¿Es el sistema electoral español injusto?

¿Es el sistema electoral español injusto? Existe una corriente de opinión bastante extendida que así parece apuntarlo, con el telón de fondo de las dificultades para armar mayorías estables en el Congreso y el rol que juegan los partidos nacionalistas, pero ¿hasta qué punto es cierto?

En las elecciones generales se eligen 350 diputados repartidos en 52 circunscripciones electorales, que corresponden a cada una de las provincias de España más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, se establece una barrera del 3% del voto válido en cada circunscripción como mínimo para entrar en el reparto de asientos. Esta división del territorio en circunscripciones es un primer elemento de desequilibrio: perjudica a partidos no mayoritarios de ámbito nacional frente a los nacionalistas o regionalistas.

De acuerdo con la ley electoral, cada circunscripción tiene asegurado un mínimo de escaños independientemente de su población: dos en el caso de las provincias y uno en el caso de las ciudades autónomas. El resto de escaños hasta los 350 se reparten de forma (aproximadamente) proporcional según la población de cada circunscripción. Este mínimo por circunscripción es otro elemento que genera desigualdad: se beneficia a las provincias menos pobladas en detrimento de las grandes. 

Abundan los casos que ejemplifican los desequilibrios que provoca nuestro sistema electoral. Algunos paradigmáticos, como el del PACMA, que en las elecciones de noviembre de 2019 obtuvo cero escaños con más de 228.000 votos, mientras que Teruel Existe obtuvo uno con menos de 20.000 apoyos. O el del “coste” de un diputado en Ceuta, menos de 13.000 votos el 23J, frente al de la Comunidad de Madrid, que ronda los 100.000.

El objetivo del sistema al establecer estas reglas no es otro que garantizar la representatividad de los territorios menos poblados. Sin él, la representación de la España vacía quedaría reducida a la mínima expresión. Valga como ejemplo que, sin el mínimo de escaños por circunscripción, a Ceuta, a Melilla y a Soria no les correspondería ni un solo diputado.

Entonces, ¿es justo el sistema electoral? Esta es una cuestión subjetiva, ya que se contraponen dos principios: el de legítima representación de todos los territorios y el de igualdad (que un voto valga lo mismo aquí que allí).

Un tercer elemento de desequilibrio es el método de asignación de escaños. En España se usa el método D‘Hondt, el más utilizado en nuestro entorno y que beneficia a los partidos con mayor apoyo electoral.

En la siguiente tabla se detalla la relación entre votos y escaños obtenidos por los principales partidos en las últimas elecciones del 23J:

UPN es el partido que mejor rentabiliza sus votos, seguido por PNV, BILDU, JUNTS, PP, PSOE y ERC. Todos ellos, en mayor o menor medida, con una buena conversión voto – diputado gracias a que tienen un buen resultado en todas (o gran parte de) las circunscripciones en la que se presentan.

Del otro lado, los partidos perjudicados son Vox, Sumar, CCA y BNG, todos ellos con un coste por asiento superior a 90.000 votos. A estos partidos les perjudica no conseguir representación en algunas de las provincias donde se presentan, a pesar de sumar un buen número de votos en ellas. Y aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos: el método D’Hondt castiga especialmente a los partidos en ciertas franjas de apoyo, normalmente aquellas por debajo del 15% en el conjunto del territorio. Varios ejemplos: a Sumar cada diputado le ha costado 97.226 votos frente a los 63.615 del PSOE o los 51.764 de UPN. Otros casos hablan por sí solos. Ciudadanos en abril de 2019 consiguió 57 diputados con el 15.9% y en noviembre de ese mismo año solo 10 diputados con el 6.9%. Es decir, el ‘coste’ por diputado fue de 0,28% del voto válido en abril frente al 0,69% en noviembre, más del doble. O, más reciente, el caso de Vox: en las elecciones de noviembre de 2019 consiguió 52 asientos con el 15.2% frente a los 33 asientos que logró el pasado mes de julio con el 12.4%.

