Defensoría evidencia fallas en fechas del Censo y excesos en el paro de 2022

La Defensoría del Pueblo presentó ayer el informe sobre el paro de los 36 días, el conflicto que estalló hace un año luego del cambio de fechas del próximo censo nacional.

De hecho, esa es primera conclusión del Informe Defensorial sobre el Conflicto del Censo Nacional de Población y Vivienda. Evidenció esas fallas “en la planificación”, pero sin mencionar a los responsables en la parte conclusiva del reporte. Observó, además, excesos durante la protesta más larga de la historia de Santa Cruz.

“Se presentaron modificaciones en las fechas de su ejecución hasta el último momento, a pesar de haberse garantizado durante todo el primer semestre de 2022 su realización para el mes de noviembre; fallas que generaron susceptibilidades de potenciales efectos políticos y económicos negativos para el departamento de Santa Cruz y se convirtieron en una excusa política para alentar tensiones”, señala el reporte presentado por el defensor Pedro Callisaya.

Ante la decisión del Gobierno nacional de mover la fecha, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo llevó adelante entre octubre y noviembre de 2022, un paro que duró 36 días. En ese tiempo hubo excesos y cuatro fallecidos. Ante ello, el reporte anota “la falta de capacidad del Estado” para prevenir conflictos. En este aspecto, el Defensor no precisó el grado de responsabilidades de las entidades públicas en este conflicto.

Antes de que se conozca el informe defensorial, la Fiscalía imputó de “terrorismo” y otros delitos a las autoridades y dirigentes cívicos que lideraron el paro. El Defensor “recomendó” al Ministerio Público investigar las cuatro muertes; agresiones a periodistas, mujeres y dirigentes indígenas.

Los representantes regionales rechazaron el informe calificándolo de “sesgado y parcializado” porque se acusa a la población por los desmanes ocurridos durante los días del paro. Además, también observaron que se da a conocer casi un año después y cuando cinco de sus integrantes fueron imputados por la movilización.

Esa denuncia, presentada por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, es contra el expresidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; el vicerrector, Reinerio Vargas, y el asesor del comité, José Luis Santistevan.

Informe y reacciones

Una de las conclusiones del informe es que el Estado no cumplió adecuadamente su deber de garantizar el derecho a la protesta, además de no aplicar la suficiente diligencia para adoptar medidas de protección frente a agresiones de manifestantes y terceros.

“Existió insuficiente capacidad del Estado para asegurar una diligente y efectiva protección de los derechos humanos de la población en la ciudad de Santa Cruz, a la vez que incumplió su obligación de adoptar medidas de protección a favor de los periodistas y trabajadores de la prensa”, dijo el represente del Defensor Callisaya.

El vicerrector Vargas señaló que el informe “victimiza” al Estado como si la población hubiera sido la que trasgredió las normas, cuando el paro fue producto del incumplimiento del Gobierno. Por su parte, Calvo manifestó que el documento es “tibio” porque no reconoce la violencia ejercida por el Gobierno contra la población.

Santistevan dijo que el documento no habla de la “fuerza desmedida” que utilizó el Gobierno en reemplazo del dialogo y tampoco de los responsables de haber postergado la fecha del censo.

Martin Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, dijo que no hace referencia a que el paro “fue una protesta multisectorial” y no una atribución exclusiva de la la entidad cívica, la Gobernación o la universidad.