HC cree que la DEA está detrás de dichos del testigo colombiano

Al mismo tiempo que se somete a la Fiscalía nacional para que lo investiguen en el caso Marcelo Pecci, llamativamente el titular de la ANR Horacio Cartes va consolidando su poder político y con ello su influencia sobre la Justicia paraguaya que llegado el caso lo deberá juzgar. En la espera de lo que podría venir de Colombia o de Estados Unidos, HC ya abre el paraguas antes que llueva, al decir su abogado que desea saber si la DEA está detrás de las declaraciones del testigo clave de la fiscalía colombiana, que lo había vinculado al caso Pecci como “autor intelectual” del terrible crimen. Mientras ocurre esto, el presidente Santiago Peña ya no aparece en fotos con su mentor político, dejando el interrogante si es sólo una estrategia para dar la impresión de una mayor autonomía en algunas decisiones, pero no como un real distanciamiento con el líder colorado.

Tal como se había adelantado en Primera Plana la semana pasada, Horacio Cartes prefiere ponerse a disposición del Ministerio Público paraguayo en el caso Marcelo Pecci, después de la acusación proveniente del “cerebro” colombiano para la ejecución del magnicidio.

Es lo que más le conviene evidentemente y pone de resalto lo que hace tiempo debió haber acontecido, como forma de aclarar a nivel local quién dio la orden de matar al fiscal antidrogas.

Pero también hay que entender la cuestión en términos políticos, ya que HC sale más fortalecido en su poder fáctico, agudizando un atribulado comienzo de gestión de Santiago Peña que aparece muy dependiente de las órdenes emanadas del Patrón, según se pudo sondear en los corrillos parlamentarios.

Se dio el paso indicado por los abogados y HC se sometió prioritariamente a la justicia paraguaya, previendo seguramente lo peor en el caso que en Colombia otros participantes en el alevoso crimen avalen lo declarado por Francisco Luis Correa Galeano, el testigo clave de la fiscalía de aquel país, en el sentido de atribuir la supuesta orden para el asesinato de Marcelo Pecci a Horacio Cartes y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Es que a todas luces es preferible tener la causa penal controlada en el Paraguay y no estar supeditado a lo dictado por la justicia colombiana, que de cualquier manera también tendría atribuciones para solicitar eventualmente la extradición de Cartes, aunque todo estará sujeto al rumbo que tome la investigación de la fiscalía y la justicia de nuestro país, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.

¿Está la DEA detrás?

Surge la pregunta después que el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, afirmase en una radio capitalina que HC había contratado a abogados colombianos para que investiguen si la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, se habría acercado al testigo “estrella” de la fiscalía del país del norte sudamericano con el fin de que dijera que Horacio sería el “autor intelectual” del magnicidio.

Con más razón se puede concluir ahora el por qué del camino tomado por la defensa de Cartes, al ponerle prioritariamente a su cliente bajo la jurisdicción de la justicia nacional, en vez de esperar lo que venga de Colombia o hasta de los Estados Unidos, como un posible pedido de extradición para la realización de un juicio en el exterior del país.

Al presentarse como defensores de HC ante el Ministerio Público, los abogados Pedro Ovelar Valenzuela y Juan Verón prácticamente allanaron el camino al acta de imputación, al citar el artículo 74 del Código Procesal Penal, que expresa que “se denominará imputado a la persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible”. Y es el caso de Horacio Cartes, a quien dentro del juicio en Colombia por el asesinato, el testigo principal lo señaló como quien dio la orden de matar a Pecci, junto a “Tío Rico” Insfrán, el supuesto narco detenido en el marco del operativo A Ultranza Py.

El sometimiento de HC a la Justicia por la acusación de ser el “autor intelectual” del homicidio de Pecci, conlleva naturalmente la aplicación del procedimiento establecido en el mismo Código Procesal Penal, comenzando por ponerse a disposición de los fiscales Cristian Ortiz, Carlos Alejandro Cardozo, Osmar Legal y Francisco Cabrera, quienes han sido encargados de la investigación por parte del fiscal general Emiliano Rolón.

La presentación ante la fiscalía adelantándose al acta de imputación, no implica desde luego “aceptar los cargos” como se insinuó en los pasillos tribunalicios entre algunos letrados, sino por el contrario la demostración de que a Cartes le conviene más direccionar su propio juicio en un terreno como el de la justicia paraguaya, que puede controlar más cómodamente al no estar sujeto a la justicia colombiana, porque al presentarse allá podría hasta quedar detenido, al contrario de su presentación ante la justicia nacional donde mantiene la libertad de movimientos pese a estar sometido ya a juicio antes de ser acusado.

Como abriendo el paraguas antes que llueva, el mismo abogado de Horacio, Pedro Ovelar, informó que el Patrón decidió contratar un estudio jurídico colombiano para que investigue “si la DEA llegó a contactar con el testigo de la fiscalía Francisco Correa”.

