Un equipo de ABC TV verificó este miércoles que equipos biomédicos en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) están a la intemperie, a merced de eventos climáticos intensos.
Los equipos tienen una casi nula protección, pues algunos están apenas embalados en plásticos o en armazones de madera que se desintegran con las lluvias y el calor. Algunos de los elementos ya se vieron afectados por el casi nulo resguardo, debido a que ya presentan óxido, conforme se pudo constatar.
El sábado pasado, la “superproveedora” Neighpart SA, la cual sería dueña de estos equipos, procedió a retirar un lote de los elementos que fueron abandonados dentro del predio del Hospital Central, que el IPS no habría recibido formalmente de la firma, por lo que esta última había “intimado” a la previsional.
Varios de estos equipos biomédicos, entre ellos tanques de oxígeno y otros elementos, serían para el reacondicionamiento de un bloque quirúgico de la previsional. Para dicha tarea fue contratada la “superproveedora” Neighpart SA, de Claudio Escobar, por un valor que ascendió a G. 61.186 millones.
Contrataciones abrió investigación
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso ayer, martes, la apertura de una investigación de oficio al contrato del IPS con Neighpart SA, ya que -indican- el acuerdo por un monto inicial de G. 53.000 millones tuvo modificaciones con serías observaciones que la previsional nunca levantó.
Entre estos cambios no informados están el cronograma de ejecución de trabajos y las condiciones de pago. Además, se incrementó el contrato sin sustento, según la DNCP.
El director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, comentó que el IPS tiene hasta mañana para responder a un pedido de informe que solicitaron en relación al contrato.
“Superproveedora” Neighpart SA se expone a suspensión de tres años
También comentó que funcionarios de la DNCP se constituyeron ayer en la previsional y levantaron documentos en el marco de una verificación sobre lo relacionado a esta licitación, considerando -indicó- la “serie de inconvenientes” sobre el proceso.
En ese sentido, Encina señaló que la firma contratada se expone a hasta tres años de suspensión en caso de hallarse irregularidades en torno al contrato. “Tenemos la posibilidad de sancionar a la empresa hasta tres años de suspensión de poder licitar con el Estado”, dijo.
Agregó que, en caso de hallarse elementos relacionados a hechos punibles, la DNCP remitirá los informes al Ministerio Público.
FUENTE DE ESTA NOTICIAS ABC COLOR PARAGUAY