Así quiere gobernar Sumar: de subir el SMI a reducir las listas de espera o aprobar la Ley de Cine

El Gobierno nacido de las elecciones del pasado 23J comienza a diseñar sus prioridades legislativas tras completarse los nombramientos en los segundos y terceros niveles de las carteras ministeriales. En el caso de los socialistas se trata de un Ejecutivo continuista respecto a la anterior legislatura, tras la decisión del presidente Pedro Sánchez de reforzar a su núcleo duro y prescindir únicamente de cinco de sus 17 ministros —Pilar Llop (Justicia), José Miñones (Sanidad), Héctor Gómez (Industria), Miquel Iceta (Cultura) y Raquel Sánchez (Transportes)—. La hoja de ruta de Sanchez se basa en desplegar avances a nivel social y continuar con la misma senda a nivel económico con un objetivo en mente: agotar la legislatura en La Moncloa.

Sucede todo lo contrario en el caso del socio minoritario, Sumar, que se estrena en el Gobierno con una nueva marca y ya sin Podemos dentro. Aunque conserva los mismos ministerios que tuvo Unidas Podemos hace cuatro años pese a lograr cuatro diputados menos el 23J, solo repite Yolanda Díaz en el cargo, que seguirá al frente de la cartera de Trabajo y Economía Social. Prescinde del de Igualdad, Consumo —que se integra en Derechos Sociales— y Universidades. El ministerio de Cultura lo dirige el dirigente de los comunes, Ernest Urtasun, el de Sanidad lo ocupa la la líder de Más Madrid, Mónica García, el de Juventud e Infancia recae en Sira Rego (IU), mientras que último lo lidera Pablo Bustinduy, con la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La determinación del anterior líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue clave para lograr entrar en el primer gobierno de coalición desde la Segunda República, pero Díaz optó por que los morados se quedaran fuera tras la negativa de Podemos a que lo ocupara Nacho Álvarez. Para Sánchez la ausencia de Podemos implica menos confrontación y más colaboración en la relación entre los socios del Gobierno, aunque no se librarán del todo de ellos. Tendrán que negociar a nivel parlamentario tras la decisión de sus cinco diputados de romper con Sumar para pasar al Grupo Mixto.

El reto para Díaz será, precisamente, hacer algo que sí dominaba Podemos: tener un discurso propio frente al PSOE. Una de las críticas que sobrevuelan sobre Díaz radica en su dificultad de diferenciarse de los socialistas por su complicidad con Sánchez y su formas, más propensas al diálogo que al “ruido”, como ella misma define a las discrepancias entre los socios del Ejecutivo. Podemos, que la pasada legislatura ostentó el liderazgo de ese espacio, convirtió sus enfrentamientos con el PSOE en uno de sus campos de batalla, mientras que Díaz abogaba por resolver los conflictos en privado, sin explicitar tanto sus diferencias.

Desde el entorno de Díaz subrayan que la cooperación con el PSOE no implica ejercer como “muleta” de Sánchez, sino elegir bien qué batallas dar. La vicepresidenta segunda ya ha esbozado algunas de las prioridades de la legislatura y quiere diferenciarse a través de la acción política, escenificando que Sumar llega donde el PSOE no lo hace. Sucede lo mismo en el caso de otros ministros del espacio, que ya comienzan a marcar sus objetivos. Estos son los principales retos y deberes que tienen por delante los ministros y ministras de Sumar.

El acuerdo de Gobierno pactado entre el PSOE y Sumar servirá de hoja de ruta para la coalición. Uno de los compromisos acordados, al que los socialistas se resistieron hasta el final, fue el compromiso de reducir la jornada laboral. En el texto se acordó establecerla en 37 horas y media semanales sin merma salarial. Su aplicación se producirá de forma progresiva: hasta las 38,5 horas en 2024 y a las 37,5 horas en 2025. A partir de ese momento se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de la reducción, aunque desde Sumar insisten en que la patronal —que ya ha criticado el acuerdo— “no tiene capacidad de veto” y subrayan que se puede avanzar hasta las 35 horas aunque la CEOE no esté de acuerdo.

Otro de los grandes compromisos de la legislatura es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.080 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas, es decir, 15.120 brutos anuales, tras incrementarse un 8% respecto al del año anterior. Para este año Díaz ha ligado la subida del SMI con la tasa media del IPC, la cual estima que estará entre el 3,7% y el 3,8%. Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, defienden el objetivo de que el salario mínimo no sea inferior al 60% del sueldo medio, postura que comparten con el ministerio.  La propuesta de la CEOE de elevar el SMI un 3% para 2024 y otro 3% para 2025, les parece “insuficiente”.

