Los golpes de Estado ya no son como los de antes. Atrás quedaron las imágenes de tanques irrumpiendo en la sede del Ejecutivo para tomar el poder. En la última década, hemos visto el uso de la ley para dar golpes de Estado y el caso de Dilma Rousseff dejó en claro esta estrategia. Por eso, los poderes fácticos deben cuidarse más.
Los golpes de Estado ahora son más sutiles. Implican coordinación de diferentes actores, la prensa tiene un rol estelar, y van trabajando de a pocos hasta acorralar al gobernante de turno para forzarlo a renunciar o utilizar algún vacío constitucional para vacarlo y así, petardear la voluntad popular, tal y como sucedió en Perú. El camino solitario de mi país empezó el 7 de diciembre de 2022, aunque los preparativos empezaron mucho antes.
Al día siguiente de la segunda vuelta, empezó la tercera. Primero, fue una acusación de fraude inexistente. A los 13 meses de gobierno, el parlamento había censurado 70 ministros; las iniciativas del Ejecutivo eran bloqueadas, y Pedro Castillo había enfrentado dos intentos de vacancia gracias al uso de una figura de “incapacidad moral” contemplada en la Constitución, pero que es usada antojadizamente por la oposición. ¿Qué es incapacidad moral? Lo que sea que la oposición decida.
Para poder vacar al presidente era necesario inventar cargos y, para esto, el rol de los medios y la Fiscalía fueron claves. La prensa concentrada peruana emitía mañana, tarde y noche (hasta en programas de espectáculos), noticias negativas sobre el presidente. Muchas de ellas eran falsas y rápidamente desmentidas, pero estos medios no son muy devotos de las rectificaciones.
Pedro Castillo era representado como un burro, tratado como un incapaz que no sabía gobernar, pero también era un mafioso que, en poco tiempo, había logrado armar una red de corrupción para robar al Estado. Mientras tanto, la fiscalía abría investigaciones basadas en las denuncias y su accionar alimentaba a los medios. Así llegamos al tercer intento de vacancia.
Esta vez, Pedro Castillo –en sentido metafórico– “murió matando”. Ya sea porque creyó tener el respaldo de las Fuerzas Armadas o porque tomó la decisión por su cuenta, el 7 de diciembre, antes de la vacancia, hizo lo que el país pedía a gritos: disolver el Congreso, convocar a nuevas elecciones, así como cumplir una de sus más importantes promesas de campaña, la de convocar a una Asamblea Constituyente. Con este acto, se convirtió en el presidente más consecuente, por lo menos, de este siglo.
El arresto de Castillo despertó la ira de millones por todo el país, pero en menor medida en la racista Lima, que históricamente ha vivido de espaldas al resto del Perú. Lamentablemente, por el centralismo crónico peruano, si algo no sucede en la capital, es como si no existiera. Así que la prensa tenía concentrada la narrativa perfecta que fue rebotada por medios internacionales: Pedro Castillo está preso por intentar un golpe de Estado y, salvo por unos cuantos seguidores que salieron a protestar, el país está de acuerdo. Dina Boluarte es la legítima presidenta. Fin de la historia.
No contaron con que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su par colombiano, Gustavo Petro, casi en paralelo, iban a denunciar lo que había pasado en Perú. No fueron los únicos presidentes en hacerlo, pero junto con el líder boliviano Evo Morales, fueron las personas que más criticaron lo sucedido y rompieron con la narrativa que estaba siendo emitida al exterior por los poderes fácticos.
En los siguientes meses, fuimos testigos de innumerables tensiones diplomáticas. A mayores los abusos contra la población peruana, más fuertes las denuncias de mandatarios y líderes políticos internacionales que terminaban con el gobierno de facto peruano llamando a consulta a los embajadores de esos países.
La tensión con México llegó a otro nivel cuando se le otorgó asilo a la esposa e hijos menores del presidente Castillo. Perú procedió a declarar al embajador mexicano como persona non grata y este se fue junto con la familia presidencial. A cada respuesta de López Obrador, había una reacción diplomática de Lima.
Siguieron el retiro del embajador de Perú en México y finalmente, el parlamento peruano –que goza de tasas de aprobación de un dígito– declaró al presidente mexicano persona non grata. A lo que López Obrador respondió que era “un timbre de honor” ser declarado así por una élite política como la peruana.
La Alianza del Pacífico y la crisis peruana
En medio de la crisis de la relación bilateral había un tema pendiente: la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Colombia, México y Perú). El cargo cambia cada año y va en orden alfabético, así que le correspondía a Perú.
