Estarían encubriendo complicidad policial con peligrosa gavilla de asaltantes de Yguazú

Los miembros de la Asociación Japonesa de Yguazú fortalecen las sospechas de complicidad policial con la gavilla de peligrosos asaltantes y violadores, liderada por Julio César Resquín, desbaratada parcialmente el mes pasado. La detención de una agente de Policía de Naranjal y el hallazgo en poder de los delincuentes de un uniforme policial y otros elementos pertenecientes al subcomisario Pedro Regalado López Ibarra, quien hasta hace poco se desempeñó como jefe del puesto policial del Km 60, colonia Santo Domingo, hacen sospechar que los criminales contaban con “ayuda policial” para cometer sus fechorías.

Desde un principio, colonos de la comisión de seguridad de Yguazú apuntaban que era “prácticamente imposible” que los delincuentes cometieran más de 20 atracos en la región, impunemente e inadvertidos por las fuerzas policiales encargadas de velar por la seguridad en la zona de influencia de la banda criminal.

Recordemos que el pasado 19 de octubre, se ejecutó la primera fase del “Operativo Heiwa” en la zona de Tavapy, en cuyo marco fueron imputados César Darío Resquín Ríos, Ramón Ríos Melgarejo, Alcides Resquín López, Ricardo Resquín López y Julio César Resquín López (estos dos últimos aún prófugos de la justicia), procesados por robo agravado, asociación criminal, reducción y producción de riesgos comunes en su forma agravada.

Julio César Resquín López, considerado el “cerebro” de la banda criminal que tuvo en zozobra a a los habitantes de Yguazú durante meses. De acuerdo con los datos, los hermanos Julio César, Ricardo, Alcides y César Darío Resquín López, además de Ramón Ríos Melgarejo, estando encapuchados, con armas largas y cortas irrumpían en las viviendas de los productores agrícolas (principalmente colonos de origen japonés) para robar dinero, joyas, vehículos y otros artículos de valor. En al menos seis casos, Ricardo y Alcides Resquín López sometían sexualmente a sus víctimas, a modo de intimidación y para saciar sus bajos instintos, según manifestaron de los colonos.

COMPLICIDAD POLICIAL

Uno de los hechos más llamativos ocurridos en el marco del “Operativo Heiwa” es el hallazgo de indumentaria policial, propiedad del subcomisario Pedro López Ibarra, en el domicilio de Julio César Resquín, allanado por personal del Dpto. Antisecuestros y el agente fiscal Alfredo Acosta Heyn, quien trabaja en el caso conjuntamente con la fiscal antisecuestros Zunilda Ocampos. Fueron hallados la campera con el portanombres de López, chaleco táctico de la Policía Nacional y municiones diversas, entre otras pertenencias que serían de Pedro López.

Para intentar “justificar” el escandaloso hallazgo, un colono de Yguazú declaró que los uniformes y otras pertenencias de Pedro López “estaban depositados en su casa” y que supuestamente en julio de este año sufrió un asalto, en donde presuntamente los bandidos se llevaron los bienes del cuestionado agente policial.

Sin embargo, llamativamente López no denunció en su momento el presunto robo de su uniforme, lo cual es considerado una falta grave dentro del reglamento disciplinario de la Policía Nacional y tiene fuertes sanciones. La única prueba, de haber realizado alguna vez la denuncia de la “pérdida” de su uniforme es un acta notarial de transcripción de mensajes de audio y texto entre López y el civil Ichiro Fukui, el cual presentaron a la Fiscalía como supuesto “elemento de prueba”, aunque esto no tenga ninguna validez jurídica o legal.

El subcomisario Pedro Regalado López Ibarra era considerado “intocable” hasta hace poco en la zona de Yguazú. El mismo presenta un estilo de vida ostentoso, participando incluso de costosas “jinetadas” en su natal San José de los Arroyos. De acuerdo a los datos, un primo suyo, el comisario Alcides Florentín Ibarra, era jefe de la comisaría 9ª del distrito de Yguazú. De acuerdo a lo indicado por miembros de la comisión de seguridad de este municipio, mientras Alcides Florentín Ibarra era jefe de dicha comisaría, ocurrieron 22 asaltos en la comunidad, de los cuales ninguno fue aclarado en su momento.

Así también, Pedro López Ibarra es hermano del agente policial José Javier López Ibarra, exagente de Investigaciones de Delitos que prestaba servicios en CDE, apresado por extorsión e imputado por la fiscal Zunilda Ocampos, junto a otros tres camaradas. Los imputados son Richard René Rojas Vera, Mauricio González Flor, José Javier López Ibarra y Pedro Antonio Blanco González, por los hechos de privación ilegítima de libertad, extorsión, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. El grupo había sido denunciado el 16 de mayo pasado por una pareja que se declaró consumidor de estupefacientes, quienes fueron exigidos a pagar 10.000 dólares y luego G. 35 millones, para que su caso no pase a la Fiscalía, conforme a la denuncia. Como no se negoció con las víctimas, uno fue presentado como microtraficante.

MÁS POLICÍAS INVOLUCRADOS

Otra agente policial que aparece involucrada con esta gavilla de asaltantes y violadores es la suboficial María Soledad Rojas Domínguez, quien prestaba servicios en la comisaría de Naranjal. La misma actualmente está imputada por su vinculación con un asalto con toma de rehén en perjuicio de una familia japonesa.  La misma fue detenida tras aparecer como sospechosa en el transcurso de la investigación. Según los antecedentes, el 11 de septiembre pasado la banda criminal liderada por Julio César Resquín irrumpió en el domicilio de la pareja compuesta por Claudio Tooru Saijo Nakahoe y Erika Setsuko Ueno de Saijo, localizado en el km 45 de Yguazú.

Los bandidos se alzaron con un automóvil Honda Accord, con matrícula BTK 313, electrodomésticos, electrónicos, ropas y dinero. El 26 de septiembre pasado, en allanamiento en un taller ubicado en el barrio Che la Reina de Ciudad del Este, una comitiva fiscal-policial recuperó el automóvil robado. Además, detuvieron al tapicero Julián Vergara Martínez, alias “Kurepa”, quien pretendía modificar el rodado. Luego los investigadores rastrearon el trayecto recorrido por el vehículo desde Yguazú a Ciudad del Este. En las grabaciones aparecen la policía María Soledad Rojas Domínguez y Rolando Paiva Delvalle (prófugo). Ante las evidencias, el fiscal Alfredo Acosta Heyn imputó a Rojas Domínguez por supuesta reducción.