Fernando Cristino busca que el Estado uruguayo le pague US$150.000 por “daños y perjuicios”

Fernando Cristino, conocido empresario y relacionista público (vinculado con la vicepresidenta, Beatriz Argimon), ha iniciado un proceso legal inusual. Ha demandado al Estado por la suma de US$150.000 en concepto de daños y perjuicios que alega haber sufrido debido a su condena por provocar disturbios en un hotel en el año 2020.

Según Cristino, en ese momento, estaba atravesando una patología psiquiátrica y se encontraba en una situación de “incapacidad absoluta” para enfrentar un proceso judicial.

Fernando Cristino enfrentó una acusación seria por su presunta participación en disturbios ocurridos en un hotel durante el año 2020. Este incidente lo llevó a enfrentar cargos legales que pusieron en peligro su reputación y bienestar. Lo que hace que este caso sea particularmente inusual es el hecho de que durante el momento de su condena, Cristino alega que estaba lidiando con una patología psiquiátrica.

En un momento dado, Cristino y su defensa se presentaron en una audiencia de conciliación. En la audiencia, se reunieron con representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio del Interior. La meta de la audiencia era alcanzar un acuerdo en relación con los daños que Cristino asegura haber sufrido. Sin embargo, la resolución de la audiencia no resultó como esperaba.

Cristino fue condenado tras firmar un acuerdo abreviado en julio de 2020. Los delitos que se le imputaron incluyeron violencia privada y atentado. Estos cargos surgieron a raíz de un incidente en el que Cristino amenazó a un empleado de un hotel en Punta Carretas, con quien mantenía una disputa por una deuda.

La demanda por daños y perjuicios

La sociedad en su conjunto ha seguido de cerca el caso de Fernando Cristino. Las discusiones sobre la justicia, la salud mental y la responsabilidad de las instituciones gubernamentales han sido temas recurrentes en los medios de comunicación y entre la opinión pública.

Fernando Cristino ha decidido llevar su caso un paso más allá al demandar al Estado por los daños y perjuicios que asegura haber sufrido. La demanda por una suma de US$150.000 es un intento de buscar justicia y reparación por lo que él considera un proceso injusto y perjudicial.

Las reacciones a este caso han sido variadas. Mientras que Fernando Cristino busca justicia y reparación, las instituciones gubernamentales y judiciales han defendido sus acciones. Este conflicto legal ha generado un debate intenso en la sociedad.