Luego de emitir la resolución de acusación formal en contra del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en el caso denominado “Ambulancias”, la Fiscalía pedirá que la autoridad sea sancionada con 10 años de cárcel, informó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.
“Durante el juicio vamos a solicitar la pena máxima para los investigados, en el caso del gobernador serían 10 años de cárcel”, indicó Choque.
El gobernador es investigado por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Asimismo, se presentó la acusación en contra de cuatro funcionarios identificados como: Luis R. L. G., Rubén M. M. C., Ricardo A. R. S. y Ramiro L. C. A., investigados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, de acuerdo a la responsabilidad y participación de cada uno.
La Fiscalía presentó, junto a la acusación formal, 48 pruebas documentales, dos periciales y 31 testificales, “elementos de convicción que son suficientes para sustentar la teoría fiscal”.
El caso
De acuerdo con las investigaciones, el 26 de noviembre de 2021, la Gobernación de Potosí suscribió un contrato administrativo con la empresa unipersonal Estefals Logistics para la compra de 41 ambulancias.
En ese marco, el 31 de diciembre de 2021, se habría firmado el acta de recepción de las ambulancias para el cierre del proceso de licitación; sin embargo, nunca se recibió de manera física los vehículos.
El 27 de enero de 2022, el Gobernador de Potosí procedió a anular la suscripción de la minuta de contrato administrativo que tenía 22 días de incumplimiento en la entrega de los bienes requeridos, situación que, se presume, sería ilegal.
Jhonny Mamani, gobernador potosino, se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, desde el 17 de agosto de 2023, imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, proceso contra el dueño de la empresa Stefals Logistic, Luis H.; se amplió la investigación contra la autoridad porque se encontraron movimientos bancarios irregulares.
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