Fiscal abre investigación a Guillermo Bermejo

Por recibir coimas a cambio de facilitar obras en Piura

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el congresista Guillermo Bermejo Rojas (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado. Esto tras las graves acusaciones en su contra que lo sindican por recibir supuestas coimas en obras de La Unión, en Piura.

Los hechos estarían vinculados al denominado caso “Los operadores de la Reconstrucción”, informó el Ministerio Público.

Sobre “Los operadores de la Reconstrucción”, recientemente se conoció que un colaborador eficaz dijo que Guillermo Bermejo habría cobrado S/40 mil como parte de la cuota del 1,5% que pedía al entonces alcalde Fernando Ipanaqué de La Unión, en Piura, por diferentes proyectos de construcción en aquella municipalidad.

Se indicó que el acuerdo ilegal con el exburgomaestre Ipanaqué consistió en que se pagaría el 2% de los montos de los contratos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ARCC.

“Jaime Jara comentó a Yul Valdivia que la forma en que se repartirían ese 2% sería 1,5% para Guillermo Bermejo y 0,5% para Jara y Valdivia (exasesores del legislador)”, se lee en un documento fiscal.

“Una vez más niego cualquier tipo de conducta de esa naturaleza. Si hay gente de mi entorno que participó en cosas como esas que tenga la suficiente valentía de aceptar sus errores y sus delitos”, alegó Bermejo tras enterarse de esta acusación.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Bermejo sería el cabecilla de la organización criminal que se dedicaría a cobrar coimas para la ejecución de algunas obras que corresponden a la ARCC durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

En tanto, el fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, solicitó al Poder Judicial que imponga 36 meses de prisión preventiva contra Robert López López exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Dicho requerimiento alcanza a Francisco Jaime Jara Aguirre y otras cuatro personas, a quienes se les inició una investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.