El paraguayo-libanés Hussein Mousannar no podrá declarar en la causa AMIA. Está acusado por la fiscalía de haber provisto, hace 30 años, de un certificado de trabajo a un supuesto organizador del atentado. Desde Beirut, la capital de El Líbano, pidió que se le tome indagatoria, por Zoom. Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas consignó que Moussanar evadió a la justicia argentina porque el mismo día que se enteró de la orden de captura se tomó una combinación de aviones para irse desde Paraguay a El Líbano. En esas condiciones -dice el magistrado- no están dadas las condiciones para que Moussanar designe formalmente un abogado y menos aún que declare. El abogado del paraguayo-libanés, Andrés Gramajo, apelará este jueves a la Cámara Federal y reiterará que Moussanar quiere declarar. En la causa AMIA es un clásico: se formula una acusación y luego, por una razón u otra, se bloquea el descargo de los acusados.
Una firma para el fantasma
Moussanar está imputado por una participación muy menor: habría firmado un certificado de trabajo, en 1993, para que Samuel Salman El Reda gestione la nacionalidad y luego el pasaporte de Paraguay. Con ese documento y otros, el individuo atravesó fronteras. En la causa AMIA a El Reda se lo sindica como el organizador del ataque y se supone que hoy vive en El Líbano. Existe desde hace 15 años una orden de captura contra El Reda e incluso una recompensa de siete millones de dólares fijada por el gobierno de Estados Unidos. En todos estos años El Líbano colabora poco y nada con su búsqueda y ni siquiera se pudo establecer bien la identidad: Samuel Salman El Reda o, lo más probable, Salman Roauf Salman. Hasta el momento es un acusado fantasma.
Partícipe secundario
El fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, pidió la captura de Moussanar en junio. Se trata de un poderoso comerciante de Ciudad del Este: lo acusa de que en 1993 le firmó un certificado de trabajo a El Reda y que con ese y otros papeles El Reda consiguió la nacionalidad paraguaya. Ya tenía la colombiana y seguramente la de su supuesto país de origen, El Líbano. Basso, además, imputó a Moussanar por asociación ilícita dado que lo sindicó como integrante de la organización libanesa Hezbollah. Sobre este último cargo no aportó ningún elemento. O sea, que Moussanar haya participado de alguna reunión, una marcha o cualquier actividad de Hezbollah. Por esa razón, Rafecas le bajó la calificación a partícipe secundario, no mucho menos grave teniendo en cuenta que se trató del asesinato de 85 personas.
¿Yo señor? No señor
En nombre de Moussanar, su abogado, Gramajo, señala que el paraguayo-libanés no recuerda haber firmado ese certificado, que cree que tampoco conoció al tal El Reda y que no sabe si la firma que aparece en el supuesto certificado es suya. Pero, sobre todo, afirma que no tuvo ni tiene la menor relación con Hezbollah.
En el pedido de captura formulado por Basso no hay ninguna prueba que deje en claro que Moussanar tuvo intencionalidad de colaborar con el terrorismo, si es que firmó el certificado de trabajo. Puede ser perfectamente que le haya hecho el favor a otro inmigrante, como suele ocurrir en casi todas las comunidades de inmigrantes. Y, además, El Reda ya tenía otro pasaporte, colombiano, de manera que no parece que el documento paraguayo le resultara tan fundamental. Se supone que todo eso tendrá que aclararse aunque ya transcurrieron 30 años.
La consecuencia inmediata de la orden de captura y la imputación de la justicia argentina fue que a Moussanar le embargaron todos los bienes y las cuentas en Paraguay donde es un empresario-comerciante, dueño de un verdadero emporio en Ciudad del Este.
Asunción-Beirut
Sabiendo que iba a ser detenido, Moussanar decidió privilegiar su libertad y se fue a El Líbano. Desde allí designó a un abogado argentino, Gramajo, para que se presente en Comodoro Py y acepte la indagatoria, pero desde Beirut. Quiso formalizar la designación en el consulado argentino de esa ciudad, pero el fiscal AMIA se opuso y el consulado se negó a certificar la firma de Moussanar. Ante esa situación, el paraguayo-libanés concurrió al consulado de Paraguay y allí sí le certificaron la firma con la que designó a Gramajo. En la resolución de Rafecas se consigna que los papeles están mal hechos, que hay diferencias en la forma en que está escrito el apellido Moussanar y otros errores y desprolijidades. Pero Rafecas dejó en claro que el problema central no estuvo en esos desajustes sino en el hecho de que Moussanar eludió a la justicia argentina y en esa condición no puede aceptar la designación del abogado y mucho menos la indagatoria de manera remota.
En realidad, el juez hizo un esfuerzo. Propuso una audiencia en que estuviera presente el fiscal Basso y el abogado Gramajo, pero Basso se negó: sostuvo que no puede haber diálogo con un prófugo. El juez terminó dándole razón, aunque criticó a Basso porque éste deploró la idea de hacer una audiencia: “admitir una audiencia de un abogado, de un colega, es un acto mínimo de cortesía. Si a eso se le suma la invocación de la posible violación de una garantía, es una obligación, salvo que resultare evidente su impertinencia”, escribió Rafecas.
Un clásico de la causa AMIA
Desde hace casi 30 años la justicia argentina acepta poco y nada que se confronten las supuestas pruebas del expediente. En los pocos casos en que hubo confrontación real, la acusación naufragó: Carlos Telleldín fue absuelto como suministrador de la camioneta; el exembajador iraní Hadi Soleimpour fue absuelto en Londres por falta de pruebas y el juicio original terminó en un fallo demoledor, con todos los acusados absueltos, y con la siguiente frase: “la causa AMIA es un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.
Tampoco el fallecido fiscal Alberto Nisman aceptaba realizar pruebas que desafiaran sus hipótesis. No quiso pruebas de ADN ni de microscopio de barrido electrónico. Con la primera de esas metodologías, puesta en marcha por los fiscales que sucedieron a Nisman, se identificó al fallecido número 85 del atentado y se determinó que hubo un conductor suicida, pero no el sindicado por Nisman. La mayor ofensiva fue a raíz del intento de Cristina Kirchner y Héctor Timerman de que declaren y den su versión -Memorándum mediante- los acusados iraníes. Eso no sólo fue declarado inconstitucional sino un delito, pese a que había sido votado por el Congreso Nacional.
El episodio de Moussanar va en la misma dirección, aunque la imputación es menor y la movida tiene mucho de show. Por el tenor del cargo -haber firmado un certificado de trabajo- no parece razonable que se prive de la libertad a alguien sin haberlo escuchado. Más lógico sería que se lo escuche de manera remota y si sus explicaciones son insuficientes, mantener la orden de captura. Pero en Comodoro Py afirman que el Código Procesal no tiene margen para hacer algo así.
Fuente de esta noticias es del Diario Pagina 12 Argentina : Leer más
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