Germán Calderón España
La Corte Suprema de Justicia ha publicado la lista de los 21 candidatos admitidos para ocupar el cargo de Auditor General de la República. De entre estos aspirantes, se seleccionará una terna que se enviará al Consejo de Estado para la elección final.
La convocatoria para el cargo estuvo abierta desde el martes 2 de mayo hasta las 5 p. m. del lunes 15 de mayo. A partir del 18 de julio próximo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchará las intervenciones individuales de los 21 aspirantes admitidos, con el fin de elegir a la terna que será enviada al Consejo de Estado.
Entre los 21 aspirantes se encuentra el destacado abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien ha demostrado excelencia en su trayectoria profesional. Además, figuran entre los aspirantes Javier Alfonso Alba Grimaldos, exalcalde de la localidad de Bosa en Bogotá, y Harold Andrés Cortés Laverde, actual personero de Cali.
https://twitter.com/CorteSupremaJ/status/1671623292858376193?s=20
Requisitos para aspirar al cargo de Auditor General
Para ser elegido Auditor General de la República, la ley establece que los candidatos deben tener más de 35 años y contar con un título universitario en ciencias jurídicas, económicas, humanas, financieras, administrativas o contables. Además, se requiere una experiencia profesional mínima de cinco años o experiencia docente universitaria por el mismo periodo de tiempo.
No podrán ser elegidos como Auditor General aquellos que sean o hayan sido miembros del Congreso o hayan ocupado cargos públicos, excepto en el ámbito de la docencia, durante el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrán ser elegidos aquellos que hayan sido condenados a pena de prisión por delitos comunes.
La importancia del cargo de Auditor General
La Auditoría General ha advertido sobre el despilfarro de fondos públicos en las regiones del país. En un informe presentado a finales de abril, se realizó una revisión exhaustiva de la contratación interadministrativa, que se realiza en su mayoría de manera directa y no excepcional como debería ser. Esto ha generado un desperdicio de dinero público que podría utilizarse de manera más eficiente para cubrir las necesidades de la población vulnerable.
Según el informe, se analizaron 76,785 contratos y convenios interadministrativos suscritos en el territorio entre los años 2019 y 2022. El valor registrado de estos contratos fue de 27.1 billones de pesos, de los cuales 5.42 billones de pesos no generaron ningún beneficio para los ciudadanos debido a los costos de intermediación. Esta situación debe ser una alerta para las contralorías territoriales.
Si bien no es ilegal cobrar por intermediar en la ejecución de un contrato, el problema radica en los abusos y el riesgo de otorgar contratos de manera fraudulenta.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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