La ausencia del Estado en las poblaciones fronterizas otra vez preocupa por la violencia y complicidad de la Policía. Esta vez se trata de Desaguadero, ciudad boliviana en la frontera con Perú, distante a 100 kilómetros de La Paz. Esta región del altiplano andino, a unos 3.500 metros de altura, está dominada por clanes familiares que se dedican al narcotráfico, al contrabando de mercadería, a la venta ilegal de mercurio y hasta a la trata y tráfico de personas.
El 22 de septiembre, se produjo una balacera en una carretera próxima a la frontera de Desaguadero, donde murieron dos personas, una sargento de la Policía y una informante. Asimismo, resultó herido, aunque logró sobrevivir, otro sargento de Policía.
Con las investigaciones y el transcurrir de los días, hay más sospechas que certezas. Llaman la atención la orden para realizar el “operativo” en Desaguadero; la vestimenta de los policías y la presencia de un vehículo incautado en el lugar, son las tres incongruencias que salieron a la luz luego de que declarara Jhonny Rivera Paniagua, que fue removido de su cargo como director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
Y es que los delitos mencionados han perforado la institución verdeolivo, por eso la desconfianza de los bolivianos en las entidades que son las que deben precautelar la seguridad de los ciudadanos y luchar contra los ilícitos. La falta de ética, principios y valores ha normalizado las irregularidades que protagonizan los policías.
Los efectivos entraron en contradicciones con sus jefes superiores. Ahora, nadie sabe quién ordenó el ‘operativo’ y por qué los policías iban vestidos de civiles. Sin embargo, el vehículo incautado tiene residuos de cocaína. Entonces, es evidente que hubo cierta planificación previa.
El tráfico de la pasta base de cocaína y del clorhidrato de cocaína, que son producidos en la selva peruana, goza de libertad en Desaguadero, límite con Perú. Existen puntos ilegales que se transformaron en una alternativa de ingreso a Bolivia. Ya no pasan cerca del punto fronterizo oficial, si no que utilizan vías clandestinas en medio del altiplano paceño. Esto es algo similar a lo que ocurre en la localidad de Pisiga en la frontera con Chile.
¿Y cómo funciona el negocio? Las mafias peruanas se adueñaron de la mencionada población. Y en la parte boliviana operan las mismas bandas con apoyo de ciudadanos nacionales. Las organizaciones delincuenciales introducen en más cantidad pasta base de cocaína y algunos llevan de vuelta a Perú mercurio de manera ilegal. Mercurio que se puede comprar en Bolivia sin restricciones y permite la explotación ilegal del oro.
Existen al menos cinco poblaciones bolivianas conectadas con comunidades peruanas por donde pasa el narcotráfico y los productos de contrabando. Además, no hay control policial ni militar, lo mismo que ocurre en todas las fronteras de Bolivia.
El narcotráfico ha perforado a la Policía, fue evidente cuando el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset escapó del país y dijo que fue ‘colaborado’ por efectivos policiales y ahora también cuando se observa que mueren en confusos operativos.
La pregunta es ¿cuándo el Gobierno hará una reestructuración del personal policial que permita devolverle la confianza a la población? ¿Qué esfuerzos se hacen para desterrar la corrupción y recuperar la credibilidad de la entidad del orden?
Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.
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