Rendición de Cuentas prohibirá a fiscales ejercer como abogados por tres años al salir de Fiscalía

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) emitió en las últimas horas un comunicado en el cual rechazan rotundamente una adenda que se hizo a la Rendición de Cuentas en la cual se prohíbe a las y los magistrados ejercer como abogados por tres años tras ser cesados o salir de la Fiscalía.

“Atento a la aprobación, por parte de la Comisión de Presupuestos del Senado, de un aditivo en la Rendición de Cuentas, que limita por 3 años el ejercicio profesional de los Fiscales en caso de cese (manifestamos) nuestro más absoluto rechazo, a dicho proyecto que afecta gravemente el derecho al trabajo y la libertad de nuestros Asociados”, inicia diciendo el comunicado del organismo.

Solicitaron además que “el Parlamento reconsidere la aprobación de esta norma, pues, es claro que el análisis a realizar debe ser precedido de múltiples ponderaciones que los plazos exiguos de las leyes de Rendición de Cuentas no permiten”.

“Nos preocupa que se limiten derechos consagrados constitucionalmente, sin invocarse razones de interés general”, agregaron los magistrados.

La asociación aprovechó para criticar la falta de atención a otros reclamos que han realizado: “Lamentamos que reivindicaciones tan claras en su justicia, como la Equiparación Salarial entre Adjuntos y Adscriptos por realizar la misma tarea, naufraguen permanentemente en todas las instancias presupuestales y prosperen iniciativas que nos restringen derechos”.

El día martes 3 de octubre, llevarán a cabo una Asamblea General Extraordinaria, a los efectos de evaluar las medidas a tomar, “ante esta realidad de acoso permanente al Ministerio Público y sus representantes”.

“Es una norma con claros visos de inconstitucionalidad”

Entrevistado por La Diaria, el presidente de la AMFU, William Rosa, transmitió el “sentimiento generalizado entre los fiscales es de indignación, sobre todo al ver que no se han contemplado las principales reivindicaciones del gremio, derivadas de la sobrecarga laboral, escasez de recursos y de inequidades salariales, evidenciadas a partir de noviembre de 2017. Y, en cambio, está a punto de aprobarse una norma que nos restringe derechos, siendo una limitación que no tiene ninguna razón de interés general invocada en su tratamiento exprés en dicha comisión”.

“Es una norma con claros visos de inconstitucionalidad, reconocida incluso por el diputado Eduardo Lust, que es profesor de Derecho Constitucional”, resaltó Rosa, y prosiguió mencionando que “los artículos 7 y 36 de la Constitución son claros, en cuanto a que el derecho al trabajo y/o a ejercer nuestra profesión (abogados) no puede limitarse si no es por razones de interés general, que en la versión taquigráfica no surgen explicitados”.

“Quien lo propone hace alusión a una solicitud de la Asociación de Abogados Penalistas, siendo que el presidente de esa gremial me expresó que jamás propusieron nada respecto a los fiscales”, afirmó.

“Lo que refleja esta situación es un ensañamiento contra el colectivo de fiscales, que al rascar un poco aparece una aversión a determinadas personas con nombre y apellido y ese no puede ser el argumento para retacear derechos de un grupo de ciudadanos”, denunció Rosa.

En ese sentido, señaló que “cuando vemos una línea del tiempo que incluye culparnos por cifras de inseguridad, acusarnos de actuar con sesgos espurios, querer criminalizar nuestra tarea con el delito de ‘prevaricato’ y ahora esta propuesta, hay una situación de acoso tal que nos hace reaccionar. Siempre que hay un embate contra el colectivo procuramos llamar a la reflexión, proponer diálogo; hemos trajinado explicando hasta en los detalles más ínfimos nuestras reivindicaciones y nada. Sin embargo, estas normas perniciosas se proponen y se aprueban en tiempos récords; no estaba en el proyecto original, ni el que salió de diputados”.