La fiscalía investiga si más funcionarios le pagaron al expolicía Zanchetta por “carpetas” de inteligencia ilegal

Tras la pista de la pauta oficial, el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga hasta dónde llegan la red de contactos y el financiamiento estatal al expolicía Ariel Zanchetta, procesado y detenido por realizar espionaje presuntamente ilegal y operaciones políticas a través del sitio web EnClave.ar, informaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

Hasta el momento, el fiscal tiene identificado al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y número dos de la estructura comunicacional de La Cámpora, quien le garantizó a Zanchetta una pauta de casi $2.000.000 de la provincia de Buenos Aires a cambio de “partes” de inteligencia y operaciones de prensa.

El expolicía y supuesto espía, quien aseguró a la Justicia que es periodista, es uno de los imputados en una causa centrada en tareas de presunto espionaje y hackeo a jueces, políticos, periodistas y sindicalistas. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también procesó y detuvo al misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, acusado del hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este miércoles, Pollicita obtuvo información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar y envió el material a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

Este lunes, el juez Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en el domicilio y la oficina de Rodríguez en la AFIP. En su casa, se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil.

Rodríguez, quien hasta este miércoles por la tarde no había presentado abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía.

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía.

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El encargo que compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC