Representantes del Estado pidieron que el monto de compensación no supere los 4.920 millones de dólares.
Como si no tuviera ya suficientes problemas en su economía, Argentina comenzó a responder, en un tribunal de EE.UU., la demanda por la expropiación de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que fue interpuesta por los llamados ‘fondos buitre’, que reclaman unos 16.000 millones de dólares como indemnización.
En el inicio del juicio por la estatización de la petrolera, el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que representa al Estado argentino, se presentó ante el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York y planteó que el resarcimiento no sea mayor a los 4.920 millones de dólares, según consta en un escrito, consignó Télam.
En este proceso, la jueza Loretta Preska debe definir el monto de los resarcimientos que deberá afrontar el país tras la expropiación.
La decisión se determinará en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización.
Dicho monto puede variar, según estimaciones, entre 4.920 y 16.000 millones de dólares.
Por qué ‘fondos buitre’
El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino convirtió en ley el proyecto de nacionalización del 51 % de la empresa, un proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ese momento empezó un litigio con la multinacional Repsol, propietaria de la compañía desde su privatización, en 1999.
Tras la estatización, en 2015 los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park compraron a bajo costo, a un grupo de antiguos accionistas de la petrolera, el derecho a litigar contra Argentina e YPF, luego de que el Estado argentino le pagara a Repsol 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la «renacionalización» de la compañía de hidrocarburos y energías renovables».
Por ello, los ‘fondos buitre’, como se les conoce en Argentina, ahora reclaman que el Gobierno peronista tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no sólo por el 51% de la compañía, que fue lo que estatizó.
El gigante energético Repsol, con sede en Madrid, España, aprovechó el proceso de privatizaciones de compañías estatales del entonces gobierno de Carlos Menem y adquirió, en 1999, el 97,81 % de las acciones de YPF, una de las petroleras más grandes de América Latina, por 15.000 millones de dólares.
actualidad.rt.com
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