber recibido un total de 100.000 euros en efectivo y asegura que Giorgi percibió la misma cantidad. El asistente parlamentario lo niega: declaró a la Policía que había cobrado alquilando uno de sus apartamentos de Bruselas a Abdellahi Kebd por 1.800 euros al mes. El embajador le pagó al menos 50.000 euros. Un alquiler ficticio, ya que Kebd nunca ha vivido allí. Pero la relación comercial entre los dos hombres no terminó entonces.

En la nota preparada para su defensa que se le confiscó en la calle de la Tulipe, Francesco Giorgi explica que el embajador Kebd ofreció vender nitrato de amonio, un potente explosivo, a la Sociedad Nacional Industrial y Minera de Mauritania (SNIM) porque “su gobierno quería diversificar los proveedores”. El asistente italiano tenía en su ordenador una licitación convocada en febrero de 2020 por la SNIM, así como facturas y albaranes de una de las empresas que la ganaron: Cadex, con sede en Marruecos. En mayo y junio de 2020, vendió un total de 8.000 toneladas de nitrato de amonio a la SNIM –que no ha querido responder a las preguntas de EIC al respecto– por un precio de 335 euros la tonelada. Francesco Giorgi indica en su nota que él no tuvo nada que ver con esas ventas, y que fue el embajador Kebd quien le proporcionó los documentos “con fines informativos”.

Los acontecimientos se aceleraron unos meses más tarde. Un documento, encontrado en el ordenador de Giorgi y fechado el 8 de noviembre de 2020, menciona un posible contrato para suministrar 33.000 toneladas de nitrato de amonio al SNIM por 17 millones de euros, sin mención alguna de concurso público. El precio parece elevado: 446 euros por tonelada, un tercio más de lo que cobró Cadex. Ni el asistente italiano ni la Embajada de Mauritania han contestado a las preguntas que EIC le ha formulado sobre estos contratos.

Sólo quedaba encontrar un proveedor. En sus notas, Francesco Giorgi dice que ha descubierto fabricantes de nitrato de amonio en Georgia, por lo que pregunta a su compañera, Eva Kaili, si tiene “algún contacto […]” en la república exsoviética. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo recuerda haber conocido durante unas vacaciones en la isla de Patmos a un empresario griego residente en Georgia llamado Sandros y dueño de una compañía de fabricación de pasta. El 8 de noviembre de 2020, Eva Kaili crea un grupo de WhatsApp para poner en contacto a los dos hombres: “Hola Sandros & Francesco, […] Ambos tenéis mucha experiencia y contactos en pasta [emoji con guiño] pero sobre todo con gobiernos extranjeros para importación/exportación. […] Francesco es un asesor de confianza de varios gobiernos. Quizá deberíais hablar por teléfono y explorar formas de trabajar juntos”.

Tras ese primer mensaje, Kaili abandonó el grupo de WhatsApp. Sandros y Giorgi congenian. Firman un acuerdo de confidencialidad y planean crear una empresa conjunta para ejecutar el acuerdo con la SNIM. Francesco Giorgi envía al empresario los detalles del acuerdo. “El margen de beneficio de los intermediarios dependerá del precio de venta final”, detalla. Sandros encontró enseguida un proveedor georgiano.

Pero el departamento comercial le indica que el acuerdo tenía que pasar por una empresa intermediaria con sede en Singapur, Dreymoor Fertilizers Overseas, y más concretamente por un comercial de esa empresa. Esto no desanima al asistente parlamentario, que firmó un acuerdo de confidencialidad con Dreymoor el 12 de noviembre de 2020: aunque el documento está a nombre de su padre. Se desconoce si su socio Sandros lo sabía. Seis días después, Francesco Giorgi envió un último mensaje al empresario griego afincado en Georgia: “Han surgido problemas […] y hay que aclarar si sigue habiendo interés por parte de los importadores”, es decir, de Mauritania. Se desconoce si se completó la venta a la SNIM.

Contactado por EIC, Sandros admite que hizo gestiones en nombre de Giorgi, pero asegura que el trato no se cerró: “No hice ningún negocio con él, […] Gracias a Dios”. Dreymoor no ha contestado a las preguntas de EIC. En sus notas, Francesco Giorgi también dice que el trato no prosperó: “Al final, la licitación no se abrió y dejé de interesarme porque era demasiado complicado y me quitaba demasiado tiempo”.

¿Fue el confinamiento y la enorme demanda de tests para el covid lo que estimuló las expectativas de Giorgi? En febrero de 2021, según el análisis de uno de sus ordenadores, suscribieron un acuerdo de confidencialidad L. Giorgi y la empresa griega Prognosis Biotech, especializada en kits de detección de alérgenos y toxinas alimentarias. El objetivo era suministrar pruebas de detección de antígenos a Mauritania y Qatar, dos países que el asistente parlamentario conocía bien, sospechosos junto con Marruecos de situarse en el centro del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo.

