Meloni entierra su programa social y toma la misma senda neoliberal que estancó la economía italiana

Poco más de un año después de su toma de posesión, el 22 de octubre de 2022, la ultraderechista Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano, ha presentado su primer presupuesto. Y lo menos que puede decirse es que la política económica del bloque de derecha y extrema derecha no brilla por su originalidad ni por su ambición. En el último año, la gestión de Meloni ha sido confusa y, en líneas generales, continuista de las políticas aplicadas por su predecesor, Mario Draghi. Ya en 2022, la cuestión económica no había estado en el centro de la campaña electoral, pero se detectaba la intención de cambiar algunas prioridades.

En ese sentido, había ya algunas señales como el deseo de redefinir las condiciones del plan europeo de resiliencia, la promesa de rebajar la edad mínima de jubilación y de una política familiar más generosa, así como las críticas a la influencia de las grandes finanzas. Lo que surgió fue una política conservadora, favorable al capital nacional y a los hogares de clase media.

Un año después, estamos lejos de cualquier agitación. La economía política de Italia sigue siendo en general la misma: un país que presiona sobre los salarios reales para mantener su cuota de mercado de exportación y que confía en el Estado para mantener la economía a flote lo mejor que puede.

¿En qué consiste la marca Meloni? Ante todo, en aumentar la presión sobre el mundo del trabajo y sobre los más pobres, retomando la retórica clásica de la lucha contra los “beneficiarios” de las ayudas estatales. De hecho, esto es lo que más se conserva de sus discursos de campaña electoral. A finales de julio, marcó la pauta el anuncio de la supresión de la “renta de ciudadanía” para 169.000 personas y su sustitución por un subsidio condicional.

El principal elemento del proyecto de presupuesto es la reforma de las pensiones. Contrariamente a sus promesas, el Gobierno ha endurecido las condiciones de acceso a la jubilación antes de la edad “normal” de 67 años. Hay algunas modificaciones para las madres, pero en general, la jubilación a los 62 y 64 años, que ahora es posible, quedará reservada a los empleados que más ganan, con descuentos y topes en las cuantías.

Las condiciones serán aún más duras para los empleados de la función pública, de acuerdo con la ideología hostil de los partidos de la coalición. Los sindicatos se han puesto en pie de guerra contra el endurecimiento de laL ley Fornero, que lleva el nombre del ministro del Gobierno Monti que en 2011 impuso una reforma de las pensiones ya de por sí muy severa.

El Gobierno de Meloni prevé recortar el gasto en 8.000 millones de euros, que serán absorbidos en su totalidad por los 24.000 millones previstos en recortes fiscales, tanto sobre el trabajo como sobre la renta. Recortes del gasto social y reducción de las prestaciones para financiar los recortes fiscales: un programa clásicamente neoliberal que, en realidad, apenas difiere de la política aplicada por ejemplo en Francia.

Lo cierto es que el nuevo Gobierno italiano, al igual que sus predecesores, carece de una verdadera visión de su economía. De 2021 a principios de 2023, Italia experimentó una notable aceleración del crecimiento, en contraste con muchos países avanzados. A finales del segundo trimestre de 2023, el PIB italiano se situaba un 4,2% por encima de la tendencia 2009-2019. El PIB del primer trimestre fue el más alto en volumen desde la primavera de 2008.

Entonces, ¿ha logrado Italia lo impensable: salir del marasmo en el que se ha hundido durante los últimos quince años e incluso, en algunos aspectos, durante los últimos treinta? En realidad, no. La parte del consumo de los hogares en el PIB se redujo en 1,95 puntos porcentuales, lastrada por una caída vertiginosa de los salarios reales. La industria ha seguido erosionándose, viendo caer su participación en el valor añadido del 19,6% al 19,2% en tres años.

De hecho, el principal motor del crecimiento ha sido el sector de la construcción y de la vivienda. El aumento de la inversión en este sector supuso nada menos que el 95% del incremento del PIB entre 2019 y 2022. Y este aumento en sí tiene una y solo una causa: el “superbonus”.

