Gustavo Petro, el parlamentario británico Jeremy Corbyn y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. @Infopresidencia
EFE / GETTY-
Más de 370 personalidades de distintos países, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el jurista español Baltasar Garzón, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y el excandidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon, han expresado su apoyo a Gustavo Petro. Este respaldo proviene de intelectuales, políticos y líderes sindicales de izquierda de 35 países, ya que en Colombia su popularidad ha disminuido según las encuestas.
En una carta difundida este miércoles, estas personalidades denuncian que se está llevando a cabo un “golpe blando”. Consideran que los poderes tradicionales han estado organizándose para restaurar un orden caracterizado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado. La misiva menciona específicamente a la Procuraduría, encabezada por Margarita Cabello, y a la Fiscalía, liderada por Francisco Barbosa, acusándolos de perseguir activamente a los representantes del Pacto Histórico, el movimiento político de Petro. Los firmantes afirman que estos organismos están utilizando su poder institucional, junto con los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país, para detener las reformas propuestas por Petro, intimidar a sus seguidores, derrocar a sus líderes y difamar su imagen a nivel internacional.
La carta también está firmada por el expresidente colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Se mencionan varios congresistas del Pacto Histórico que están siendo investigados por la Procuraduría, entre ellos Alex Flórez, Alexander López, David Racero, Susana Gómez (conocida como Susana Boreal) y María José Pizarro, quien participó en las negociaciones del Gobierno con el ELN. Sin embargo, se hace especial énfasis en el caso del senador Wilson Arias, contra quien se ha iniciado un proceso por lo que la carta califica como el supuesto “delito” de “pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021”.
Según los firmantes, las acciones de la procuradora, a quien consideran una estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe y quien ocupó el cargo de ministra de Justicia en el gobierno anterior de Iván Duque, constituyen una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos.
La carta advierte que estos procesos pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de los congresistas, lo que dificultaría que las reformas en materia de salud, trabajo y pensiones que Petro busca impulsar en el Congreso puedan llevarse a cabo. Según los firmantes, el objetivo de esta campaña coordinada es proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que pretenden mejorar los salarios, la salud, el medio ambiente y las pensiones.
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