En el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar también se incluyó la reforma de despido, que quedó fuera la pasada legislatura. Ambos partidos se comprometieron a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Desde el ministerio de Díaz dan por hecho que los cambios se realizarán vehiculados en el diálogo social, y aluden a la figura del despido restaurativo, que creen que contribuirá a reducir la rotación en las contrataciones indefinidas.

El último acuerdo del diálogo social de la pasada legislatura fue el estatuto del becario, rechazado por la patronal pero también por el PSOE. La norma subraya que un contrato de prácticas no supone una relación laboral, establece que no pueden ser más del 20% de la plantilla del centro de trabajo, restringe las horas y comporta la obligatoriedad de compensar los gastos a los alumnos en prácticas. La ley nunca llegó al Consejo de Ministros y, tras el adelanto electoral, continúa en un cajón. El próximo paso de Díaz será convocar a la mesa de diálogo social para escuchar a las partes, con la intención de que la patronal se incorpore al acuerdo.

Anestesióloga de carrera y profesión, el ministerio de Sanidad encajaba como anillo al dedo para Mónica García, que hasta ahora había ejercido como jefa de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Desde su equipo cifran en tres tareas urgentes que atender: reducir las listas de espera, ampliar la cartera de servicios en óptica y dentista y resolver la deficitaria situación de la salud mental. A todo esto se le añade un compromiso de base: reforzar la atención primaria.

Las listas de espera es uno de los principales problemas para los usuarios de la sanidad pública. Al término del primer semestre de 2023 había 819.964 pacientes esperando una intervención quirúrgica. Sanidad quiere establecer, por ley, unos tiempos máximos de espera que sitúen en 120 días el tope para una intervención quirúrgica, en 60 para una consulta externa y en 30 para realizarse pruebas complementarias.

La salud mental no tiene hueco en el Sistema Nacional de Salud y su cuidado depende, casi siempre, del bolsillo de quien la nota resentida. El principal problema es que no hay quien la atienda. Según la última Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados, publicada por el INE en mayo con datos del año 2022, en España hay 38.427 psicólogos clínicos, tan sólo 2,2% más que un año antes. Por cada 1.000 habitantes, tan sólo suponen 0,8. El departamento de García da especial relevancia a los problemas relacionados con este ámbito y ha anunciado la creación de un Comisionado específico que tendrá competencias sobre salud mental.

Otro de los compromisos rubricados en el acuerdo de gobierno pasa por ampliar la cartera de servicios en óptica y dentista, especialmente para niños y adolescentes. Esta semana García ha marcado como uno de sus objetivos incluir a personas en paro y a mayores de 65 años en el Plan de Salud Bucodental. Hasta ahora, este programa sólo incluye a embarazadas, niños de hasta 14 años, pacientes de cáncer de cabeza y cuello, adultos con algún tipo de discapacidad intelectual y personas con enfermedades neuromusculares.

Pablo Bustinduy hereda la cartera de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo de dos exministros: Ione Belarra y Alberto Garzón. La actual líder de Podemos ha impulsado estos años un plan de choque en el sistema de dependencia que aspira a profundizar esta legislatura y elaboró la ley de familias, que acabó decayendo por el adelanto electoral. Lo mismo que le sucedió a la Ley de atención a la Clientela del departamento de Garzón.

Bustinduy deberá abordar dos leyes cuya aprobación está comprometida con Bruselas como hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por un lado la Ley de Familias, que no llegó a aprobarse pero el Gobierno incluyó en un real decreto-ley algunas de las medidas presentes en aquel proyecto de ley, como la creación de nuevos permisos laborales retribuidos para cuidado de familiares y convivientes. En esa línea, Bustinduy quiere abordar la remuneración de los permisos de cuidado parental, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y una prestación universal por crianza.

Por otro lado, también deberá dar luz verde a la Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, la primera normativa a nivel estatal en este ámbito de la democracia. Esta norma declara estos servicios como esenciales y mandata a las comunidades autónomas a acordar con el ministerio un mínimo de prestaciones común para todo el territorio y a crear un sistema de información estatal, que ahora mismo no existe.

