En menos de 12 meses de mandato, el jefe de Estado pasó de tener amplias mayorías en el Congreso y pisar fuerte con políticas como la de Paz Total, a un escenario de incertidumbre por el resultado de las investigaciones contra su campaña y la aprobación o hundimiento de las reformas presentadas al Congreso
El 19 de junio de 2022 Colombia dio un timonazo político hacia la izquierda. Gustavo Petro y Francia Márquez fueron elegidos por más de 11 millones de personas como presidente y vicepresidenta de la República bajo la premisa de hacer profundas transformaciones políticas y sociales. Un año después, el nuevo Gobierno atraviesa varias dificultades para sacar adelante las reformas planteadas, mientras el entorno del jefe de Estado está involucrado en varios escándalos en sus primeros 10 meses de administración.
En su primer discurso como mandatario electo, aseguró que “a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra”. La oratoria tanto de Petro como de Márquez caló en las clases medias populares y en las poblaciones más jóvenes, que terminaron por darles el triunfo electoral ante Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, con un margen de diferencia de apenas superior a un 3%.
Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Foto: @LigaGobernantes, Twitter.El nuevo huésped de la Casa de Nariño recibió un país ampliamente polarizado tras hechos como el paro nacional de 2021, políticas del Gobierno anterior y escándalos como el de Centros Poblados y el desfalco en el Ocad Paz (mecanismo creado en el Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas Farc).
De entrada, conformó un gabinete amplio liderado por nombres como Cecilia López, José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria, ministros de Agricultura, Hacienda y Educación. A un año de su elección, ninguno de los tres está en el gabinete presidencial, pues a medida que pasaron los meses fue pidiendo la renuncia de cada uno de ellos para designar en esas y otras carteras a funcionarios más cercanos a sus creencias políticas y a su programa de Gobierno, ya aprobado en el Congreso en medio de polémicas por supuestos ‘micos’ denunciados por la oposición.
El impulso perdido de las mayorías y el trámite de las reformas
La primera reforma aprobada por la aplanadora conformada en el Congreso de la República fue la tributaria. La iniciativa liderada por el entonces ministro José Antonio Ocampo recibió el visto bueno de la amplia mayoría conformada por el Pacto Histórico, los partidos Liberal, Conservador, La U y la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza. En ese momento, solo Cambio Radical estaba declarado en independencia, pero más colectividades se unirían después.
El proyecto de reforma a la Ley de Orden Público, que convertía a su ambiciosa propuesta de Paz Total en política de Estado, pasó el examen en el Legislativo sin mayores trabas. Posteriormente, terminó la ‘luna de miel’ entre el presidente y la arrolladora mayoría consolidada en Cámara y Senado.
Ahora, a puertas de cumplir el primer año de Gobierno desde su posesión el 7 de agosto de 2022, las reformas a los sistemas de salud, laboral y pensional tienen un futuro incierto, pues ya no cuenta con las mayorías de los primeros meses y sumado a eso su entorno está envuelto en escándalos que han puesto en duda hasta la legitimidad de su mandato.
Ante eso, Petro decidió endurecer su discurso, advirtiendo que si esos proyectos de ley no son aprobados, se estaría desconociendo la voluntad popular que lo puso en Casa de Nariño hasta 2026. También confirmó sus amplias diferencias con la mayoría de sectores de la prensa, sus opositores en el Congreso y el fiscal General Francisco Barbosa.
Pese a ello, continuó con sus relaciones diplomáticas y resaltando logros como la baja en la tasa inflacionaria para mayo y la aprobación en el Congreso del proyecto de reforma que crea la jurisdicción agraria.
La Paz Total y sus altibajos en medio de la crisis
El proyecto bandera para pacificar el país por la salida del diálogo con diversos actores armados también ha tenido vicisitudes. Por una parte, terminó con éxito el tercer ciclo de conversaciones con el ELN y prueba de esto fueron los acuerdos de cese al fuego bilateral por seis meses y la consolidación de mecanismos para la participación civil en la mesa que será instalada en Caracas desde agosto.
En contraste, se habló de una propuesta para entregar subsidios a integrantes de esa guerrilla a cambio de dejar las armas. El hecho generó controversia al punto de que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, desmintió la discusión de tal iniciativa. “Nunca se ha hablado de ese fondo en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y lo que se ha aclarado a la opinión es que ese asunto se derivará cuando haya una fase mucho más sólida de conclusión del acuerdo de paz”, sostuvo el funcionario durante el lunes 19 de junio.
Por otra parte, el comisionado determinó la instalación de mesas de diálogo con estructuras criminales de Medellín y se espera que ocurra lo mismo en Buenaventura, donde en medio de la violencia se lleva a cabo una fase de acercamientos con Shottas y Espartanos, los dos grupos ilegales que tienen el control de ese distrito.
Con respecto a los ceses al fuego, fueron acordados con cuatro actores ilegales (Segunda Marquetalia, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Clan del Golfo y Estado Mayor Central de las Farc). Con los dos últimos la medida fue levantada ante reiterados incumplimientos evidenciados en ataques a civiles y la fuerza pública. Ahora tanto el presidente como el propio Gobierno y diversos actores sociales esperan que el anunciado con el ELN sea acatado por esa guerrilla.
Los escándalos de Laura Sarabia, Armando Benedetti y las denuncias por irregularidades en la campaña
“El Gobierno tiene que tener claro para dónde va y parece que no tiene claro para dónde va; si el Gobierno da bandazos y da señales de que un día va para un lado y otro día va para el otro, lo que hace es alimentar la incertidumbre y con incertidumbre las políticas públicas se hacen mucho más difíciles de aplicar”, manifestó en la convención bancaria nacional el expresidente Juan Manuel Santos sobre la actual administración.
En medio de las encuestas de abril y mayo que mostraron una baja en la favorabilidad de Petro, se conocieron dos escándalos: el primero derivado de una denuncia de Marelbys Meza, exempleada de la entonces jefa de Gabinete, contra quien fue la ‘mano derecha’ del jefe de Estado. Tras sus declaraciones, surgió un audio del ahora exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, en el que habló de presuntas irregularidades en la campaña presidencial.
Los dos funcionarios, ambos muy cercanos a Petro, renunciaron el 2 de junio y Benedetti, que fue clave para la elección de Petro por los votos que le consiguió en la costa atlántica, amenazó con revelar supuestas irregularidades en la financiación de su campaña, para la que dice que consiguió 15.000 millones de pesos.
A esos episodios, investigados tanto por Fiscalía como por Procuraduría, se suman las pesquisas adelantadas por el Consejo Nacional Electoral sobre el no registro de pagos a testigos electorales en ocho regiones del país. Dentro del expediente es investigado Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol.
A todo lo anterior se sumó un nuevo hecho: la muerte del coronel Oscar Dávila, asignado a la seguridad del presidente e involucrado en las interceptaciones ilegales hechas a Meza y otra mujer que trabajaba para Sarabia. Si bien la primera hipótesis fue de un suicidio, los rumores sobre un presunto asesinato crecieron con el pasar de los días. Sin embargo, el dictamen lo debe entregar Medicina Legal, y al respecto el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió a la Fiscalía entregar “con prontitud” los resultados para conocer la causa real de la muerte del uniformado.
Los escándalos alrededor de Petro lo dejaron mal parado tanto en el Legislativo como en la prensa internacional. Si bien The Washington Post afirmó que el Gobierno se “descarriló” y que esas irregularidades serán recordadas en lo que queda de mandato, indicó que podría salir bien librado de esos episodios y no descartó la posibilidad de conformar nuevamente sus mayorías para los siguientes tres años.
infobae.com
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