El cobro ilegal del peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná por parte del gobierno argentino ya generó gastos por aproximadamente USD 11 millones al sector naviero, de lo que aún quedan por pagarse cerca de USD 7 millones. Este conflicto podría llegar a un arbitraje internacional.
Julio César Vera, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), en entrevista con el programa Fuego Cruzado emitido por GEN reiteró que la decisión del gobierno argentino de cobrar un peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná es unilateral y va en contra de lo establecido en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
En su artículo 9°, el acuerdo habla sobre la posibilidad de fijar algún tipo de tasa en concepto de trabajos efectivamente realizados en la hidrovía, hecho que no aconteció en este caso puntual que ha motivado el conflicto con Argentina, aseguró.
También mencionó que Paraguay ha contratado a varias empresas para que efectúen trabajos de dragado, invirtiendo considerables sumas de dinero, pero en ningún momento no se le ocurrió cobrar tasa o peaje alguno por ese motivo.
Teniendo en cuenta los antecedentes, se optó por recurrir a la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, dado que posee competencia para analizar este tipo de situaciones. Para tal efecto, se convocó a una reunión especial a realizarse en la quincena de septiembre, anticipó.
Vera dijo no tener certeza sobre si existe alguna chance de lograr un acuerdo con Argentina que logre satisfacer los intereses de Paraguay y los demás países que forman parte de la Hidrovía, más aún considerando la proximidad de las elecciones en el vecino país.
Sobre el impacto económico de la aplicación del peaje en la hidrovía, recordó que, conforme a datos del gremio de los armadores fluviales y marítimos, ya se han pagado más de USD 4 millones, aunque también existen facturas por el orden de USD 11 millones. Esto da como resultado un monto de 7 millones de dólares pendientes de pago.
El titular de la ANNP repudió la retención irregular de buques que navegaban por la hidrovía, a fin de exigirles el pago de esta tarifa, obligando a las empresas a desembolsar dinero para que pudieran ser liberados. “Se están apelando a situaciones embarazosas que de alguna u otra forma interfieren con nuestro acuerdo de libre navegación del año 1967 Paraguay ha suscrito con la República Argentina”.
“Ellos son integrantes de un acuerdo, han firmado un pacto y tienen que agarrar y ajustarse a las normas ante la contundencia de las disposiciones del Acuerdo”, enfatizó.
Vera también refirió que existen una serie de normas jurídicas que amparan a Paraguay en sus reivindicaciones, como la Convención del Mar de Naciones Unidas, pese a que la postura argentina se ha mantenido intransigente desde el inicio del conflicto por el peaje en la hidrovía.
Al estar pagando una tasa no contemplada inicialmente, las empresas navieras necesariamente deberán trasladar ese gasto a sus costos y esa es una cadena que llegaría al consumidor final y los productores que exportan sus productos. “Ya nos alcanzará”.
“Soy optimista de que en un momento dado va a primar la cordura, la sensatez y la prudencia y se va a solucionar esto, confío en no tener que llegar al arbitraje”, sentenció Vera.
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