La Corte Penal Internacional (CPI) celebra este martes en su sede en La Haya la primera audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este miércoles se llevará a cabo la segunda sesión.
En esta jornada, se espera que sea presentado el recurso de apelación del régimen de Venezuela contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
La Sala de Apelaciones en esta apelación está integrada por el Magistrado Marc Perrin de Brichambaut, el Magistrado Presidente, el Magistrado Piotr Hofmański, la Magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza, el Magistrado Solomy Balungi Bossa y el Magistrado Gocha Lordkipanidze.
En representación del régimen de Nicolás Maduro acudieron a la CPI el canciller Yvan Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe, y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público Karen García.
Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública y Sensibilización de la Corte Penal Internacional, indicó que, en términos generales, lo que se está dirimiendo es una cuestión de admisibilidad de una situación ante la CPI. Todo esto bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Fiscal de la Corte.
Fue en junio pasado cuando los jueces de la sala de cuestiones preliminares autorizaron al fiscal de la CPI a seguir con las investigaciones, al considerar que si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI.
La República Bolivariana de Venezuela apeló esa decisión. En estas audiencias no se dictará una sentencia. La decisión de los jueces se emitirá más adelante.
Durante estos dos días se brindará la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del régimen venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actuará en nombre de los intereses generales de las víctimas, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a preguntas de los jueces.
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