Santa Cruz proyecta una ruta para liberar la “autonomía secuestrada”

El Comité pro Santa Cruz presentó anoche un proyecto para “liberar la autonomía secuestrada” y de este modo establecer una nueva relación con el Estado sin vulnerar la Constitución, tal como lo estableció la decisión del cabildo del 13 de noviembre de 2022, el más multitudinario de la historia.

La propuesta derivó en un plan de acción de dos etapas -para el corto y mediano plazo- y están vinculadas con un diseño jurídico y administrativo que, incluso, plantea la creación de nuevas competencias autonómicas compartidas con el Estado central. Estas normas están vinculadas con el ámbito económico, de seguridad, educación y gestión política, pero también cultural, de manera que la identidad cruceña prevalezca “a la invasión de competencias”, además de una descentralización fiscal consolidando el pacto fiscal.

En una primera etapa, se identificaron 25 leyes que deberían ser anuladas o modificadas parcialmente, pero 11 de ellas deberían ser de manera urgente. Entre ellas, por ejemplo, están aquellas que regulan el uso de suelo, la producción y el sistema educativo. En palabras de Fernando Larach, el proyecto se plantea sobre la base de la “libertad” de la que se nutrió Santa Cruz durante su historia.

La segunda etapa apunta a una reforma parcial de la Constitución a través de la vía popular ciudadana y contempla la reducción de las competencias nacionales de 21 a 14 exclusivas y aquellas compartidas, como la posibilidad de contar con una guardia departamental.

Además, para esta segunda fase se incluyen dos importantes transformaciones que también identifican acciones, responsables y resultados, previa modificación parcial de la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del gobierno departamental autónomo y subir de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal.

El líder cívico resumió los retos del proyecto en seis grandes libertades para “producir, planificar el futuro, para disponer de los recursos que se generen, para preservar y proteger el ecosistema y el medio ambiente; libertad para definir que los contenidos pedagógicos del sistema educativo sean coherentes con su historia, tradición e identidad cultural”. En se marco, señaló que el plan perfila una sociedad que esté “libre de una policía represora, corrupta y extorsionadora”. “Se trata de vivir en libertad. Y vivir en libertad significa vivir en un estado de derecho y con seguridad jurídica”, remarcó.

Hace un año, a los pies del atrio papal y en el contexto del paro de los 36 días por el censo, el entonces presidente del ente cívico Rómulo Calvo realizó cinco consultas a la población. Una de ellas fue que se revise la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. La consulta se dio tras violentas jornadas protagonizadas por grupos de choque afines al partido de gobierno que intentaron desactivar la protesta a través de la fuerza.

“Se proponen, en este plan, acciones de índole jurídico, legal y constitucional para contrarrestar el bloqueo normativo y administrativo del nivel central del Estado que impide el correcto funcionamiento de las autonomías, impulsando propuestas normativas modificatorias, abrogatorias o derogatorias de las leyes nacionales invasivas, así como promover la reforma parcial a la Constitución, activada por un referéndum popular nacional”, manifestó Larach.

Esto supone, dijo el cívico, la identificación de los límites competenciales, “planteando un nuevo menú para el diseño de una nueva relación de Santa Cruz con el Estado”, mediante la profundización de las autonomías, como parte de un plan estratégico a consolidarse a mediano plazo.

Agregó que se ha realizado un inventario “minucioso” de todas las trabas legislativas para poder ejercer una autonomía plena.

“Lo importante de este plan es que hemos encontrado las llaves, los responsables, las acciones y las herramientas para abrir cada uno de esos candados. Puerta por puerta y todo a su tiempo. Algunas de estas llaves activarán recursos de inconstitucionalidad, propuestas de modificación, eliminación parcial o total de las leyes que nos tienen esclavizados al centralismo”, complementó el dirigente.

Larach, en su discurso, explicó que en eso consiste la primera etapa del proyecto, y una vez liberados “los candados legislativos”, se avanzará a la segunda fase donde a través de un referéndum se modificará parcialmente la CPE. “En esta segunda fase, se plantea que el referéndum sea vinculante departamentalmente, para su viabilización en aquellos departamentos con voluntad, capacidad y vocación autonómica. De esta manera, podemos empezar a construir un modelo asimétrico, mediante el desarrollo de un proceso autonómico diferenciado entre los departamentos que opten por recorrer este”, apostilló. Así también, se realizarán modificaciones concretas en el régimen de competencias concurrentes y compartidas, replanteando quién legisla, quién reglamenta y quién ejecuta.

“Pero, más importante que la cantidad de las competencias formuladas en el catálogo propuesto, es la cualidad de cada una”. En esta fase también se incluye un proceso descentralizador de las principales instituciones estatales, así como el procedimiento previo al nombramiento de autoridades administrativas, judiciales y electorales departamentales que les dote de una mayor autonomía técnica, administrativa y legal.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda, quien participó de la reflexiones que permitieron construir esta propuesta señaló que el gran paso de la ruta planteada por el Comité pasa por “abrir la constitución” para redefinir la relación de las regiones con el Estado. “Sin competencias propias, no es posible avanzar en las autonomías (porque) el país está más centralizado que nunca”dijo.

“En la realidad, no ha habido autonomía. Se entiende que la población esté desencantada y quiera otras cosas”, remarcó.

La entrega del documento estuvo dividido en dos grandes partes, la primera con la explicación de la metodología y consideraciones técnicas que estuvo a cargo del consultor Delmar Méndez, luego presentaron las propuestas jurídicas y las planteamientos de gestión política y judicial. En este caso, la propuesta proyecta la activa participación de la región en la elección de autoridades clave para el desarrollo armónico sin descuidar la cultura.