Imagen Cortesía JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha identificado más de 22 sitios de interés forense en el Cementerio Central de Cúcuta, donde podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Esta revelación tuvo lugar una audiencia de seguimiento a la medida cautelar adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, con el propósito de facilitar la búsqueda de los desaparecidos, satisfacer los derechos de sus familiares, identificar riesgos y honrar la memoria de los buscadores.
En la diligencia, la magistrada María del Pilar Valencia informó que no se encontraron registros adecuados conforme a las normativas. Además, muchos de los libros relevantes están en estado de deterioro y carecen de un sistema actualizado que proporción de información confiable sobre el número y la ubicación de los cuerpos en el cementerio. Estas deficiencias ponen en peligro los derechos de las víctimas, en particular de aquellos familiares que han estado buscando a sus seres queridos durante años y décadas.
La información recopilada por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP sugiere que en el Cementerio Central de Cúcuta podría haber más de 770 cuerpos de personas no identificadas y personas identificadas pero no reclamadas. Algunos de estos cuerpos podrían pertenecer a menores de edad, posiblemente víctimas de reclutamiento forzado y de situaciones derivadas del conflicto armado.
Durante la audiencia, tanto la JEP como las entidades convocadas para rendir cuentas sobre sus acciones en relación con las medidas cautelares coincidieron en que el cementerio no ofrece condiciones adecuadas para el resguardo de los cuerpos. Se han identificado fosas con un número indefinido y considerable de bolsas que contienen cuerpos no identificados, algunos de los cuales ya han sido objeto de atención por parte de la Fiscalía o el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, estos cuerpos yacen amontonados en cuartos o fosas comunes, lo que subraya la falta de organización en la administración del lugar.
La magistrada Valencia subrayó la informalidad en la gestión del cementerio y los riesgos que esto conlleva, incluida la falta de delimitación de áreas para encontrar víctimas de desaparición forzada. La audiencia estuvo presidida por los magistrados María del Pilar Valencia, Reinere Jaramillo y Gustavo Adolfo Salazar.
En la Asamblea de la Gobernación de Norte de Santander, diversas autoridades locales, departamentales, así como entidades del Sistema Integral de Paz, como la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, información sobre las acciones realizadas para cumplir las medidas cautelares adoptadas por la JEP en 2021. Estas medidas surgieron tras una solicitud presentada por Aura Rita Navas, una líder representante de las víctimas.
Giovanni Álvarez, director de la UIA de la JEP, desmarcó el desorden histórico en el Cementerio Central de Cúcuta, señalando que este problema no es exclusivo de la administración actual, sino que tiene raíces históricas. Carlos Antonio Murillo, subdirector de Medicina Legal, explicó que los cuerpos no se encuentran donde originalmente los colocó Medicina Legal y aclaró que nunca se han realizado inhumaciones colectivas en fosas comunes.
Sin embargo, las soluciones propuestas hasta ahora no abordan completamente la gravedad de los problemas estructurales identificados. Aunque se han visto avances positivos en la administración, protección y marcación de áreas por parte de la alcaldía de Cúcuta, y se está implementando un plan de adecuación del cementerio, aún se necesita un enfoque más exhaustivo.
La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander se comprometieron a tomar medidas para garantizar los recursos necesarios para cumplir con las funciones relacionadas con la custodia, conservación de los cuerpos no identificados y el respeto a la dignidad de las víctimas.
Al finalizar la audiencia, la JEP tuvo que combinar la medida cautelar del Cementerio Central de Cúcuta con los trámites en el corregimiento de Juan Frío y el municipio de Puerto Santander. En estos lugares, se presume la existencia de hornos crematorios utilizados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para eliminar a muchas de sus víctimas.
La JEP también seguramente a la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta diseñar e implementar planes integrales de atención a las víctimas de desaparición forzada. La Sección enfatizó que, debido a la urgencia y complejidad de la situación del Cementerio Central de Cúcuta, estas medidas no se limitan a la audiencia ni a las administraciones actuales, sino que tienen un enfoque de continuidad.
La memoria de los desaparecidos fue honrada a través de varios gestos simbólicos durante la audiencia. Tanto las víctimas como la magistratura destacan la valentía y persistencia de los buscadores en su lucha por no dejar en el olvido a sus seres queridos desaparecidos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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