Por lo que respecta a la cartera de Consumo, uno de los primeros objetivos es aprobar aquellos proyectos que quedaron pendientes la pasada legislatura como la Ley de Atención a la Clientela, que limitaba los tiempos de espera y, por otro lado, crear una nueva agencia de supervisión para unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. Asimismo, las asociaciones de consumidores reclaman “una mayor labor de control del mercado” y “más transparencia” en cuanto a la apertura de expedientes sancionadores.

Ernest Urtasun está al frente del Ministerio de Cultura, una cartera que hasta hace pocas semanas estaba en manos de los socialistas con Miquel Iceta. Desde el entorno de Urtasun destacan la buena relación que tiene con su predecesor e indican que le está ayudando a adaptarse y a diseñar las prioridades legislativas de su cartera, que pasan por la culminación de algunos proyectos que no llegaron a aprobar la pasada legislatura. Entre ellos destacan la culminación del Estatuto del Artista, la tramitación de la nueva Ley del Cine y la aprobación de la Ley de Mecenazgo.

El Estatuto del Artista es una norma en la que se ha trabajado mucho en la última legislatura y que incluye un conjunto de medidas para mejorar la situación laboral de los profesionales de la cultura. Una de las medidas pendientes es la creación de una prestación por cese de actividad, el llamado paro de los autónomos, específica para el sector cultural que tenga en cuenta la intermitencia laboral típica de este tipo de profesionales. Un paro que incluiría a todos los técnicos que rodean el trabajo del artista, del montador de una serie de televisión al encargado de una sala teatral o de conciertos. Son empleos que, por sus características, no caben en los contratos indefinidos, a los que se asimila un contrato temporal o por obra y servicio, y que alternan períodos de actividad y períodos de paro.

La ley de Mecenazgo es una de las promesas que los gobiernos del Partido Popular y del PSOE llevan décadas arrastrando y que estuvo a punto de aprobarse la pasada legislatura, pero que también decayó por el adelanto electoral. Se trata de una medida que contemplaría desgravaciones del 60 % para las personas jurídicas y de hasta el 70 % para las personas físicas que impulsan con sus donativos iniciativas culturales musicales, arquitectónicas, artísticas… El muro todos estos años siempre ha sido el mismo: el ministerio de Hacienda. Ahora, Urtasun deberá batallar con María Jesús Montero para aprobarla.

Ley del Cine, que también se quedó en un cajón, pretende adaptar la normativa a los avances y transformaciones que ha experimentado el sector en los últimos años, alineándose con la normativa europea en la materia. La norma vigente data del 2007 y no está adaptada a fenómenos como la irrupción de las plataformas de streaming. El texto que desarrolló Iceta reserva el 35% de la dotación de ayudas a la producción al cine hecho por mujeres y establece una mayor protección para las producciones independientes.

La cartera de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego es un ministerio de nueva creación en España, pero no lo es en otros países de nuestro entorno. La dirigente de Izquierda Unida tiene unas cuantas tareas pendientes. Una de ellas será desarrollar y coordinar la Estrategia de Garantía Infantil, una política europea que supondrá cerca de 1.000 millones de euros de inversión en infancia, garantizar la ejecución de todos los fondos europeos destinados a infancia y coordinar la reforma del sistema de protección que atienda a más de 50.000 menores tutelados por el Estado.

Precisamente la cartera de Rego deberá desarrollar un protocolo sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados que llegan a España entre las comunidades autónomas, uno de los compromisos alcanzados para el acuerdo de investidura entre el PSOE y Coalición Canaria tras la crisis migratoria que afecta a la comunidad autónoma.

También deberá impulsar el desarrollo de la Ley de Violencia contra la infancia, la conocida como Ley Rhodes, para coordinar su implantación autonómica y la implementación de juzgados especializados Se trata de una norma que introduce mecanismos para una más adecuada prevención, reacción y tratamiento de nuevas y viejas formas de violencia sobre los menores, que no encontraban respuesta eficaz en la normativa generalista penal, civil y administrativa.

Con todo, el gran objetivo del ministerio es disminuir la pobreza infantil ya que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, sólo por debajo de Rumanía. Las organizaciones de infancia piden, entre otras cuestiones, mejorar el complemento del Ingreso Mínimo Vital. Además, Rego podría seguir con el trabajo realizado por Alberto Garzón en Consumo para mejorar las pautas de salud alimentaria de los jóvenes y escolares, una materia en la que Rego tiene conocimiento por su formación como nutricionista.