El pasaporte a un narcotraficante generó la mayor crisis política del gobierno de Lacalle Pou

Sebastián Marset administraba y jugaba en el club de fútbol boliviano Los Leones El Torno, hasta que en julio de este año escapó de su mansión en Santa Cruz junto a su esposa e hijos. La policía y el gobierno boliviano lo buscaban porque sobre él pesaba una alerta roja internacional. Aún permanece prófugo. Marset es un narcotraficante de peso: comanda redes internacionales y el presidente colombiano Gustavo Petro lo acusó de estar tras el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022. Sin embargo, el gobierno uruguayo le expidió un pasaporte “exprés” mientras estaba en la cárcel en Emiratos Árabes Unidos, y a la postre fue liberado.

El hecho salió a la luz pública en marzo de 2022, cuando el semanario uruguayo Búsqueda informó que el narcotraficante había logrado obtener el pasaporte uruguayo mientras estaba en la cárcel, acusado, precisamente, de portar un pasaporte paraguayo falso. Según informó en su momento el diario El Observador, el abogado de Marset, Alejandro Balbi, utilizó una carta del gobierno uruguayo que refería a la expedición del pasaporte en Uruguay para lograr su liberación, aunque recientemente el ex ministro del Interior Luis Alberto Heber negó que la expedición del pasaporte en Uruguay haya incidido en la liberación del narcotraficante.

Desde entonces, se sucedieron explicaciones parciales, informes contradictorios y acusaciones mutuas al interior del gobierno de Luis Lacalle Pou sobre las razones de la expedición de ese pasaporte y sobre su trámite acelerado. El principal argumento del gobierno es que no había ninguna razón legal para negar la expedición de esa documentación, ya que en ese momento, Marset no tenía ninguna causa en su contra abierta en Uruguay. Sin embargo, sucedieron otros episodios que generaron dudas sobre el accionar de la administración en este tema.

En agosto de 2022, el diario El Observador reveló que la excónsul en Emiratos Árabes Unidos Fiorella Prado pidió al menos dos veces ante cancillería estudiar con más detenimiento la expedición del pasaporte, y su pedido fue desoído.

También se conoció que en noviembre de 2021, la exvicecanciller Carolina Ache recibió en su despacho al abogado de Marset, quien le preguntó por el envío de una valija diplomática que contenía el pasaporte del narcotraficante.

En diciembre de 2022, la diaria informó que la vicecanciller había sido advertida por el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, de que Marset era un narcotraficante “peligroso” y “pesado”, mediante un intercambio de mensajes de Whatsapp. Cuando se conoció este dato, y ante las críticas, Ache renunció pero en aquel momento sentenció que su único error había sido ceñirse “al deber ser y la legalidad”. Su versión de lo sucedido recién se conoció el miércoles 1 de noviembre, y desató un terremoto político.

El 22 de agosto de 2022, el Frente Amplio interpeló a los entonces ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) por la expedición del pasaporte a Marset. En esa instancia parlamentaria, el canciller aseguró: “Hoy sabemos que es un narco, cuando se gestionó el pasaporte no se sabía”. Sin embargo, como se mencionó, en diciembre se conoció que al menos Ache y Maciel estaban al tanto del perfil delictivo de Marset.

La novedad más reciente en el caso la introdujo la propia Ache cuando fue a declarar a la Justicia: el gobierno intentó ocultarle al Parlamento y a la ciudadanía la existencia de ese intercambio de mensajes entre los dos jerarcas. En ese intento de ocultamiento participaron el excanciller Bustillo, que le recomendó a Ache que “perdiera” su celular; Maciel, quien le hizo notar a la subsecretaria que no queda archivo de los mensajes borrados en Whatsapp; y el asesor en Comunicación del presidente Lacalle Pou, Roberto Lafluf, quien destruyó una documentación protocolizada que elaboró Ache en la que constaba el intercambio de mensajes con Maciel. Además, Ache declaró que hubo una reunión en una oficina del Ministerio del Interior previa a la interpelación donde las autoridades acordaron no hacer mención al intercambio de Whatsapp y aseguró que Lafluf convocó a pedido de Lacalle Pou a una reunión en las oficinas presidenciales para que los jerarcas unificaran sus versiones de cara a la interpelación parlamentaria. En ese encuentro, según denuncia Ache, le insistieron con que borrara los mensajes de su celular, a lo que ella se negó.

El sábado 4 de noviembre, en la conferencia de prensa que dio para brindar explicaciones sobre este tema, Lacalle Pou admitió haber convocado a esa reunión en las oficinas presidenciales para “tener una línea única de trabajo y de acción”, comentó que él “pasó a saludar” y aseguró que “no se ocultó información” al Parlamento. No obstante, cesó a Heber, Maciel y Lafluf (Bustillo ya había renunciado tras las declaraciones de Ache en la Justicia).

Actualmente, hay dos causas en la Justicia uruguaya que investigan este tema, ambas a cargo del fiscal Alejandro Machado. Una de ellas fue abierta por el fiscal de Corte, Juan Gómez, en septiembre de 2022, en base a la información surgida de la interpelación, y procura determinar si existió alguna irregularidad en el trámite de expedición del pasaporte. La segunda se abrió en los últimos días a raíz de las declaraciones de Ache ante la Justicia.

Esta segunda investigación penal apuntará a presuntos delitos de cohecho, abuso de funciones y destrucción de documento, y los exjerarcas de gobierno involucrados hasta el momento son Bustillo, Heber, Maciel y el asesor Lafluf, quien para muchos es uno de los artífices de la construcción comunicacional de la figura de Lacalle Pou.

NU/DTC