Como suele suceder con gobierno ilegales y/o ilegítimos, lo primero que les urge es el reconocimiento internacional. En Perú, es especialmente importante por la dependencia del mercado internacional. Terminar aislado puede resultar fatal para la ya golpeada economía del país andino, así que la presidencia rotatoria era un respaldo internacional necesario.
Cabe recordar que la crisis por la presidencia de la Alianza empieza cuando Castillo era aún presidente. El parlamento peruano se negaba a darle cualquier autorización de salida fuera del país, por lo que López Obrador decidió cancelar la reunión de entrega de cargo hasta que el mandatario peruano pudiera ir a México. Sin embargo, antes fue destituido y encarcelado.
Meses después, con Boluarte al mando, Perú reclamó la presidencia. López Obrador dijo que no podía dársela a Lima porque su administración no reconocía al Gobierno, pero se mostró dispuesto a entregársela a Colombia o Chile, para que ellos tomaran una decisión.
Debido a las tensiones con Bogotá, de donde Boluarte también retiró al embajador peruano, el único país que quedaba era Chile. Y Gabriel Boric no falló.
El mandatario chileno, siempre tan locuaz cuando se trata de Cuba o Venezuela, guardó silencio frente a Perú. Su intervención en la cumbre de la Celac para criticar a Boluarte por los asesinatos durante las protestas y la entrada de tanques a la Universidad Mayor de San Marcos, parecía indicar que también tomaría una posición crítica, pero solo hubo más silencio.
Finalmente, para destrabar el ‘impasse’ diplomático, el gobierno chileno se ofreció a recibir la presidencia ‘pro tempore’ de México y luego entregársela a Perú, hecho que casualmente sucedió (nótese el sarcasmo) cuando había una crisis de migrantes que buscaban salir de Chile, pero el Gobierno de Boluarte les cerró la frontera.
La presidencia ‘pro tempore’ que estará por llegar a Perú se ha vendido como un gran triunfo nacional y una derrota al “injerencista” de López Obrador. Probablemente, solo haga el camino solitario de Perú un poco más largo.
Para esto es necesario entender un poco de historia y la composición de la Alianza. Fue creada en 2011 por iniciativa de un fanatizado, esta vez hacia la derecha, Alan García, ante el avance del ALBA y la Celac. Se creó por un fin político disfrazado con un discurso económico y tecnocrático. Fue una Alianza concebida para frenar la tan necesitada integración de la región, que en ese momento, era promovida por mandatarios de izquierda.
Hoy en día, la Alianza se jacta de números espectaculares. Según su página web, hasta el 2019, el bloque representaba el 41 % del PIB y el 38 % de inversión directa de Latinoamérica y el Caribe. Los cuatro países concentran una población de 230 millones y cuentan con un PIB per cápita, en promedio, de 19.050 dólares estadounidenses. Lo que muchos parecen olvidar es que estos números son posibles, únicamente, porque México es parte de la Alianza. Sin este país, se vuelve totalmente intrascendente.
De continuar el gobierno de facto de Boluarte, va a ser interesante ver los malabares discursivos que tendrá que hacer para justificar que el presidente de la economía más importante de la Alianza no podrá asistir a la reunión porque no es bienvenido en Perú y, también, cómo invita al presidente colombiano luego de haber retirado al embajador peruano en ese país. Podría terminar siendo una reunión bilateral entre Boric y Boluarte.
Más parece que López Obrador se ha sacado un peso de encima. México tiene problemas más serios que lidiar con su vecino del norte. Además, se viene año electoral y estará más metido en política interna. En Colombia, donde están aplicando el mismo guión que con Castillo, Petro estará más concentrado en evitar una vacancia. En cuanto a Chile, los chilenos irán a las urnas a votar entre la Constitución de Pinochet y una escrita por la extrema derecha. La Alianza no será prioridad de nadie.
Perú tendrá la presidencia ‘pro tempore’, pero nada más. Ha aislado a México, Colombia, Bolivia, Argentina y Honduras, reaccionando histéricamente ante las críticas y denuncias por los abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares peruanas, claramente registrados.
Brasil ha reconocido a Boluarte, pero se mantiene distante y Chile no parece muy proactivo en su relación con Perú. A la presidenta de facto sólo la sostiene el apoyo de EE.UU. Me atrevo a decir que Perú nunca estuvo tan solo.
Por ahora, Boluarte está, en la práctica, aislada, pero conforme pase el tiempo, tarde o temprano, se va a tener que lidiar con Perú. El próximo año, la nación andina organizará la reunión de la APEC y los países asiáticos se manejan con lógicas muy distintas. Mientras más se demore la despolitizada y dividida sociedad peruana en sacar a este gobierno, veremos a más gobiernos reconociéndolo, por muy incómodo que sea.
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