Coalición multicolor aprobó proyecto de prisión domiciliaria: ¿Quiénes se verán beneficiados?

Legisladora del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto han aprobado un proyecto de ley unificado destinado a regular el uso de la prisión domiciliaria en Uruguay. El texto final, que ha recibido la aprobación de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, establece que el otorgamiento de este beneficio no será en ningún caso obligatorio, lo que se considera un punto crucial de la legislación.

La decisión de conceder la prisión domiciliaria recaerá en manos del juez competente, quien deberá considerar una serie de factores de especial relevancia al tomar su decisión. Estos factores incluyen circunstancias familiares que puedan impedir la internación del acusado en prisión, la condición de embarazo a partir del quinto mes de gestación o la lactancia materna de una madre.

También se toma en cuenta la existencia de una enfermedad grave que ponga en riesgo la vida o la salud del acusado. En estos casos, el juez deberá solicitar la historia clínica al proveedor de servicios de salud del individuo involucrado.

Además, se contempla la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a aquellos que tengan 65 años de edad o más, cuando su permanencia en prisión afecte negativamente su salud o dignidad humana, siempre que este beneficio no implique riesgos para terceros de acuerdo con la gravedad del delito cometido.

En casos de violación, abuso sexual, homicidio especialmente agravado, genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, el juez deberá basarse en informes médicos y en la historia clínica del proveedor de salud. También se tomará en cuenta si el acusado es reincidente o tiene un historial delictivo para decidir sobre la prisión domiciliaria. Una vez que se recopilen todos los informes mencionados, el juez dará vista al Ministerio Público y Fiscal y a la defensa para ser escuchados antes de tomar su decisión.

En caso de que los motivos que justificaron la prisión domiciliaria desaparezcan, el juez, a solicitud del Ministerio Público y Fiscal y previo informe pericial, podrá ordenar el traslado del acusado de vuelta a un centro de detención.

Es importante destacar que la prisión domiciliaria no se permitirá en situaciones en las que el acusado deba convivir con sus víctimas o cuando represente un riesgo de fuga, ocultación o interferencia en la investigación.

Se espera que este proyecto de ley sea sancionado la próxima semana, lo que marcará el final de un proceso que se ha extendido por más de tres años. Inicialmente, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que proponía la prisión domiciliaria obligatoria para personas mayores de 65 años, una iniciativa que fue objeto de fuertes críticas por parte del Frente Amplio y organizaciones de derechos humanos, quienes argumentaban que beneficiaría directamente a los acusados de crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el Partido Nacional presentó un proyecto alternativo, al cual se le realizaron modificaciones propuestas por los colorados.