El mismo 15 de febrero, Prognosis redactó una oferta de servicios a la atención del Ministerio de Sanidad mauritano donde se menciona que dispone de una capacidad de producción de dos millones de pruebas al mes y de “plazos de entrega bastante rápidos”. Por último, la Policía también encontró un borrador de oferta de servicios, fechado el 19 de febrero y calcado del anterior, pero en el que L. Giorgi es el único representante de Prognosis. En las notas que Francesco escribió para preparar su comparecencia en abril, afirma que quería “ayudar a [su] padre a relanzar la actividad de su empresa [especializada en el suministro de productos y tests sanitarios]” y que “pensó que la pandemia era la oportunidad adecuada para lanzar un negocio de tests para el covid”. Según las notas de Giorgi, la ayuda de Eva Kaili fue valiosísima una vez más, pues fue ella quien le puso en contacto con la empresa griega Prognosis, que no ha querido responder a las preguntas formuladas por EIC sobre este contrato.

En cualquier caso, Giorgi sólo pudo anotar el fracaso del proyecto: “Tanteé el terreno con mis contactos en Qatar sin éxito y, en lo que respecta a Mauritania, solicité al ministerio que inscribiera a Prognosis como una de las empresas que habrían tenido derecho a participar en las licitaciones, pero al final no salió nada”.

En una entrevista concedida el pasado marzo, un mes antes de que Giorgi escribiera su nota, Eva Kaili dio una versión ligeramente distinta: al enterarse de que Prognosis buscaba nuevos mercados, se lo comunicó a su pareja y puso a ambas partes en contacto.

Al año siguiente, en 2022, era Kuwait el país con el que soñaba Francesco Giorgi: en mayo, un acuerdo de confidencialidad vinculaba al padre de Francesco Giorgi con V Group, una empresa griega especializada en energías renovables, tratamiento de residuos y servicios de descontaminación. La compañía se compromete a pagar a L. Giorgi una comisión del 6% sobre cualquier contrato que cierre con Kuwait. Una vez más, el país en cuestión es uno que el asistente parlamentario conoce bien: con Panzeri, soñó que los kuwaitíes, al igual que los cataríes, pudieran quedar exentos de la obligación de visado cuando viajasen dentro del espacio Schengen.

Como ha revelado la investigación de EIC, Giorgi y su jefe, Antonio Panzeri, fueron contratados por Qatar para obtener un acuerdo de exención de visados con la Unión Europea. Y, para aumentar las posibilidades de éxito del emirato, ambos propusieron que se creara un “paquete” que incluía también a Kuwait y sobre el que Eva Kaili presionó a la Comisión Europea. Según un relato de esta operación escrito por Giorgi, en noviembre de 2020 la exvicepresidenta de la Eurocámara mantuvo “una llamada telefónica con el embajador de Kuwait” para “planificar la estrategia”.

En sus notas, Giorgi escribe que, cuando conoció al jefe de V Group, éste le confió que tenía “dificultades relacionadas con la participación de su empresa en una licitación en Kuwait para la descontaminar terrenos”. “Me ofrecí a ayudarle”, indica Giorgi.

“Firmé un acuerdo de confidencialidad y le puse en contacto con Paolo Alli, exdiputado italiano y lobista especializado en Kuwait, porque yo no tenía contactos en el país. Hubo conversaciones, pero debido a las dificultades para encontrar un interlocutor fiable en Kuwait, no hubo seguimiento”. Si Giorgi consiguió meter en el juego a Paolo Alli, esta vez fue también gracias a la mediación de su pareja. Dos meses antes de la firma del acuerdo de confidencialidad, a principios de marzo, Eva Kaili intercambió mensajes de WhatsApp con el político italiano, expresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Lo había conocido unos días antes en el aeropuerto de Milán, cuando ya se había convertido en consultor.

“¡Así que tienes buenos contactos en Kuwait!”, le escribió. “Ahora”, continúa, “soy vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada de Oriente Próximo […] Sería estupendo que pudiéramos trabajar juntos”. Como Paolo Alli le había mencionado previamente sus buenos contactos en Israel, Omán y Qatar, Eva Kaili le preguntó: “¿En Kuwait también?”. Al recibir la respuesta afirmativa de su interlocutor, le sugiere ponerle en contacto con Francesco, que tiene “propuestas de negocio”.

Cuando los policías le preguntan por detalles de estos contactos, Kaili les contesta que, efectivamente, se puso en contacto con Paolo Alli para hablarle del “negocio de limpieza de arena con residuos de petróleo” que su pareja quería hacer con V Group. Preguntada por EIC, la empresa niega haber mantenido nunca una relación profesional con Francesco Giorgi o su pareja, ni haber participado en una licitación en Kuwait. Giorgi, que afirma en sus notas que el caso no se cerró, no ha respondido al respecto. Tampoco Paolo Alli.