Esta medida fue introducida en mayo de 2020 por el Gobierno de Giuseppe Conte. Preveía una financiación del 110% de los gastos de renovación de la vivienda, ya fuera mediante una deducción fiscal, un descuento en las facturas pagadas por el Estado o vendiendo el crédito fiscal a un banco. La medida era muy generosa y sin duda causó problemas, sobre todo por el súbito aumento de la demanda de materiales en el peor momento posible, lo que alimentó la inflación, pero también por permitir algunos fraudes. Pero una cosa es cierta: aceleró la renovación energética de los hogares italianos y apoyó el crecimiento.

Cuando Giorgia Meloni llegó al Palazzo Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, cambió el sistema, que enseguida consideró demasiado costoso. Es cierto que, sobre el papel, ha lastrado las finanzas públicas italianas en 140.000 millones de euros. Pero además del efecto climático, la superbonificación ha aportado algo que hacía mucha falta en el presupuesto italiano desde hacía años: crecimiento y, por tanto, ingresos fiscales. De hecho, ese gasto no ha impedido que la deuda pública italiana caiga del 155% al 140% del PIB entre 2020 y 2023. Pero los efectos de esta bonificación sobre la economía italiana son claramente superficiales. No resuelve los verdaderos problemas de su economía, empezando por el descenso de su productividad en la última década. Entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2023, el empleo creció un 3,82% y el PIB apenas un 3,29%.

La superbonificación dio un pequeño respiro a la economía italiana. En febrero de 2023, el Gobierno de Meloni la redujo a un simple crédito fiscal. Lógicamente, el atractivo de la medida se ha reducido, ya que deja parte del gasto a cargo de los hogares y resulta poco interesante para quienes pagan pocos impuestos. Al cortar este respiro a la economía, el Ejecutivo no tenía ninguna medida alternativa. El impacto sobre el crecimiento fue inmediato: tras aumentar un 0,6% en tres meses en el primer trimestre de 2023, la actividad se contrajo un 0,4% en el segundo trimestre, para luego estancarse entre julio y septiembre.

Es una especie de vuelta a la normalidad anterior a la crisis para la economía italiana, es decir, al estancamiento. Peor aún, con la subida de los tipos de interés, la economía italiana podría verse doblemente afectada, no sólo en términos de su ya débil capacidad de inversión, sino también en términos de demanda internacional. El año que viene, el crecimiento debería ser del 0,7% según el FMI y del 0,8% según el Banco de Italia. 

La respuesta del Gobierno es una doble negación. En primer lugar sobre la situación actual, ya que el presupuesto se basa en una previsión de crecimiento irreal del 1,2% para 2024, y en segundo lugar sobre la política a seguir, ya que la única respuesta dada son las mismas medidas neoliberales de siempre.

Además de los recortes fiscales y la reforma de las pensiones ya mencionados, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, de la Liga, ha prometido 20.000 millones de euros en privatizaciones. Todas esas medidas llevan años aplicándose en Italia, sobre todo por parte de gobiernos “expertos” como el de Mario Monti entre 2011 y 2013. Pero las consecuencias han sido el estancamiento económico y una “década perdida”.

La derecha y la extrema derecha italianas parecen haber entrado en vereda. Algunos intentos de favorecer el capital nacional “productivo” fueron rápidamente corregidos. En agosto, para sorpresa de todos, Meloni anunció un impuesto sobre los beneficios de los bancos, pero a los pocos días, ante la reacción de los mercados, tuvo que aceptar reducir su alcance para hacerlo casi indoloro.

En septiembre, varios planes de la coalición causaron inquietud en los mercados internacionales. El primero consistía en ofrecer a las pymes y a los hogares la posibilidad de recomprar a un precio reducido las deudas que no hubieran podido pagar. La medida pretendía ayudar a la recuperación financiera de esos agentes, pero en detrimento de los titulares de las deudas, en particular los inversores internacionales que las habían comprado a precios de derribo. Ante el mal humor de los mercados, la medida fue abandonada.

El Gobierno italiano intentó entonces enfrentarse a las compañías aéreas de bajo coste, en particular a Ryanair, a la que acusaba de abusar de su posición en el mercado para subir los precios de los vuelos entre la península y Sicilia y Cerdeña. En agosto se propuso un precio máximo, pero un mes más tarde dieron marcha atrás, contentándose con algunas medidas cosméticas y la apertura de una investigación.

