Soluciones osadas para un problema global

Hace 50 días fugó Sebastián Marset, el uruguayo que es un capo del narcotráfico internacional. En ese tiempo el Gobierno nacional hizo decenas de operativos de búsqueda sin éxito. Las autoridades nacionales hablaron de la afectación a la economía del prófugo. Sin embargo, nada ha hecho que el comercio de drogas ilícitas sea verdaderamente afectado. Los alijos siguen saliendo del país, lo que es igual a decir que el narcotráfico sigue boyante en Bolivia.

Después de la fuga de Marset se halló un cargamento de droga en Polonia y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció que otro similar estaba en camino. Las narcoavionetas han seguido operando con la misma frecuencia y no hay señales de que esta industria delictiva haya sido afectada en realidad por los operativos.

Según los últimos informes, en lo que va del año se superó con creces el número de laboratorios de cristalización de droga, en nueve meses han sido siete más que los hallados en todo el año pasado. El Gobierno pone la mira en Chapare (región de los cocaleros liderados por el expresidente Evo Morales) y en Beni, donde se cree que tiene fuerte presencia el Primer Comando de la Capital, peligrosa organización criminal que nació en Brasil.

En cambio, la fuga de este personaje ha puesto en evidencia que el narcotráfico penetró las estructuras del Estado, que hay una acumulación ilegal de armas en manos de particulares, que los capos que se dedican a esta actividad tienen grupos irregulares con municiones y con capacidad de generar un enfrentamiento con las fuerzas del orden. También dejó ver que en la economía diaria hay muchos movimientos que responden a blanqueo de capitales, antes que a negocios transparentes, entre otros hechos ilegales que ocurren en la sociedad.

Los resultados no solo le preocupan a la población de Bolivia, también generan inquietud en gobiernos cuyos países son afectados por el tráfico de estupefacientes. Uno de ellos es Estados Unidos, que ha vuelto a descertificar a Bolivia por considerar que sus acciones contra el narcotráfico son insuficientes. Ya antes se manifestaron con inquietud otras naciones, principalmente de Europa, mientras que los gobiernos vecinos están inquietos por lo que ocurre en sus fronteras con este país.

El presidente de Bolivia dice que el narcotráfico es un problema global y que los países receptores de la droga tienen tanta responsabilidad como los productores. Es una postura respetable, pero eso no quita la imperiosa necesidad de que cada quien haga lo suyo donde le corresponde. Entretanto, Sebastián Marset no solo se ha burlado de las autoridades bolivianas con su fuga, sino también a través de videos en los que se da el lujo de denigrar al ministro de Gobierno.

Con o sin Marset, la corporación internacional del narcotráfico está operando a sus anchas en Bolivia y es evidente que el Estado no está haciendo lo suficiente para revertir esta realidad. Hay denuncias y sospechas sobre la Policía, que ya se hicieron públicas en varias ocasiones. Hay suspicacia de que alguien hubiera alertado al uruguayo, facilitando su huida. Hay claras evidencias de que le otorgaron documentos falsos para acreditar su identidad falsa, etc.

Lo anterior deja ver que las acciones llamadas “soberanas” no están funcionando y que, para atacar a una gigante corporación internacional de la droga, se precisa de colaboración entre países, dejando a un lado la ideología y pensando en el objetivo, que es evitar que las mafias tomen mayor control de territorios en este país. Visto así, no es descabellado que vuelva la DEA y que opere en coordinación la Policía Boliviana, con Europol y con las policías de países circundantes. La realidad actual demanda soluciones osadas.