Epicentro del escándalo de Petro está en Barranquilla

El escándalo por la presunta entrada de dinero ilícito en la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha puesto los ojos del país en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde en los últimos años una élite política emergente empezó a buscar espacio nacional.

En Barranquilla, primera ciudad del Caribe colombiano, familias tradicionales, como los Gerlein o los Name, fueron perdiendo espacio político con apellidos como Char y Benedetti y, más recientemente con los Petro, los Torres y otros que también figuran en las investigaciones.

«Estamos hablando del surgimiento de una élite regional industrial y comercial emergente, con pretensiones políticas nacionales, que tiene como centro a Barranquilla», dijo el analista Moisés Pineda.

En su opinión, «Barranquilla está en el centro de la polémica nacional», de la misma manera como en el pasado casos como el del ‘Proceso 8.000’, por la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) tuvo su epicentro en Cali, y el de la constructora brasileña Odebrecht se centró en Bogotá.

Nuevos jugadores

En las dos últimas décadas se consolidó en Barranquilla el poder de la familia Char, cuyo principal representante, el exgobernador y exalcalde Álex Char, ha dominado la política regional y fue clave en las elecciones presidenciales de 2010, 2014 y 2018.

Durante las Administraciones de Char, directamente o por medio de sus delfines, Barranquilla y el Atlántico ganaron proyección nacional y se convirtieron en un codiciado trofeo político para sus distintos rivales.

Fue así como apareció en el horizonte la familia Petro, dispuesta a arrebatarle a los Char la hegemonía y los votos en el Atlántico, y por extensión en toda la costa caribeña.

Impulsado por la buena votación que obtuvo en esa región Gustavo Petro en las presidenciales de 2018 -aunque perdió con Iván Duque-, su hijo Nicolás disputó la Gobernación del Atlántico al año siguiente, y aunque tampoco ganó, consiguió un escaño en la Asamblea Departamental.

Esa posición le abrió las puertas al tráfico de influencias, las coimas y los contratos amañados, lo que sumado a relaciones peligrosas con un narcotraficante condujo a su caída luego de que la Fiscalía lo detuviera e imputara por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.