Se creó una comisión para dar luz verde a cualquier inversión extranjera superior a 1.000 millones de euros y se decidió controlar las transferencias de tecnología. Pero en el contexto europeo, esas medidas son simbólicas y sirven sobre todo a la narrativa que intenta construir Giorgia Meloni de que el gobierno “protege” la economía italiana de las finanzas internacionales.

La realidad es muy distinta. Puede que el Gobierno de Meloni siga siendo muy popular, pero su supervivencia depende en gran medida de la buena voluntad de los mercados financieros, la Comisión Europea y las agencias de calificación. Al presentar su presupuesto para 2024, la primera ministra tuvo que modificar sus previsiones de déficit del 3,7% del PIB al 4,3%. La vuelta por debajo del 3% que esperaban los mercados el año que viene tendrá que esperar hasta 2026, mientras se financian las bajadas de impuestos.

Esta decisión ha desatado la euforia en los mercados, que vigilan a Italia, el eslabón más débil de la eurozona por razones históricas y por el peso de su deuda en su presupuesto. En tiempos de tipos de interés al alza, la desconfianza se acentúa de forma natural.

Por eso, cuando se elevaron las previsiones de déficit, el famoso spread financiero, diferencial entre el tipo italiano a diez años y su equivalente alemán, empezó a subir de nuevo. Este diferencial es la medida tradicional del riesgo italiano. A menudo ha ocupado las portadas de los medios italianos, y ha conseguido acabar con más de un gobierno electo y sustituirlo por un gobierno “técnico”. En noviembre de 2011, Silvio Berlusconi fue expulsado del poder con la ayuda del BCE bajo la presión de ese spread.

A pesar de su popularidad, Meloni no es inmune a un escenario así si el spread se descontrola. A lo largo de octubre estuvo bajo presión. El diferencial entre Alemania e Italia pasó de 163 puntos básicos (1,63 puntos porcentuales) en agosto a más de 210 puntos básicos a finales de octubre. Está muy lejos de los 563 puntos básicos de finales de 2011, pero el mes pasado se empezó a hablar de nuevo de un gobierno técnico. 

La cuestión de los tipos de interés es crucial para el Gobierno. Si los tipos de interés suben demasiado, Italia no sólo podría tener dificultades para refinanciarse, sino que el coste de su deuda podría dispararse y profundizar aún más al déficit, alimentando un círculo vicioso. Hasta ahora, la protección del BCE ha proporcionado cierta seguridad para la deuda, que ya no es tan segura.

El segundo factor importante es el acuerdo de la Comisión Europea. La vuelta a las normas presupuestarias tradicionales somete a Roma a una presión aún mayor, ya que Italia depende en gran medida de las ayudas del plan de resiliencia para sostener su crecimiento. Bruselas estima, seguramente de forma un poco exagerada, que el efecto anual de este plan sobre el crecimiento italiano será de 0,5 puntos del PIB. Como lo que falta en las cuentas italianas es crecimiento, el Gobierno necesita que Bruselas dé luz verde a su presupuesto.

Por el momento, Meloni se ha beneficiado de una tregua: el diferencial volvió a bajar a 183 puntos básicos el lunes 6 de noviembre, en gran parte debido a que las principales agencias de calificación no rebajaron la nota de Italia a finales de octubre. Pero la presidenta sabe que está bajo lupa: un rechazo de Bruselas a finales de noviembre o un deterioro del crecimiento y del déficit podrían costarle caro. 

La política de Meloni recuerda la experiencia de Liz Truss, la efímera primera ministra británica que intentó imponer recortes fiscales masivos en septiembre de 2022 y provocó una rápida respuesta de los mercados. Los inversores en deuda pública han dejado de creer en la fábula de que los recortes fiscales apoyan el crecimiento y ahora exigen medidas de garantía presupuestaria.

La jefa del Gobierno italiano también está aprendiendo la lección: su neoliberalismo clásico se ha vuelto ineficaz. Como no le queda apenas narrativa alternativa, es muy posible que en el futuro se vea obligada a aceptar la ley de los mercados financieros. Es el precio que hay que pagar por la falta de ambición y de ideas en el frente económico.

Traducción de Miguel López