Pocos embajadores de Estados Unidos han tenido mayor notoriedad que Manuel Rocha. Los diplomáticos de este país eran particularmente cuidadosos de no pronunciarse abiertamente sobre los asuntos internos de Bolivia. Esto se debía no solo a las exigencias de la diplomacia, sino también a la animadversión de importantes sectores de la población boliviana hacia el país del norte, derivada de su participación en la lucha contra las drogas y de las tensiones por la posible venta de gas boliviano a Estados Unidos, dos temas candentes de cuando Rocha era embajador.
Resulta sorprendente que, en aquellos tiempos preelectorales de 2002, Manuel Rocha haya aludido al entonces político emergente, el diputado cocalero Evo Morales, en Chapare, el bastión de Morales, donde la cooperación estadounidense impulsaba proyectos de desarrollo alternativo al cultivo de la coca. Sus palabras fueron contundentes: “Quiero recordar al electorado boliviano que si votan por aquellos que quieren que Bolivia vuelva a exportar cocaína, eso pondrá en serio peligro cualquier ayuda futura a Bolivia por parte de Estados Unidos”.
Esta declaración fue inmediatamente aprovechada por Morales para mostrarse como el ‘David’ contra ‘Goliat’, agradeciendo a Rocha por ser su “mejor jefe de campaña”. La popularidad de Morales creció, y en las elecciones de junio de 2002 escaló al segundo lugar, por delante de Manfred Reyes Villa, quien inicialmente lideraba las preferencias.
Ahora, con las acusaciones de que Rocha fue un espía de Cuba durante casi toda su carrera diplomática, incluyendo sus años en Bolivia, surgen hipótesis sobre si su declaración fue deliberada por instrucciones de Cuba para favorecer a Morales.
En retrospectiva, el contexto de aquel momento era propicio para exacerbar el sentimiento antiimperialista y antineoliberal, justo después de la ‘guerra del agua’ y durante las deliberaciones de la venta de gas boliviano a través de Chile, que posteriormente desencadenaría la ‘guerra del gas’. Las declaraciones de Rocha y las protestas callejeras contribuyeron a debilitar el sistema de la democracia pactada, y este cóctel allanó el camino para que Evo Morales ganara las elecciones de finales de 2005.
Si la intervención de Rocha buscaba convulsionar el país, debilitar la democracia y popularizar a Morales, es esencial revisar los eventos de aquel tiempo. La evidencia sugiere que muchas protestas eran políticamente motivadas y financiadas. Entonces surge la pregunta: ¿El MAS infringió la Ley de Partidos Políticos al recibir apoyo extranjero? De ser así, la justicia boliviana debería investigar, aunque la influencia del MAS en este poder del Estado plantea dudas, recordando los sucesos de 2019 que aún esperan esclarecimiento.
Está fresco en la memoria colectiva que, a finales de ese 2019, Morales renunció a la Presidencia e intentó convulsionar el país creando un vacío de poder y ordenando bloquear ciudades cuando ya se encontraba en México. Lejos de considerar estas evidencias conspirativas, la justicia encarceló a Jeanine Áñez, su sucesora, quien accedió al poder con la anuencia de la mayoritaria bancada parlamentaria del MAS.
Estos episodios ocurridos en épocas distintas sugieren un modus operandi del MAS para hacerse del poder. Sin embargo, es poco probable que ahora esa misma estrategia le produzca réditos políticos. Si este partido busca cambiar su imagen y mantenerse vigente, debería abordar con transparencia las dudas de ese posible pasado conspirativo, algo que seguramente no va a suceder, dada su escasa capacidad de autocrítica. Serán los electores, en última instancia, los que validen o no ese legado histórico.
Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.
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