El microtráfico, el trabajo sexual, la mendicidad y la migración se cuentan entre los problemas que generan gran preocupación en seis provincias del país, incluida Los Ríos, según un informe presentado desde el Ministerio del Interior.
Estas problemáticas han impulsado a las autoridades nacionales a tomar medidas como respuesta a la creciente ola de delincuencia, inseguridad y violencia que afecta al Ecuador.
No obstante, los habitantes de Los Ríos continúan instando a sus alcaldes y autoridades pertinentes a generar ideas y acciones que les brinden la posibilidad de transitar y trabajar con tranquilidad.
Muchos señalan que aunque el estado de excepción vigente en la provincia ha arrojado ciertos resultados favorables, estos no son suficientes. El temor y la inquietud persisten cada vez que se aventuran a salir a las calles.
Pedro M. fue una de las víctimas, maleantes ingresaron a su local y se apoderaron de lo poco que había ganado; perdió alrededor de $400 en productos, incluyendo diversos accesorios para vehículos. Manifestó que pese a que considera a Quevedo como a su hogar no descarta radicarse en otra ciudad.
Provincias más golpeadas
En su informe, Juan Zapata, ministro del Interior, anunció la ejecución de un plan integrado que abarque a las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena y al Distrito Metropolitano de Quito, considerados como las vulnerables frente a la delincuencia.
Para aquello, según el funcionario, será importante contar con un marco tecnológico actualizado y accesible que contenga información y datos disponibles. Esto permitirá un monitoreo constante y la utilización en cualquier momento por parte de la fuerza pública, posibilitando la ubicación inmediata de los puntos de mayor riesgo en estas localidades.
Sobre el tema, el alcalde de Quevedo, Alexis Matute, cuya ciudad es señalada como la más peligrosa en Los Ríos, según la Policía Nacional, dio a conocer que esperan una respuesta por parte del Ministerio del Interior en relación a las propuestas presentadas, y por esa razón no pueden actuar de forma directa en materia de seguridad. “Estamos considerando la viabilidad de expandir la infraestructura de las unidades de Policía Comunitaria, dotación de más vehículos, ampliar los sistemas de alarmas comunitarias y construir instalaciones para brindar descanso a los agentes, pero esperamos una respuesta”, finalizó Matute.
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