Gobierno argentino alcanza nuevo acuerdo con el FMI

El Gobierno argentino firmó este viernes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cual recibirá unos 7.500 millones (dólares) de desembolsos de parte del organismo internacional en agosto y otro en noviembre.

La negociación incluye ciertos parámetros que deberán cumplirse en el marco del programa pactado para el pago de la deuda, entre los que el FMI pide reforzar las reservas internacionales y mantener el objetivo de déficit fiscal en 1,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En un comunicado, el FMI subrayó que “las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo sobre un paquete de políticas y un marco macroeconómico actualizado para completar la quinta y sexta revisiones combinadas bajo el acuerdo EFF de 30 meses de Argentina».

Por su parte, el actual ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa refirió que este acuerdo trae “un programa de objetivos y metas, de acumulación de reservas y de equilibrio en las cuentas públicas”.

Sobre el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas del FMI la cifra asciende a 1.000 millones de dólares para fines de 2023, mientras que la cuarta revisión contemplaba una meta 8.000 millones de dólares.

De acuerdo a la plataforma Página 12 “en ese punto, el comunicado destaca la finalización de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y su probable impacto en el balance energético, así como la expectativa de que se revierta la sequía en la última parte del año”.

Entre tanto movimientos y organizaciones sociales en Argentina han reiterado su rechazo al acuerdo con el FMI. El pasado 16 d junio el Frente Popular Darío Santillán subrayó que “estamos transitando un problema que se fue agravando hasta llegar a una situación crítica y de emergencia: el recorte de los fondos deja paralizadas las obras de nuestros barrios”.

“La principal causa es el recorte presupuestario en el marco de un acuerdo con el FMI en el que se ordena ‘no gastar más de lo que se recauda’. Una vez más, las políticas públicas para los barrios populares y la economía popular son vistas como ‘gasto público’ o ‘déficit fiscal’, y no como una inversión en el buen vivir de nuestro pueblo”.

En reiteradas ocasiones la postura de dichas organizaciones sociales ha dejado claro que “basta de priorizar al FMI sobre el pueblo”. En este sentido, la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, manifestó que “no podemos seguir adelante con este acuerdo de ajuste con el FMI mientras la emergencia alimentaria es insostenible en nuestros barrios”.