La visión estatista del régimen populista que nos gobierna más de tres lustros, y que administró los extraordinarios ingresos al tesoro público, durante una década, debido a los altos costos internacionales de las materias primas que exportamos, como minerales e hidrocarburos, determinó que en esa jauja –como nunca antes– sean iniciados varios emprendimientos industriales con recursos del Estado (de todos los bolivianos), creando empresas públicas que han resultado deficitarias.
Según un estudio sobre el rendimiento de las 32 empresas estatales, efectuada por el especialista Julio Linares, las empresas públicas recibieron entre 2007 y 2022, en calidad de préstamo, 23.000 millones de bolivianos y, según la fundación Milenio, la deuda al Banco Central llega a 6.148 millones de dólares. Siguiendo a Linares, 17 empresas estatales, han acumulado una pérdida de 4.000 millones en ese mismo período de tiempo.
Ya en 2017 el experto en hidrocarburos Hugo del Granado alertó sobre que el costo de la producción de “urea” de la planta de Bulo Bulo de YPFB, tendría un costo superior al precio internacional, ya que el costo previsto era de 210 $us en planta y el precio en el mercado era de 204 $us, la tonelada. Además, la planta que tiene una capacidad de producción de 700 mil toneladas al año, solo produciría el 64% de su capacidad (EL DIARIO, 4 de junio de 2017). Según últimos datos proporcionados, la producción está muy por debajo de su capacidad instalada.
La empresa estatal de ensamblaje de computadoras y teléfonos celulares “Quipus”, desde el año 2013 a 2016 acumuló una pérdida de 18.4 millones de bolivianos. La empresa fue creada por Decreto Supremo 1.759 y recibió un crédito de 60.7 millones de dólares del Banco Central, de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO).
Otras empresas públicas que acumularon elevados montos económicos por pérdidas, son: la Empresa Azucarera de San Buenaventura, Empresa Textil Yacana, Empresa de Industrialización de Hidrocarburos, la Empresa Siderúrgica del Mutún, la Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia, Yacimientos de Litio Bolivianos (se invirtió 800 millones de dólares y su producción de producto básico fue mínima), Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos, Empresa Naviera Boliviana y otras, como Papel Bol, Carton Bol, Lácteos Bol, etc.
Según informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, realizado en 2019, nueve empresas estatales acumularon una pérdida hasta ese año de 475.26 millones de bolivianos. Este documento no fue dado a conocer al público (Página 7 de 25 de septiembre de 2022).
A pesar de este cuadro de poca rentabilidad o de pérdidas de las empresas estatales, el gobierno persiste en destinar recursos a estas empresas y otras futuras. Es así que el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, anunció una inversión de 2.076 millones de bolivianos para la creación de 20 nuevos proyectos de industrialización, como plantas de almacenamiento de granos de EMAPA, de Bioinsumos, de transformación de subproductos de soya. El mismo presidente del Estado hace permanentes anuncios sobre una política de industrialización, como una planta de procesamiento de la hoja de coca, que ya antes se instaló con resultado negativo, una planta de ácido sulfúrico, que también antes funcionaba dependiente de las FFAA, y se desmanteló, etc.
El gobierno todos los años en el presupuesto anual, destina importantes montos de recursos a cubrir los salarios de empleados dependientes del Estado. En 2022 las 37 empresas públicas demandaron un monto de 2.390 millones de bolivianos, que triplicó la de 2010, que fue de 881 millones. Estos recursos generosamente destinados a empresas deficitarias, deberían ser para atender la urgente demanda de la población en salud y educación.
La Cámara Nacional de Industrias en 2017, ante la caída del PIB, propuso cerrar las empresas estatales deficitarias y reducir el gasto corriente en salarios de la burocracia estatal. Lo mismo, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) recomendó ese año cerrar las empresas públicas, disminuir la cantidad de empleos estatales y reducir los gastos corrientes, entre ellos los viajes al exterior, con todo pretexto de altos funcionarios del Estado.
Todavía es tiempo para tomar medidas de austeridad en el gasto corriente, dejar de lado las empresas públicas deficitarias y buscar mejorar el rendimiento de algunas que, por su servicio a la comunidad, son necesarias, pero designando a profesionales preparados y expertos para la gerencia de esas empresas, como lo sugirió John Ickis, experto en gerencia estratégicas, en 2007.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.
Fuente de esta noticias es del El Diario: Leer más
- La nieta de Elvis Presley presentó una demanda para paralizar la subasta de la mansión Graceland - 21 de mayo de 2024
- Abinader insta a gran pacto nacional en República Dominicana - 21 de mayo de 2024
- Asamblea General reconoce mayor participación de Palestina en la ONU - 10 de mayo de 2024