Repudiable injerencia política en elecciones de los abogados

La Constitución vigente creó el Consejo de la Magistratura para que elabore las ternas de candidatos a integrar las diversas magistraturas y fiscalías, teniendo en cuenta los méritos y las aptitudes de los postulantes. Como órgano independiente de los poderes del Estado y de composición diversa, se pretendía que garantizara una selección imparcial, ajena a la influencia de factores político-partidarios. Solo tres de sus ocho miembros –un representante del Poder Ejecutivo, un diputado y un senador–están vinculados a órganos políticos; los otros provienen de la Corte Suprema de Justicia y de los gremios de abogados y de profesores de Derecho. Cabría esperar, pues, que al menos cinco de los miembros del Consejo estén en condiciones de evaluar la idoneidad y la honorabilidad de los candidatos sin dejarse influir por su adhesión a ningún partido político.

La experiencia demuestra, sin embargo, que la intención de los convencionales constituyentes ha sido distorsionada por la partidocracia. Se ha recurrido sistemáticamente al llamado cuoteo político. Tanto, que la elaboración de las ternas ya es algo casi meramente formal, pues en cada una de ellas suele haber en verdad un solo candidato: el que responde al partido dueño del cupo. No se trata solo de que el Senado o la Corte Suprema de Justicia elijan finalmente a los candidatos por su afiliación, sino que ya de entrada el Consejo de la Magistratura los propone según ese criterio.

El 28 de octubre próximo, el gremio de abogados elegirá a su representante en el CM. No cabe ninguna duda que los referentes de Honor Colorado trabajan por la candidatura de Enrique Berni para las elecciones.

En el Consejo, son aliados del cartismo seis de ocho miembros: Gustavo Miranda, vicepresidente del ente, representante de las universidades nacionales; Enrique Kronawetter, representante del Poder Ejecutivo, Édgar López, representante del Senado, liberal aliado al cartismo; Édgar Olmedo, representante de Diputados, de Fuerza Republicana, designado por acuerdo con Honor Colorado; Jorge Bogarín, representante del gremio de abogados, y César Ruffinelli, representante de las universidades privadas.

En el Jurado, los aliados del cartismo son Hernán Rivas, Alejandro Aguilera, César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Orlando Arévalo y Enrique Kronawetter. La postura del Cartismo confirma lo que siempre se sabía; para la elección de miembros, prima el carnet partidario e inclinarse ante el patrón.

Siendo así, solo cabe inferir que resulta innecesario un cuerpo colegiado que no sirve sino para dar un barniz de respetabilidad a los frutos de oscuras negociaciones políticas.  Llama la atención que la mayoría de los abogados y profesores universitarios que forman parte de ese órgano se haya venido prestando a desempeñar un rol tan secundario como el de formalizar lo resuelto en otros ámbitos y completar unas ternas engañosas.

La partidocracia reinante contaminó ese órgano diseñado con la mejor de las intenciones, y, al hacerlo, pervirtió el espíritu de la Constitución. Por eso, sostenemos que hace falta que los actores políticos y los ciudadanos actúen de tal modo que se logre lo que busca nuestra Carta Magna. Es repudiable desvirtuarla en función de intereses partidarios. El Consejo de la Magistratura debe estar compuesto por los mejores, no por los que tengan la “bendición” del patrón o la venia del cacique partidario de turno.