Yaku Pérez, Xavier Hervas, Otto Sonnenholzner y el independiente Bolívar Armijos señalaron que la resolución está orientada a apoyar las iniciativas que fortalezcan las políticas contra el crimen y la violencia.
Cuatro de los siete candidatos presidenciales de Ecuador se reunieron este viernes en Quito para consensuar una propuesta que dé salida a la crisis de inseguridad que vive el país, profundizada tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el octavo postulante, acribillado por sicarios el pasado miércoles.
El ambientalista Yaku Pérez, el empresario Xavier Hervas, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y el independiente Bolívar Armijos suscribieron un “Acuerdo por la seguridad y la paz social del Ecuador” orientado a apoyar iniciativas encaminadas a fortalecer las políticas contra el crimen.
En el acuerdo, que también fue firmado por Andrea González, la candidata a la vicepresidencia en fórmula electoral (binomio) con Villavicencio, los postulantes se comprometieron a “unir esfuerzos de cara al futuro para garantizar la gobernanza y apoyar toda iniciativa que vaya encaminada a brindar seguridad al pueblo del Ecuador”.
En la parte resolutiva, el acuerdo responsabiliza al Gobierno del presidente Guillermo Lasso “por el incremento exponencial de violencia criminal y política que atraviesa el país” y exige “acciones urgentes para brindar las garantías suficientes a la vida de los ecuatorianos y al proceso electoral”.
“Exigimos al Gobierno que ejecute, con un sentido de urgencia, el presupuesto de seguridad. Nos están matando y podrían ser miles de asesinados más, si las cosas siguen como están en los tres meses que le quedan a este Gobierno”, se remarcó en el acuerdo.
También expresó la solidaridad de los firmantes “con los seres queridos y simpatizantes de Fernando Villavicencio, otros líderes políticos asesinados, y de las más de 4.000 víctimas de la violencia criminal en Ecuador”.
“Repudiamos este magnicidio que marca una dolorosa página de sangre inédita en la historia nacional” y “exigimos celeridad, transparencia y rigurosidad al Gobierno Nacional en el proceso investigativo por el magnicidio a Fernando Villavicencio”, se apuntó en el acuerdo difundido en conjunto por los candidatos firmantes.
Finalmente remarcó que “es necesario encontrar verdad, justicia y reparación integral en este y todos los crímenes ocurridos en el país”.
Dicho acuerdo se suscribió en medio del funeral de Villavicencio, cuyo cuerpo fue velado en un centro de convenciones y luego enterrado en un cementerio ubicado al norte de Quito.
La ex legisladora Luisa González, afín al ex presidente Rafael Correa (2007-17), el empresario Daniel Noboa y el experto en seguridad Jan Topic, los otros candidatos presidenciales, no suscribieron el acuerdo.
El próximo domingo 20 de agosto los ecuatorianos elegirán presidente y a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Si ninguno de los postulantes a la Presidencia logra la mayoría suficiente de sufragios en esa fecha, en noviembre se efectuaría una segunda ronda electoral entre los dos más votados.
Protección de Derechos Humanos
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) expresó este viernes su preocupación por la situación de violencia en Ecuador, sobre todo tras el asesinato de Fernando Villavicencio, y pidió a las autoridades proteger los derechos humanos de cara a las elecciones del próximo domingo 20 de agosto.
La organización no gubernamental emitió un mensaje de su directora para las Américas, la mexicana Erika Guevara, en el que dijo que “las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia pre-electoral”.
“Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio, aparentemente por motivos políticos”, aseguró Guevara.
Agregó que “las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes”.
Asimismo, remarcó que el estado de excepción aplicado por el Gobierno de Guillermo Lasso en respuesta al crimen de Villavicencio “no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población” en Ecuador.
“En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada”, recordó AI.
(Con información de EFE)
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