El incremento de los incendios forestales coincide con la aplicación del “Plan de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola”. Así, la contaminación ambiental golpea a casi todo el país y Bolivia ya enfrenta una “crisis múltiple”, alertan expertos medioambientalistas que hacen notar la ausencia de fiscalización y sanciones a los que provocan quemas. La Autoridad Boliviana de Bosques (ABT) activó 127 procesos sin castigos.
Según datos oficiales, de enero a la fecha los incendios afectaron a más de dos millones de hectáreas. Ambientalistas y líderes de la oposición cuestionan la falta de prevención del Gobierno central y alertan que a la población boliviana le toca enfrentar “una catástrofe social y humanitaria”. El Gobierno reclama mayor protagonismo de los gobiernos subnacionales.
“Crisis múltiple”
Este 2023, Bolivia está viviendo una situación de “crisis múltiple”, alertó a EL DEBER la senadora Cecilia Requena de Comunidad Ciudadana (CC). Puntualizó que entre esos puntos están la crisis por el agua, la crisis por los incendios crecientes y la crisis por la calidad del aire que afecta a todos los seres vivos y a todos los ecosistemas.
“Hemos llegado al nivel de los 213 ppm (partes por millón) en Santa Cruz, eso es terrible, respirar es envenenarse, eso es lo que está haciendo esta deriva en la que nos tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS) y le llama desarrollo. Estamos tomando agua contaminada, estamos respirando aire contaminado. La OMS establece que entre las causas de muertes prematuras la más importante es por la contaminación del aire”, alertó Requena.
En tanto, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) sostuvo que los problemas medioambientales en Bolivia se están convirtiendo “en una catástrofe social y humanitaria debido a la devastadora sequía y contaminación provocada por los incendios” que afectan a la salud y a la subsistencia. Exigió al Gobierno central que declare emergencia nacional.
“El Gobierno no puede seguir con la improvisación, la tolerancia y la propaganda engañosa, debe declarar emergencia nacional articular esfuerzo con los gobiernos subnacionales y concentrarse en las soluciones y mitigación de todos los daños”, pidió Mesa.
Gobierno
Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) de enero a la fecha “se tiene una superficie afectada por quemas e incendios de aproximadamente de 2.012.252 hectáreas (ha)”. De esa cantidad, el 23% es bosque y el 77% en “no bosque”, como áreas agropecuarias, sabanas, y otros.
Beni es el departamento más afectado por los incendios con 1.381.124 ha (69%); seguido de Santa Cruz, con 355.795 ha (18%); La Paz, con 199.003 ha (10%); Cochabamba, con 43.383 ha (2%); Pando, con 25.909 ha (1%); Tarija, con 3.124 ha (0,2%); Chuquisaca, con 2.413 ha (0,1%); Potosí, con 861 ha (0,04%); y Oruro, con 639 ha (0,03%).
En 2022, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua reportó que en Bolivia se quemaron un total de 4.466.540 hectáreas y una “reducción significativa de incendios forestales”, con relación a años pasados.
En 2021 los incendios arrasaron con 4,2 millones de hectáreas, en 2020 se registró 5,2 millones y en 2019 más de 6 millones de hectáreas arrasadas por el fuego.
Es por ello que desde el Gobierno central hablan de una “reducción significativa de incendios forestales”, un discurso que para la senadora Requena, experta en temas de medioambiente, es una total falacia.
“No podemos hacer esa medición afirmando que ‘este año hemos quemado menos hectáreas que el año pasado’ porque es un agregado, son hectáreas quemadas de bosque en pie que se suman a todo lo que se ha quemado antes y con todo eso nos estamos acercando a los puntos de quiebre donde, por ejemplo, el bosque amazónico puede empezar a morir porque no tiene suficiente cobertura vegetal para sostener las lluvias”, alertó la experta.
La legisladora afirmó que actualmente no existen “datos independientes” que muestren la cantidad de hectáreas quemadas y el nivel de afectación porque el Gobierno central se ha encargado de acallar a las organizaciones independientes. “Nos quedamos con información oficial insuficiente, que no es creíble y que de manera clara minimiza, oculta y niega el problema”.
Sin sanciones
Ayer, la ABT informó que inició 127 procesos contra los responsables de quemas no autorizadas. “De los 127 procesos sancionatorios al 23 de octubre, 60 citaciones están en comunidades campesinas, nueve en comunidades indígenas, 55 en propiedades privadas, una en comunidad agropecuaria y dos en comunidades originarias”, explicó el director Gestión y Desarrollo Forestal, Omar Tejerina.
El artículo 206 del Código Penal establece penas de dos a seis años de cárcel para estos delitos, lo que no amerita la detención preventiva y los responsables pueden salir con el perdón judicial. Estos procesos, sin embargo, son escasos.
Gente armada
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, denunció que los bomberos forestales no pueden cumplir su trabajo de apagar incendios en lugares donde hay asentamientos ilegales, porque son amenazados por personas armadas.
“Los bomberos forestales denunciaron que hay zonas donde no pueden ingresar porque se han encontrado con personas armadas, que les han prohibido el ingreso”, informó la autoridad del Legislativo departamental tras la reunión que se realizó del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).
De su lado, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín, dijo que no conoce el tema pero que hará las investigaciones necesarias y si se confirman las denuncias iniciarán acciones y procesos que manda la ley. Sin embargo, el funcionario policial atribuyó el tema a una “bandera política” que según su perspectiva “utiliza” el Gobierno departamental de Santa Cruz.
“Sabemos que para la Gobernación el tema de avasallamientos, tomas violentas, gente armada, es una bandera que la ha estado utilizando como pretexto para muchas cosas que se están dando, especialmente en el agro”, afirmó Holguín.
La representante del Colectivo Árbol, Eliana Torrico, afirmó que en Bolivia se vive una “situación extremadamente crítica” por el alarmante nivel de quemas lo que a su vez genera una elevada contaminación ambiental y dijo que el Gobierno es el responsable de garantizar a la población un ambiente sano, pero son las mismas políticas públicas mediante leyes que permiten las quemas sin control ni fiscalización.
“Lo que está sucediendo es un atentado contra la salud pública, es un atentado contra nuestro patrimonio natural. Es un crimen porque afecta no solamente a la especie humana sino a todas las especies con las que compartimos los recursos naturales”, afirmó Torrico a EL DEBER.
Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.
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