De este modo, el propio Cartes está insinuando ya que la mismísima DEA (la agencia antidrogas norteamericana), estaría detrás de lo declarado por el cerebro del magnicidio, lo que llevaría a exponer al Gobierno norteamericano como apareciendo en carácter de directamente interesado en culpar del crimen a Cartes y a “Tío Rico”.

El Gobierno en aprietos

Santi Peña está poniendo a prueba su presidencia en la medida en que su mentor político HC demuestra que mantiene el poder político y fáctico pese a estar sometido a la justicia. Así, no podía ser más convulsionado el proceso de la relación Cartes-Peña en el comienzo de la gestión gubernativa de éste último, principalmente por el escaso margen de maniobra del presidente ante las directivas provenientes del equipo político instalado en el quincho de la calle España.

Si bien es cierto que Cartes es el que ejerce el poder fáctico desde la calle 25 de mayo en la junta de gobierno de la ANR, como se vio al recibir el jueves 19 al senador Natalicio Chase y darle la bienvenida como nuevo integrante del movimiento Honor Colorado, así como flamante miembro de la bancada cartista en el Senado, lo que aparece en forma inequívoca es que Santi no tiene la suficiente cintura como para esquivar las órdenes que provendrían del equipo político que da las directivas al Ejecutivo ejercido por el cartismo y en el que aparece Peña con un poder nada más que nominal, con autonomía sólo para las cuestiones económicas y con poco margen de actuación propia en la temática política.

Esto se vio notoriamente en el caso de los 185 funcionarios excluidos del plantel de Itaipú Binacional, que habían sido incorporados casi al final del mandato de Marito Abdo. Santi se vio forzado a mantener el silencio frente a los reclamos de los profesionales despedidos que llegaron a pisotear sus títulos universitarios en las manifestaciones causadas por el despido masivo, confirmando que se cumplían los anuncios del propio Peña en campaña electoral, cuando había dicho muy suelto de cuerpo que una afiliación a la ANR era más efectiva para conseguir empleo público que un título conseguido tras años de mucho esfuerzo, lo cual llenó de consternación en su momento a los titulados universitarios.

Pero el hecho cierto es que la cesantía de los recientemente incorporados a Itaipú se entiende más como un resultado de la pugna política creciente con el abdismo, al que se le había avisado ya con anticipación que el cartismo no toleraría incorporaciones a las binacionales poco antes del final de gestión de Marito. Incluso se supo que el mismo Santi había solicitado antes de asumir que la Argentina frenase los pagos en Yacyretá previendo que supuestamente Nicanor Duarte, antes de dejar el cargo de director de la EBY, se quedase con algún “resto”, afectando así el manejo administrativo de la binacional por consideraciones netamente de “vendetta” política.

Pero este libreto cartista, como varios otros provenientes de la época electoral, no le sienta bien a un presidente que ya debe presentarse como de todos los paraguayos, más aún cuando hay que reconocer los derechos laborales de personas que ingresaron bajo aparentemente exigentes procesos de selección en Itaipú o en cualquier otro organismo estatal que se precie de su seriedad en el cumplimiento de lo que debería ser un riguroso concurso para contratar a los mejores técnicos, con el fin de servir a la ciudadanía desde los puestos públicos.

Si Peña actuó bien en vetar la ley impulsada por Basilio “Bachi” Núñez para expropiar centenares de hectáreas de parcelas públicas sobre el río Paraguay a favor de “sintierras VIP”, lo que fue aplaudido por la ciudadanía y apoyado por la mayoría legislativa colorada y cartista-liberal, queda por ver si esta señal de autonomía frente a las imposiciones que vendrían del Quincho pueden seguir, en momentos en que ya antes de los 100 días de gobierno se hace difícil que tanto HC como Santi se junten para una foto, tras lo ocurrido en el palco del estadio Defensores del Chaco, donde, según las malas lenguas, se habría aconsejado a ambos no estar sentados uno al lado del otro, a tal punto que Peña y la primera dama se acomodaron en otro lugar bastante alejado de Cartes, quien sí ocupó el palco principal con los ministros y sus respectivas parejas, para observar el partido Paraguay-Bolivia por los eliminatorias, el pasado martes 17 de octubre.

La prioridad para el Patrón, sin lugar a dudas, está en mantener firme su baluarte en el control de la Justicia a través de sus organismos extra-poder, como son el Consejo de la Magistratura, a las puertas de una elección de la representación de los abogados, y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde casualmente, o en forma no tan casual, los legisladores cartistas que representan al Legislativo en ambos colegiados son cuestionados en sus títulos habilitantes para ejercer la abogacía en forma legal.

En estas condiciones, se le hace cuesta arriba a Santi Peña un ejercicio del poder legal que sea aceptable para una ciudadanía deseosa de que cumpla con las metas propuestas de lucha contra la corrupción, que es la base para el progreso económico y social. Si no puede desmarcarse pronto de este lastre, cada vez más dependiente resultará del poder fáctico de Horacio Cartes.

Escribe: Luis Alen.