“El desafío de Peña es luchar contra el crimen organizado y no ser cómplice”

El senador Eduardo Nakayama es de los contados políticos opositores que no se han pasado a filas del cartismo y que se destaca por una gestión legislativa de calidad. Recurrimos a su capacidad de analizar los hechos desde una posición desapasionada teniendo como contexto los primeros cien días de gobierno del presidente Santiago Peña (ANR).

–¿Qué resaltaría de estos primeros cien días del gobierno presidido por Santiago Peña?

–Noto un gobierno caracterizado por la gravitación de tres fuerzas internas que a veces coinciden y otras chocan: por un lado, el cartismo de la primera hora, que hasta ahora ha predominado en el seno de la presidencia digitando las primeras movidas políticas, incluso en la conformación de la mesa directiva del Congreso, así como los principales nombramientos de cargos ejecutivos y mediante determinados acuerdos; también los organismos extrapoder como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Por otra parte, está el antiguo abdismo que hasta el momento también se ha plegado in totum a los requerimientos del Ejecutivo, a veces cumpliendo los pactos acordados con Peña y otras veces, esperando indulgencia o impunidad en los principales hechos de corrupción de la administración anterior, que han tenido una moderada crítica que por momentos se convierte en una suerte de moneda extorsiva cuando se amaga apartamiento.

Por último, un incipiente peñismo, que ha dado algunas muestras de querer tomar ciertos posicionamientos propios, independientemente de su tronco principal, pareciendo tomar conciencia de las consecuencias que implica cargar con lastres ajenos o defender lo indefendible.

–¿Qué signos positivos y negativos identifica en el presidente de la República, tomando de referencia hechos acontecidos en estos primeros tres meses?

–Como era de esperarse, el presidente Peña ha debido cumplir con varios de sus compromisos políticos con el grupo cartista que lo llevó al poder, así como con los demás sectores que le han prestado su apoyo para realizar las reformas estructurales que, principalmente, su equipo económico le ha solicitado; no han escatimado esfuerzos para sacar cuantas leyes necesitaron para lograr estos objetivos, incluyendo las fusiones de varias instituciones; la autorización impropia para emisión de bonos y/o contratación de nuevos empréstitos por unos USD 600 millones que impactan en el actual Presupuesto General de la Nación.

Preocupa el debilitamiento del Congreso con el otorgamiento de poderes extraordinarios al Ministerio de Economía, camino que fue seguido por otros países de la región con graves consecuencias, sin mencionar la principal debilidad de los últimos gobiernos, que ha sido la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, actividades estas que han tenido y tienen estrechos vínculos con el poder.

Como punto positivo, resalto algunas señales del presidente al tomar decisiones políticas específicas, incluso en detrimento de sectores internos o con parte de su movimiento en contra, como el veto a la desafectación de los llamados Jardines de Remansito o el rechazo a la derogación al Convenio de la Unión Europea.

–¿Qué señales necesita dar el Gobierno en esta etapa inicial para convencer de que no habrá concesiones en temas como corrupción, crimen organizado e impunidad?

–El Gobierno Peña tiene un lastre importante que le ata, pero que no representa un escollo insuperable, si el presidente demuestra determinación. Pienso que el principal desafío de su gobierno de hecho será probar que quiere luchar contra el crimen organizado y no ser cómplice. En los últimos diez años, la promiscuidad entre grupos criminales ligados al contrabando, al narcotráfico y al lavado de dinero con la clase política ha sido endémica, principalmente en el Partido Colorado, pero no limitado al mismo. Fiscales, jueces y el sistema de justicia a su vez mantienen una estrecha relación con el poder fáctico y político. Es frecuente que esposas, hermanos o hijos sean contratados por empresas o grupos empresariales relacionados o, como ha sido desde hace décadas, ubicados en empresas estatales o instituciones públicas, como pago de favores. El actual Gobierno no solo no ha combatido esta práctica, sino que la repite.

–¿Qué opina del copamiento de las instituciones por parte de Honor Colorado?

–El cartismo ha operado con mucha inteligencia haciendo valer todo su poder, tanto el que le ha dado el Gobierno como los numerosos escaños en el Congreso, permitiéndole obtener la titularidad en ambas cámaras. Además del inmenso poder fáctico que viene desplegando desde hace más de una década con las acusaciones de sobornos registrados en los informes del Gobierno de los Estados Unidos (su peor pesadilla), el Gobierno ha sabido utilizar otros resortes del poder para negociar el apoyo de la mayor parte del abdismo y los llamados nuevos satélites de parte de la seudooposición, que se ha entregado por completo a los planes de copamiento del Estado.

–¿Cuál es el efecto que genera en los ciudadanos la actitud de varios legisladores que ingresaron como propuestas alternativas y al poco tiempo se plegaron a la bancada oficialista de ambas cámaras?

–Es una estafa al electorado; hasta en los conflictos armados existen reglas básicas y en ellas los bandos enfrentados visten uniformes diferentes en una guerra regular, no existiendo peor acto de traición y cobardía que el vestirse de opositores y ser funcionales al Gobierno. Hablo de la obsecuencia absoluta de los llamados satélites que de ninguna manera pueden seguir siendo considerados opositores y que, en última instancia, han demostrado un oportunismo extremo que no se condice con las expectativas generadas durante la campaña. Creo que lo más coherente sería que, tal como lo hicieron algunos legisladores, asuman abiertamente sus condición de cartistas.