Por su parte, PACMA y la CUP se quedaron sin representación a pesar de sumar más de 165.000 y 98.000 votos respectivamente.

No siempre los partidos nacionalistas se benefician del sistema electoral. Ahí están los números: a CCA, BNG y la CUP les perjudica. Pero sí es cierto que es un sistema propicio para aquellas formaciones nacionalistas que logran un resultado alto en las provincias en las que se presenta, como es el caso de PNV, BILDU, Junts y ERC.

Para ajustar estas asimetrías se han propuesto algunas alternativas interesantes. Vamos a exponer dos de ellas y a evaluar su efecto en distintos procesos electorales pasados.

La primera de las alternativas propuestas es sustituir el método de asignación de escaños D’Hondt por el Sainte-Laguë, que beneficia a los partidos medianos y pequeños. Este sistema, si bien está menos extendido que el D’Hondt, sí se emplea en alguna de distintas variantes países de nuestro entorno, como Noruega, Suecia o Alemania. En 2018 Unidas Podemos y Ciudadanos propusieron una reforma electoral en este sentido, argumentando que es un sistema más proporcional.

En la siguiente tabla se muestra un comparativa de los resultados del 23J con los métodos Sainte-Lagüe y D’Hondt:

Vox y Sumar serían los grandes beneficiados al sumar 10 y 6 diputados más respectivamente, mientras que NC y Teruel Existe conseguirían una representación que hoy no tienen. Todo ello a costa de PP, PSOE, Junts y PNV.

Es decir, se prima la representación de partidos con resultados más discretos, dando lugar a un Congreso más fragmentado y donde el peso de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, se reduce en favor de Vox y Sumar.

No obstante, la dinámica de bloques sería similar a la que tenemos hoy: PP y Vox sumarían 170 diputados, acariciando la mayoría absoluta, pero sin posibilidad de formar gobierno.

Entonces, ¿es más proporcional el sistema Sainte-Lagüe? En la siguiente tabla se muestran los ‘costes’ por diputado y su desvío frente al promedio en ambos métodos.

Los números apuntan a que sí lo es. En la tabla de arriba podemos comprobar como el coste votos/diputado es sensiblemente más homogéneo con el método Sainte-Lagüe.

Otra alternativa propuesta sería sustituir las 52 circunscripciones actuales por 19, que corresponderían a las comunidades y las ciudades autónomas. Este sería un punto intermedio entre la situación actual que prima la concentración del voto a nivel provincial y el concepto “un ciudadano un voto”, que llevaría a una única circunscripción electoral.

El resultado del 23J con 19 circunscripciones autonómicas (respetando la suma actual de escaños por comunidad autónoma) sería:

Observamos un patrón parecido al del modelo SL vs DH: partidos menores mejoran resultados a costa, en este caso, principalmente del PP.

La diferencia fundamental es que los partidos monoprovinciales (o aquellos que tienen su principal nicho electoral concentrado en una provincia) de comunidades autónomas multiprovinciales pierden toda posibilidad de entrar en el reparto de escaños, como es el caso de NC y Existe.

En todo caso, la aritmética parlamentaria llevaría nuevamente a una situación similar a la actual: PP y Vox sumando 167 escaños. Cerca de la mayoría absoluta, pero sin posibilidades de gobernar.

Y, ¿cómo de proporcional es este sistema?

En este caso los números no dejan lugar a la duda: es un sistema mucho más proporcional que el de circunscripciones provinciales, con un desvío máximo sobre el promedio de menos de 16.000 votos, frente a los casi 85.000.

Como conclusión final: sí hay alternativas razonables al sistema electoral actual para hacerlo más proporcional y a la vez respetar el principio de representatividad de los territorios. Hemos visto solo dos ejemplos, pero hay muchas otras alternativas. En cualquier caso, nada hubiera cambiado en cuanto a la formación de mayorías.

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Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab