La carga fue hallada a bordo de un aparato de Boliviana de Aviación, la aerolínea estatal del país sudamericano, que iba con destino a España.
(La Paz, Bolivia) – Una carga de 478 kilos de cocaína a bordo de la aerolínea del “Estado plurinacional” de Bolivia, “BoA”, descubierta con destino a España, afecta las posibilidades de reelección de Luis Arce para 2025 y pone en riesgo del futuro del MAS.
El ex presidente Evo Morales, mentor de Arce, dice que el gobierno actual está controlado por el narcotráfico y niega que el MAS esté en el gobierno, mientras el ex ministro Carlos Romero asegura que ahora están a cargo del país funcionarios “de tercera”.
El opositor José Carlos Sánchez señaló que las policías de España, Brasil, Chile y Paraguay han decidido ignorar a la policía de Bolivia cuando investigan casos de cargas de droga procedentes de ese país que pasan por sus territorios, lo que consideran una condena.
Los informes del gobierno boliviano sobre los 478 kilos de cocaína encontrados en BoA han entrado en una confusión tan grande que terminan condenando al propio gobierno. Dicen, por ejemplo, que el responsable del envío de la droga en el avión de la empresa estatal es el conductor del vehículo que arrastró los carritos de la carga en el aeropuerto hasta el avión.
Cinco funcionarios de la empresa aérea fueron investigados y resulta que cuatro de ellos tenían antecedentes en actividades del narcotráfico, según dice la policía, mientras siguen las investigaciones.
Andrés Flores, diputado del MAS, de la línea de Morales, dice ahora que la elección de Arce como candidato del MAS en las elecciones de 2020 fue un error que sus seguidores tienen ahora que pagar.
Mientras tanto, el gobierno no se pronuncia sobre el asalto de las oficinas de Asamblea Permanente de los Derechos Humanos cometido por militantes del partido de gobierno que acusan a los funcionarios a cargo de esa oficina de defender solamente a “personas de derecha”. La oficina es ahora custodiada por la policía, que protege a los asaltantes y no permite el acceso de su directora, Amparo Carvajal, de 84 años, que hace vigilia en la intemperie y ahora es amenazada por grupos de choque del gobierno.
Además, el gobierno dice que los 165 militares venezolanos que llegaron a Bolivia en los últimos días para sumarse a otros cientos que estaban aquí, vinieron a cumplir propósitos “académicos”, aunque la oposición considera que se trata de refuerzos paramilitares que serán utilizados en la guerra del gobierno contra las organizaciones cívicas y empresariales de Santa Cruz.
Un informe oficial dice que el vicepresidente David Choquehuanca dio una charla a los militares venezolanos recién llegados. En su discurso ante un auditorio lleno, habló de la unidad, de poner fin al divisionismo en la región y de su filosofía del “vivir bien” y que nadie se tiene que sentir dueño de nada y de nadie. Afirmó que ya no quiere “andar por el camino del desarrollo impuesto desde la Segunda Guerra Mundial”.
“Estamos diciendo queremos volver al camino del equilibrio, queremos volver al camino de la verdad; ya no queremos caminar por ese camino que se llama desarrollo y nos han impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, entonces nos convertiremos en piedra y después de 500 años volveremos a hablar. Desde el sur del continente emergerán, vigorosos, los guerreros del arcoíris para devolver la armonía al planeta”.
En el evento, dice el informe del gobierno boliviano, los jefes militares venezolanos otorgaron reconocimientos a David Choquehuanca, y posaron para las fotos de la posteridad, lanzando vítores para Bolivia y Venezuela.
Antonio Sanabria, economista crítico de la actual gestión, asegura que el gobierno se propone lanzar una lucha directa contra el “modelo cruceño” de desarrollo económico porque lo considera un obstáculo para el proyecto de implantar el socialismo en Bolivia.
En el informe de la Fundación Heritage sobre libertad económica, Bolivia figura en los últimos lugares, sólo mejor, en la región, que Cuba y Venezuela.
Medio centenar de empresarios de Santa Cruz han sido llamados a declarar en el caso del “banco Fassil”, cerrado a mediados de mayo por el gobierno con el argumento de que estaba incumpliendo con los deudores y que era insolvente.
Pero eso ha provocado desde ese momento que todos los bancos de Bolivia hayan quedado en una situación incómoda, de insolvencia, porque no pueden devolver a los ahorristas los dólares que depositaron.
El Banco Central asegura que la demanda de dólares se está reduciendo, pero no pone fin a la escasez de esa moneda en el mercado, mientras sigue insuficiente la provisión de diésel en Santa Cruz, donde se produce 74% de los alimentos de los bolivianos.
Por Humberto Vacaflor Ganam / INFOBAE
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