Los organismos de represión del grupo de trabajo del gobierno federal que opera en la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima, han destruido 323 campamentos mineros y 151 balsas mineras desde el inicio del Operativo Continuo en enero. Y para desbaratar financieramente a las bandas que operaban en la región, la Operación Sisaque confiscó más de R$ 2 mil millones en bienes de los investigados.
Los resultados de las operaciones fueron anunciados por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, este jueves (22), el mismo día que el gobierno federal publicó el decreto que amplía el papel del Ministerio de Defensa, especialmente el Ejército, contra la Minería Ilegal y ante la Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional en territorio Yanomami.
“Una operación con ese monto bloqueado demuestra la fuerza de esta actividad delictiva que estamos, en este momento, combatiendo. Es diferente de lo que existía en el pasado, cuando había cierta connivencia en relación a esa práctica criminal”, dijo el ministro Flávio Dino.
Dino también presentó imágenes de satélite del Sistema Planetario de los ríos de la región, el Mucajaí, el Couto de Magalhães y el Uraricoera, todos en Roraima; y el Río Couto de Juami, en Amazonas, comparando los registros realizados en enero y mayo de este año.
Según el ministro, el cambio de color de las aguas de estos ríos demuestra la descontaminación, tras la interrupción del uso de mercurio y otros contaminantes de las minas que combate el gobierno.
“Se encarga de enfrentar un plexo criminal. Se combate la minería ilegal, el lavado de dinero y también los delitos ambientales”, dijo Dino.
En otro frente de acción contra la minería en el Territorio Indígena Yanomami, el ministro Dino recordó que el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 3025/23, que regula el comercio y transporte de oro en Brasil , según determinó el Supremo Tribunal Federal. Corte (STF). Dino dijo que el proyecto pretende regular la actividad y “prevenir nuevos descontroles en relación a la minería ilegal en la Amazonía brasileña”.
El texto enviado al Congreso prevé cuatro líneas de acción: la mejora del control por parte del sistema financiero, por ejemplo, con la exigencia de factura electrónica para la compra y venta de metales y la adquisición de oro solo a través de transferencia bancaria; control por parte de la Agencia Nacional de Minería, con la gestión del sistema de información sobre la adquisición del mineral; control por parte de agencias de seguridad y lavado de dinero, con seguimiento del oro en base a un documento de transporte y custodia; el fin de la presunción de buena fe y la posibilidad de responsabilizar a los eslabones de la cadena de compra y venta de oro, a fin de probar el origen lícito del oro negociado.
Dino entiende que el proyecto de ley debe tener prioridad en la agenda del Congreso Nacional y articula con el jefe de gobierno de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, para que el texto sea votado en agosto.
“Toda la cadena se vuelve responsable de probar el origen lícito del oro y, con eso, vamos a proteger la Amazonía brasileña, el medio ambiente, las poblaciones indígenas, a través de la aprobación de esta nueva ley”, dijo el ministro Flávio Dino.
AGENCIA BRASIL
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