Las autoridades de Colombia investigan la presunta actuación de un grupo de militares que, haciéndose pasar por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), amedrentaron con armas de fuego a campesinos del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.
En un video grabado y difundido este martes por los propios pobladores, se observa que unos 12 uniformados, todos encapuchados, apuntan con pistolas y armas largas a los habitantes de la vereda El Manso, incluso a una mujer que llevaba un bebé en brazos, quien les exige que se identifiquen y respeten sus derechos.
La noche del martes, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, rechazó lo que calificó como “el constreñimiento a la población por parte de los actores ilegales autodenominados como 5° frente de FARC”.
Desde las redes sociales, Benítez exigió al gobierno nacional “plenas garantías” para el territorio, “en el marco de la estrategia de la Paz total”.
Este miércoles, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Helder Giraldo, afirmó que los involucrados serían “orgánicos del Batallón Junín”, aunque aclaró que por el momento “todo es materia de investigación”, tarea que se ordenó “inmediatamente” al Comando General de la Fuerzas Militares.
Rechazo de Petro
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, repudió este miércoles el hecho y pidió que las Fuerzas Armadas, en conjunto con el Gobierno, indaguen sobre lo ocurrido.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló: “Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”.
La versión del Ejército
En un comunicado difundido este 13 de septiembre, el Ejército colombiano señaló que el día 12 tomó conocimiento del video, tras lo cual ordenó el desplazamiento de una unidad militar para brindar seguridad a los habitantes del lugar.
“Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que
posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 ‘Batalla de Junín’, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”, dice el texto.
Asimismo, la fuerza militar aseguró que, tras dar aviso a las autoridades competentes, “se iniciará la indagación disciplinaria correspondiente”.
“Este Comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, agregó el Ejército.
Asimismo, la Fiscalía colombiana publicó en la plataforma X que se conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que “iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.
Denuncia de abuso
Un hombre que fue testigo de la acción militar ilegal, pero que no quiso ser identificado, denunció que los uniformados cometieron todo tipo de abusos, incluyendo amenazas y un intento de violación.
“El Ejército como tal llegó haciéndose pasar por guerrilleros, no como el Ejército Nacional. Nos tiraron al suelo y nos amenazaron, a una indígena la intentaron violar; robaron plata, joyas, tiendas. Esto no nos parece bueno. El Ejército dice que nos va proteger y mire lo que está pasando”, dijo el poblador en entrevista con W Radio.
Además, detalló: “Nos reunieron, fueron casa por casa, con las manos atrás en el cuello y nos tiraron al suelo unas tres horas. Me llevaron a mí como escudo y a otro profesor, y nos dejaron tirados en el suelo, nos decían que si nos levantábamos nos iban a matar”.
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