No se puede seguir retrasando habilitación de nuevas cárceles

El sistema penitenciario nacional es simplemente desastroso: no sirve para proteger a la sociedad ni para readaptar a los reclusos. Sin embargo, resulta preocupante ver que el nuevo gobierno está teniendo enormes problemas, heredados de la administración incompetente anterior y que ahora literalmente le están “explotando en las manos”. Tal es el caso de Tacumbú, donde los reclusos hicieron una revuelta y casi “tomaron” la cárcel. En CDE, se informó que son apenas 20 los guardiacárceles encargados de custodiar a unos 1.500 internos, muchos de ellos de alta peligrosidad.

Y por supuesto, no constituye ningún secreto que los reclusos viven en condiciones insalubres, con falta de atención médica, hacinados y sufren de deficiente alimentación. Reciben alimentos de pésima calidad, en cantidad insuficiente, que ni siquiera alcanza a todos los internos diariamente. Así también la asistencia médica para los recluidos es mínima, se realiza escasas veces, y no disponen de suficientes medicamentos.

El gobierno de Mario Abdo Benítez demostró una lerdeza increíble, para habilitar las nuevas penitenciarías en Minga Guazú y Emboscada, que en teoría estaban terminadas mucho antes de entregar su mandato, pero debido a diversos problemas logísticos y de recursos humanos, nunca fueron habilitadas. Autoridades locales, diputados, pobladores del barrio Boquerón de Ciudad del Este, donde está asentada la Penitenciaria Regional de Varones, pedían insistentemente el traslado de los internos a la nueva cárcel en Minga Guazú, cosa que hasta el momento no ocurrió. El nuevo Gobierno ya va por su segundo mes, pero aún no hay una fecha oficial de habilitación de la nueva cárcel en Minga Guazú, lo cual por supuesto preocupa sobremanera, llevando en cuenta la peligrosidad que constituyen las penitenciarías hacinadas y mal resguardadas.

Es de suma urgencia que el nuevo presidente, Santiago Peña, se empeñe en impulsar este tema y finalmente se pueda contar con las nuevas cárceles y así descomprimir la grave situación en nuestro maltrecho sistema penitenciario.

La dramática situación penitenciaria es de larga data y tiende a agravarse cada vez más, de modo que la prioridad mencionada es de la mayor urgencia. No puede ser que tengamos cárceles terminadas, pero que se siga demorando su habilitación por desprolijidades financieras de las autoridades de turno. Hay que atender el reclamo de los vecinos del barrio Boquerón, de las autoridades locales, de los diputados, y cumplir con el traslado, sin más trámites. La cárcel no puede permanecer en CDE, es inhumano para los reclusos e injusto para la ciudadanía, que hace tanto tiempo vienen exigiendo una solución a esta problemática.