Jadue se querelló contra el contralor Bermúdez por “violación de secreto”

El alcalde de Recoleta argumentó en la querella que Bermúdez violó el artículo 246 del Código Penal, el cual sanciona al “empleado público que revele los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregue indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados”. Las filtraciones del sumario de Contraloría apuntan a una serie de irregularidades en traspasos por más de $600 millones desde Recoleta a Achifarp.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), presentó una querella contra el contralor Jorge Bermúdez acusándolo del delito de “violación de secreto” ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

En la acción judicial el jefe comunal es representado por el abogado y exfiscal Nacional, Sabas Chahuán, y también, va dirigida contra Christian Prunes, el fiscal instructor de la Contraloría.

Jadue argumentó en la querella que Bermúdez violó el artículo 246 del Código Penal, el cual sanciona al “empleado público que revele los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregue indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados”.

El alcalde señaló por Twitter que “me han acusado y sentenciado a través de los medios de comunicación. Ahora, y lo que resulta improcedente e insólito, es que el contralor general de la República comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa”.

Las filtraciones del sumario de Contraloría apuntan a una serie de irregularidades en traspasos por más de $600 millones desde Recoleta a Achifarp, además de la ausencia de control y fiscalización de los directores (que eran alcaldes de comunas asociadas) en esa organización.

Los antecedentes presentados en la querella apuntan a la fiscalización, a los medios de comunicación y redes sociales, de los detalles de la investigación sumaria que lleva la Contraloría y donde se les imputa a Jadue una eventual “falta de probidad” en la administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), donde el alcalde actuó como representante legal, hasta que dicha organización entró en liquidación por insolvencia (agosto del 2022).